La pugna entre el Gobierno y los ayuntamientos por el empleo de 10.000 millones de superávit
La cuerda se tensa entre el Gobierno y los Ayuntamientos en medio de la pandemia y el plan de desescalada del confinamiento. Por un lado, el Gobierno se resiste a que los Ayuntamientos y el resto de entidades locales, como las diputaciones y cabildos, puedan emplear los más de 10.000 millones de euros de superávit y remanentes que han acumulado en los últimos años en la desescalada de la crisis del coronavirus y la reconstrucción económica y social del país.
No obstante, los ayuntamientos reclaman desde hace años que se relaje la Ley de Estabilidad, que controla el déficit de las administraciones públicas. En esa línea, la exigencia de los alcaldes, que encabeza el socialista Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y regidor de Vigo, requiere la autorización del Ejecutivo.
El portavoz argumenta su solicitud en los planes que quieren ejecutar, tras superar el coronavirus. Proponen invertir el 100% de los superávits y remanentes, que consideran son sus ahorros. La solicitud la reiteró este jueves Caballero tras la reunión que mantuvo con Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Salvador Illa, ministro de Sanidad; y Carolina Darias, ministra de Política Territorial. En ese encuentro, se definió la creación de un foro de trabajo permanente con el Gobierno para abordar el proceso de desescalada; aún cuando la petición económica, de Abel Caballero a Pedro Sánchez no es nueva.
Por su parte, el Gobierno no se cierra en banda mientras gana tiempo ante la dimensión de la solicitud, que equivale a un punto del PIB. El Gobierno aprobó el 17 de marzo, tres días después de la publicación del real decreto de estado de alarma en el Boletín Oficial del Estado, la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos pudiesen invertir un máximo de 300 millones de euros de su superávit en partidas sociales.
Ahora bien, la emergencia sanitaria y su incalculable impacto económico y social han forzado a la Unión Europea a renunciar a la doctrina económica de austeridad con la que respondió a la Gran Recesión de 2008. Igualmente la Comisión Europea suspendió en marzo el Pacto de Estabilidad. De esta manera los países más afectados por la pandemia, como España e Italia, podrán aumentar el gasto para hacer frente a la Covid-19. Caballero destaca el ahorro en la emisión de deuda que supondría que los ayuntamientos pudiesen recurrir a sus fondos y apuesta por el visto bueno de Sánchez para avanzar. @mundiario
