¿Por qué el Tribunal de Cuentas exige 5,4 millones a los líderes del procés?

Las cantidades individuales reclamadas por el Tribunal de Cuentas a los líderes del procés. / MUNDIARIO.
Las cantidades individuales reclamadas por el Tribunal de Cuentas a los líderes del procés. / MUNDIARIO.

El expediente de liquidación afecta a 39 ex altos cargos por el desvío de fondos públicos para la promoción internacional del proyecto de ruptura con España entre 2011 y 2017.

¿Por qué el Tribunal de Cuentas exige 5,4 millones a los líderes del procés?

El Tribunal de Cuentas ha fijado provisionalmente en un total de 5.422.879,48 euros la cuenta que deberán pagar 39 ex altos cargos de Cataluña por los gastos vinculados al 'procés’. El expediente de liquidación alcanza a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como al exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva y Jordi Turull, entre otros, por el presunto desvío de fondos públicos para la promoción internacional del proyecto de ruptura con España entre 2011 y 2017.

El acta de liquidación provisional detalla que el importe se corresponde con los gastos de las denominadas ‘embajadas catalanas’, el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (conocido como Diplocat) y a los costos del referéndum unilateral del 1-O

Del importe total, 5.151.156 euros corresponden al principal y otros 271.723,48 euros a intereses calculados desde el 28 de marzo de 2019: el periodo comprendido entre la fecha de aprobación del informe de fiscalización por parte del Pleno del Tribunal de Cuentas y el acto de liquidación (este martes). 

Los líderes del procés tendrán que responder al total de forma solidaria

Los líderes del procés tendrán que responder al total de forma solidaria, aunque a cada uno se le reclama una cantidad individual en base a su actuación y el tiempo que estuvo en el cargo. El Tribunal entiende que en un concepto de gasto indebido, la responsabilidad recae sobre el conjunto de funcionarios de la Administración catalana, lo que en la práctica abre la puerta a que el importe total sea exigido a cualquiera de los causantes del daño, y que este pueda reclamar posteriormente la parte correspondiente al resto. 

La mayor deuda recae sobre al exsecretario general de Diplocat, Albert Royo, con 3,6 millones de euros, seguido por la de la que fue la interventora general de la Generalitat: Mireia Vidal, con 3,16 millones más intereses. Por su parte, el expresidente Artur Mas, cuya presidencia -entre 2010 y 2016-, engloba casi todo el período investigado, la cuota alcanza los 2,8 millones. Mas ya había sido condenado al reintegro de 4.988.620 euros por la organización de la consulta del 9-N de 2014, pero aquella sentencia del Tribunal de Cuentas se encuentra recurrida ante el Supremo. 

En el caso del expresidente Carles Puigdemont, fugado de la justicia española desde hace casi cuatro años; y del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, indultado la semana pasada por el Gobierno, las cuotas alcanzan los 1.981.454,47 y 1.969.154,51 millones, respectivamente. 

Las cantidades individuales reclamadas por el Tribunal de Cuentas a los líderes del procés. / MUNDIARIO.

Las actividades desarrolladas para la promoción exterior del procés

En concreto, el acta de liquidación provisional concentra en 31 capítulos las actividades desarrolladas por la Generalitat para la promoción exterior del procés.  En el expediente figuran, por ejemplo, gastos por 317.790 euros para viajes al exterior que hicieron Puigdemont y sus consellers; 27.189 euros por actividades relacionadas con el proceso de autodeterminación; más de 3.863 euros de un “encuentro de delegados”; 21.175 euros por el concepto “contratos”; 3.222 euros por el uso de locales en el extranjero de Diplocat; así como gestiones relacionadas con el procés en numerosos países: las sedes en Reino Unido, EE UU, Francia, Ginebra (Suiza), Polonia o Alemania suman cantidades que oscilan entre los 32.844 euros y los 261.581 euros. 

Con relación a las actividades de promoción del proceso independentista, el Tribunal de Cuentas consigna principalmente actividades parlamentarias, académicas, culturales y deportivas, con valores que ascienden a 451.487 euros. Asimismo, se tiene registro de otros 152.578 euros destinados a debates europeos y “observación electoral”.

“La causa y el objeto verdadero de la contratación fue financiar el desarrollo de un acto ilegal el cual fue la consulta promovida por el Gobierno de la Generalitat catalana, y, en concreto, hacer frente a los gastos y honorarios percibidos por el denominado grupo de observadores electorales”, han concluido los instructores del informe en relación con el referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017. @mundiario 


 

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