Las querellas de la Fiscalía contra el Govern y la Mesa del Parlament comportan penas de cárcel
La Fiscalía ya ordenó a los Mossos que impidan el 1-O. También insta a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos a abrir atestados contra autoridades o funcionarios de Cataluña que incumplan la suspensión del referéndum aprobado por el Parlament y declarado ilegal por el Constitucional.
Las querellas de la Fiscalía del Estado contra el Govern y la Mesa del Parlament comportan penas de cárcel. De hecho, la Fiscalía acusa al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de desobediencia, prevaricación y malversación. El ministerio público pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordene el cierre de páginas web del referéndum y que prohíba a los medios insertar publicidad del 1-O.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se ha propuesto velar por el cumplimiento del mandato dado este jueves por el Tribunal Constitucional a más de un millar de alcaldes y cargos de la Generalitat para que impidan cualquier actuación encaminada a la celebración del referéndum del 1 de octubre.
En un oficio a la Fiscalía Superior de Catalunya ordena a los responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra abrir un atestado e intervenir cualquier objeto de delito "ante cualquier actuación de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores, dirigida a la organización del referéndum".
Según el oficio, al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, la instrucción también será remitida a los máximos responsables de los tres cuerpos policiales en cada provincia con el mismo objetivo. Cuando los fiscales jefes provinciales y el fiscal superior tengan a su disposición los atestados o "tengan conocimiento por cualquier otra vía de actos dirigidos a organizar el referéndum procederán a la incoación de las correspondientes de investigación y a la formulación de denuncia o querella ante el órgano jurisdiccional competente.
El escrito sostiene que ante la notoriedad de la prohibición de los actos de organización del referéndum, acordada anoche por el alto tribunal, "cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin" sea considerada "indiciariamente constitutiva al menos de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos".
La Fiscalía explica que los pronunciamientos del Constitucional, "reiterados de forma clara y sin fisuras, públicos y difundidos, dada su evidente trascendencia, a través de todos los medios de comunicación, permite afirmar que la falta de competencia de Cataluña para convocar consultas, incluso no referendarias (...), es un hecho notorio e , indudablemente, de conocimiento indiscutible para todos aquellos que ostentan alguna responsabilidad pública". De ahí que "quede fuera de toda duda la ilegalidad" de cualquier acto dirigido a la celebración del referéndum.
El presidente Carles Puigdemont ha contestado ya este viernes a la admisión de la querella: "Os encontraréis una carrera de obstáculos por parte de los que dicen que están dispuestos a ir a fiscalías, utilizar les cloacas del Estado y a los medios de comunicación. Pero no escatimaremos ningún recurso para que todos puedan votar. Arriesgamos mucho, pero iremos hasta el final".
