¿Puede permanecer indiferente la comunidad internacional ante la hostilidad de Trump hacia Cuba?

EE UU ha mostrado durante 60 años una incapacidad pasmosa para encontrar una salida honorable al atolladero en que se metió con su política de hostigamiento hacia Cuba. El único momento prometedor, la Presidencia de Obama, se esfumó en cuanto Donald Trump aterrizó en la Casa Blanca y optó por el business as usual. Trump no sólo ha limitado los viajes de los norteamericanos y el envío de remesas familiares, sino que, yendo más lejos que todos los presidentes anteriores, puso en vigor el Título III de la Ley Helms-Burton con efectos extraterritoriales sobre empresas europeas y latinoamericanas que invierten en la isla. ¿Ha llegado la hora de que el resto de la comunidad internacional se ocupe más activamente de atinar con una solución para esta herencia de la “Guerra Fría”?

La respuesta, si tenemos en cuenta la situación crítica de la economía cubana y su impacto en la población y, por otra parte, los propósitos reformistas del gobierno de la isla, sólo puede ser afirmativa. La comunidad internacional debe facilitar las cosas y ayudar a encontrar una salida honrosa para el pueblo cubano; y esto significa apoyar el desarrollo económico, social y medioambiental de Cuba y ejercer presión para que futuras administraciones norteamericanas más sensatas que la de Trump comiencen a normalizar las relaciones con la isla.

Una economía en desarrollo como la cubana, sometida al acoso de la superpotencia, necesita colaboración externa para salir adelante. Cuba es muy dependiente de la disponibilidad de divisas para poder importar bienes esenciales para la población -alimentos, medicamentos…- e insumos para los procesos productivos -materias primas, maquinaria, petróleo…-; y esa disponibilidad de divisas depende crucialmente de las exportaciones, el turismo y la financiación externa que puede llegar en forma de remesas, inversión extranjera, acceso al crédito internacional y cooperación internacional. Pero EE UU, ahora que Cuba padece los recortes de la cooperación venezolana y sufre de un acceso restringido al crédito externo, trata de afectar al resto de fuentes de financiación: al turismo, con la prohibición reciente de los cruceros a Cuba -el daño, aunque las empresas navieras se quedan con la “parte de león”, además de contaminar los mares, es indudable -; las remesas, limitando los montos que pueden enviarse; y a la inversión extranjera, con el Título III de la Helms-Burton. Por eso es necesario que el resto de la comunidad internacional reaccione, defienda sus inversiones y apoye las medidas de reforma aprobadas en la isla.

En un análisis reciente hemos comentado el estancamiento económico que atraviesa Cuba y sus causas, que incluyen el hostigamiento estadounidense, la dramática situación de Venezuela, que ha reducido a la mitad sus relaciones de cooperación privilegiadas con la isla, y la lentitud del gobierno cubano en la adopción de medidas que busquen una economía más abierta, eficiente y competitiva. Un segundo artículo profundizó en esas medidas y concluyó que van en buena dirección, aunque los resultados dependerán de si la dirigencia cubana se deja de ambigüedades y titubeos, y de escudarse en las dificultades -innegables- que genera el acoso norteamericano, y las aplica con decisión. Respecto al resto del mundo, ¿qué puede hacer para apoyar el proceso de cambios, favorecer el crecimiento y mejorar el bienestar de la población?

¿Por qué involucrarse en el diferendo que enfrenta a Cuba con EE UU?

Antes de seguir, tiene sentido preguntarse: ¿por qué habría de involucrarse el resto de la comunidad internacional en algo que enfrenta a Washington y La Habana? Bueno, en primer lugar, por responsabilidad internacional. Algo hay que hacer si EEUU, cegado por unos anteojos imperialistas arcaicos, no es capaz de modificar sus malbaratadas relaciones con la isla ni poner fin al perjuicio que suponen para su población. El hecho de que la superpotencia pierda por unanimidad año tras año la votación contra el embargo en la Asamblea General de Naciones Unidas -con la excepción de Israel- bien ilustra la situación.

Pero además, la comunidad internacional debe velar por sus propios intereses. Veamos por ejemplo algunos datos referidos a España: en Cuba, 150 mil personas tienen la nacionalidad española, muchas de ellas por descender de emigrantes; el 65% de las 70 mil plazas hoteleras están gestionadas por cadenas internacionales, correspondiendo la mitad de ellas a empresas españolas -ocho de las nueve primeras cadenas presentes en la isla son de esa nacionalidad-. Sólo el grupo Meliá gestiona 34 hoteles y 15.000 habitaciones, y en la isla están también Iberostar, Barceló, NH, Blau, Globalia…; además, las empresas españolas venden cada año cerca de mil millones de euros de productos a Cuba, y España es uno de sus cinco mayores socios comerciales, junto a Canadá, China, Venezuela y Brasil; y, en fin, la inversión española en Cuba ascendió a 371 millones de euros en 2016 -último dato disponible-. A ello hay que añadir la deuda externa que Cuba tiene con España: aunque La Habana renegoció con éxito 11.100 millones de dólares de deuda con 14 de los 20 acreedores miembros del Club de París, entre ellos España, quedan por desembolsar 2.600 millones a estos acreedores. Y para pagar esa deuda la economía cubana necesita despegar. Estos son los intereses españoles en la isla que hay que explicitar y que hay que amparar con más fuerza que la que EE UU pone en defender los suyos, al cabo, contrarios al derecho internacional. Otros muchos países, como Canadá y México en el Continente americano, o Francia y Reino Unido en la Unión Europea, cuentan también con inversiones nada desdeñables y otros intereses económicos en la isla.

Medidas de apoyo que podría tomar la comunidad internacional

Lo anterior nos lleva a la primera medida que los países occidentales, sobre todo, la Unión Europea, Canadá y México deben tomar para apoyar a Cuba y proteger a la vez sus propios intereses: la oposición decidida a los efectos extraterritoriales de la Ley Helms-Burton que atenta contra sus inversiones en la isla. La Unión Europea anunció dos tipos de acciones: por un lado, denunciar ante la Organización Mundial de Comercio los efectos extraterritoriales de esa Ley, para que EE UU se vea obligado a retirarla. Por otro, la consideración de medidas “cortafuegos” o “leyes antídoto” que permitan a las empresas europeas perjudicadas resarcirse, incluso a través de la afectación de activos a empresas norteamericanas radicadas en Europa. Puesto que el Título III ya entró en vigor el pasado mayo, se trata ahora, una vez anunciados los propósitos comunitarios, de que se lleven a cabo con decisión y rapidez.

La segunda medida, también en apoyo de la inversión extranjera en Cuba, ha sido tomada ya por países como España y Francia. Se contempló en los programas de reconversión de la deuda externa cubana y consiste en reducirla a cambio de la constitución de un “Fondo contravalor” en moneda nacional que los inversores extranjeros pueden utilizar para cubrir parte de los gastos de sus proyectos de inversión -lo que los economistas denominan “swaps de deuda por inversión”-. Cuba ha creado con España dos swaps que suman en total 415 millones de euros, un buen incentivo para los inversores en aquel país. Por cierto, sería muy aconsejable que una parte se destinara a energías renovables, pues se reducirían la dependencia cubana del petróleo y las emisiones de CO2.  Y a propósito de la deuda externa, es posible que Cuba se vea obligada a pedir una nueva reestructuración, ya que las condiciones en las que la actual fue pactada no contaron con la vuelta a las andadas de la Administración Trump ni con sus repercusiones en la disponibilidad de divisas.

La tercera medida de apoyo a la economía cubana y a su proceso de reformas debería focalizarse en las micro, pequeñas y medianas empresas privadas contempladas en la nueva Constitución y en los documentos aprobados por el Partido Comunista Cubano y la Asamblea Nacional - todavía pendientes de desarrollo normativo-. Los instrumentos de cooperación financiera de que disponen los países europeos, muchos de ellos con instituciones especializadas en este tipo de operaciones, lo permiten. Por ejemplo, España cuenta con un Fondo de Promoción para el Desarrollo (FONPRODE) que contempla otorgar préstamos, créditos y líneas de crédito a entidades financieras locales para la concesión de microcréditos y préstamos, créditos, líneas de crédito y otros servicios financieros a pequeñas y medianas empresas. Esta cooperación financiera apoyaría el desarrollo del sector privado cubano, lo que está en línea con los propósitos de cambio de las autoridades cubanas y con el funcionamiento de las economías sociales de mercado europeas.

La comunidad internacional podría, además, facilitar apoyo técnico en áreas clave para el desarrollo económico y la modernización de las administraciones públicas cubanas. Algunos ejemplos: la puesta en marcha de un sistema tributario eficaz que reduzca las desigualdades que puedan generarse en el proceso de cambios podría inspirarse en la experiencia uruguaya de los gobiernos del Frente Amplio, que lograron una reforma fiscal bastante exitosa; la utilización productiva de las remesas -con inversiones en la mejora de viviendas o la creación de MIPYMES, entre otras- podría buscar su fuente de inspiración en México y otros países latinoamericanos que ya han transitado ese camino; el apoyo al cooperativismo no agrícola, de creación reciente y con potencialidades ciertas, podría aprovechar la experiencia del grupo vasco de Mondragón, compuesto por casi 100 cooperativas dedicadas a la industria, distribución, finanzas e innovación y con una plantilla de 80 mil personas; y, en fin, la descentralización territorial que plantea la nueva Constitución cubana y que requiere de una nueva gestión en las administraciones públicas provinciales y municipales puede encontrar apoyo en la vasta experiencia de la cooperación española en este terreno. En algunos casos podría utilizarse la llamada “cooperación triangular”, con la participación de países europeos y latinoamericanos en un apoyo conjunto a Cuba.

Por último, es posible que Cuba requiera en algún momento del apoyo de determinadas instituciones financieras internacionales, como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para contar con recursos financieros adicionales para la inversión pública o privada e, incluso, del Fondo Monetario Internacional (FMI), para resolver con más facilidad el problema de la unificación de la moneda ya que se necesitará no sólo contar con los recursos que permitan la conversión de las monedas actuales -cup y cuc- a la nueva, sino también con los requeridos para otorgar un respaldo inicial creíble a esa nueva moneda frente a la especulación que pudiera desatarse contra ella y en favor de divisas fuertes. Aunque un acuerdo entre Cuba y el FMI parezca ahora inviable -el Gobierno norteamericano seguramente lo boicotearía- podría proponerse en un futuro cercano y, en ese caso, los países occidentales deberían apoyarlo sin reservas. @mundiario

Fidel Castro tomó el poder en enero de 1959.

De la esperanza a las limitaciones

La población cubana se lanzó valientemente en 1959 a transformar su país para revertir las desigualdades sociales, la discriminación racial, la pobreza del campesinado y la sumisión a los EE UU. Escribió una epopeya admirable contra la dictadura de Batista y la tutela norteamericana, consiguió notables avances sociales y conquistó la soberanía y dignidad nacional. El orgullo que sienten los protagonistas de aquellos hechos históricos merece todo respeto. Con el paso de los años, la revolución mostró también sus limitaciones, especialmente en el campo económico -aunque otros episodios como la persecución a homosexuales y lesbianas en los años 60 y 70 fueron lamentables-. La dirigencia cubana decidió entonces seguir lo que está escrito en el frontispicio del salón de actos de la Universidad de La Habana: “De sabios es equivocarse y de necios persistir en el error”. Comenzó así un proceso de cambios en la década de los 90, que se aceleraron cuando Raúl Castro sustituyó a Fidel en el liderazgo del país, aunque todavía resulten insuficientes. Por el contrario, EEUU sigue obstinado en una política desalmada y ya trasnochada. El resto de la comunidad internacional debe involucrarse más activamente, apoyar las reformas en Cuba y tratar de que EE UU abandone de una vez y para siempre su necedad.

Muchas personas deseamos que la ciudadanía cubana pueda disfrutar de una ampliación de sus libertades individuales, junto a los derechos colectivos que ya posee, incluyendo la libertad de disentir. Pero esto sucederá cuando en la isla así se decida, y no cuando lo pretenda algún gobierno extranjero a través de amenazas y sanciones. Sobre todo si ese gobierno es el estadounidense, con unos abominables antecedentes -¿hace falta recordar la Enmienda Platt?- que tan poco confiable lo hacen respecto a sus verdaderas intenciones. @mundiario