¿Qué estatuto ofrece Sánchez a Cataluña dentro de la Constitución?

Pedro Sánchez propone que los españoles con vecindad civil en Cataluña (eso son jurídicamente los catalanes) voten un nuevo Estatuto. Lo que no nos adelante es que contenidos nuevos sobre el vigente puede tener ese estatuto sobre el actual y, en todo caso, cómo va a incluir las posibles novedades dentro de las costuras de la Constitución para no repetir la historia del 2006, aunque esperamos que no caiga aquello de Zapatero de “apoyaré el Estatut que mande el Parlamento de Cataluña” o “El concepto de nación es discutible o discutible”; si bien ya hizo suya aquella afirmación de  aquél, en el sentido de que “España es una nación de naciones”.

Nadie puede discutir a Sánchez que no haya preparado el terreno bien para entenderse con quienes le proporcionaron votos imprescindibles para subirse al Falcon. Ha colocado a la compañera Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en aquella región, en tándem con la ministra para la Administración Territorial Meritxell Batet, ambas partidarias de que los catalanes ejerzan el “derecho a decidir”, es decir, el de autodeterminación, en contra de la disciplina de voto del PSOE, cuando se trató este asunto en el Parlamento. Por lo tanto, son dos aliadas más que otra cosa de Torra y los suyos.

Un día tras otro, el vicario de Puigdemont y su gente, Torra, advierten al que consideran “débil gobierno de España” que no tienen otra meta que la secesión, en forma de república, y la libertad de los presos política, pero entra tanto se conforman con más dinero para ir proveyendo sus nuevas embajadas y la nómina de los rebeldes, para ellos patriotas, encaramados en la nómina de la Generalitat.

En el mejor de los casos para Sánchez, los menos radicales entre los independentistas aceptarían la reposición, como paso intermedio hacia el objetivo final, lo que Zapatero les obsequió en su día: más dinero, más competencias, menos Estado y una especie de pequeña soberanía, desplazando al Estado de competencias esenciales y no compartidas.

Aunque se ha dicho de broma que Sánchez promete superar a Zapatero en alguna de sus más polémicas decisiones, determinados hechos parecen confirmarlo. Este último quiso hacerle un favor a su amigo Maragall para enmarcar su gestión en un nuevo espacio de relaciones con el Estado. Que aquel asunto no era una prioridad de los catalanes lo demuestra: Cuando se puso a votación mediante referéndum el Estatuto de 2006 la abstención fue del 51,5 por ciento; es decir, la mayoría de los 5.310.103 votantes. Del 48,85 que se pronunciaron, el 73,24 por ciento lo hizo a favor. Si sumamos los 533.742 que votaron en contra y lo sumamos a los 2.715.936 que ni siquiera votaron, los resultados confirman que el asunto no parecía tener especial interés para la mayoría. Y pese a ello, la reforma del Constitucional se consideró un grave agravio al pueblo de Cataluña. ¿A cuál? Y los interesados volvieron a sacar el viejo y repetido soniquete de su memorial de agravios que llevan dos siglos explotando.

Pero podemos recordar ahora que cuando se votó la Constitución de 1978, la media de apoyo superó en Cataluña al resto de España menos en Murcia: mientras que en el conjunto del país, aquel 6 de diciembre de 1978 el asentimiento de la nación fue del  88,5, los catalanes aprobaron la Constitución en un 90,46 por ciento.

Y no conviene olvidar que Zapatero preparó el terreno para el proceso que vivimos, cuando retiró del Código Penal el delito de convocatoria de referendos ilegales. La historia, con la adecuada perspectiva, recordará que fue precisamente el desencadenante del proceso que vivimos por sus repetidas frivolidades y errores.

Torra le ha repetido a Sánchez que su objetivo no ha cambiado.

Conviene recordar ahora que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre aquel larguísimo Estatuto sólo anuló 14 de los 223 artículos de aquel texto que dotaban a Cataluña de poder judicial propio, que relegaban en castellano a lengua secundaria o que bloqueaban la posibilidad de que el Estado pudiera legislar para aquel territorio, como para el resto de España sobre competencias no cedidas o compartidas. Es decir, se borra de facto la presencia del Estado en aquella región.

Las nuevas ocurrencias de Sánchez

Para devolver a los independentistas el espacio perdido, Pedro Sánchez y su gobierno han ido ensayando diversas ocurrencias. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha llegado a sugerir recuperar mediante leyes orgánicas los aspectos desmontado por el Constitucional del Estatut de 2006. Ante tal disparate, el profesor Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional logró, con un mero comentario que el PSOE, al menos por ahora, vuelva grupas y se haya sacado de la manga lo del nuevo Estatut. El profesor Flores ha explicado, por si alguien lo ignora, que las leyes orgánicas no son supraconstitucionales o equivalentes a la Constitución, la vía pretendida era una burla y un fraude de la ley; es decir, un modo de aumentar las competencias de Cataluña a costa de las del Estado, evitando los riesgos de la reforma del Estatuto o la propia reforma de la Constitución.

Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, ha dicho que la ocurrencia de reponer lo anulado mediante leyes orgánicas sería inconstitucional. Las leyes orgánicas se aprueban con una mayoría absoluta en el Congreso, los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas específicas que deben obtener mayoría en el parlamento autonómico, en las Cortes Generales y ser sometidas a referéndum.  En el mismo sentido, Antonio Torres del Moral, catedrático en Derecho Constitucional de la UNED, que considera un disparatado que un grupo parlamentario intente sortear la sentencia del Tribunal Constitucional.  Pero en eso anda el actual inquilino de la Moncloa.

Más, Zapatero y Durán y Lleida.

Además, lo de las leyes orgánicas es un viaje con retorno.  Pueden aprobarlas, y el Tribunal Constitucional puede volver a anularlas de nuevo. Pero es que en el Estatut había una trampa mortal: El Consejo General del Poder Judicial es el gran baluarte final para que, en Cataluña, junto con el Constitucional, se cumpla la ley. Como dice el profesor Flores, la idea de un poder judicial propio “es absolutamente absurda y por otra parte absolutamente suicida”.  Y añade “El Poder Judicial es quien ha evitado la segregación de Cataluña. Si hubiesen tenido un Poder Judicial propio habría sido colonizado por los partidos y el proceso secesionista”..

Los 14 artículos derribados por el TC fueron aprobados por el Parlament Catalán y por el Congreso de loa Diputados, tras una sesión de seis horas. El resultado: 189 votos a favor (PSOE, CiU, PNV, IU-ICV, CC-NC y BNG), 154 en contra (PP, ERC y EA) y dos abstenciones (Chunta y Nafarroa-Bai). Y allí estaban un sistema judicial independiente, la lengua catalana como primer idioma, Cataluña entendida como nación y competencias financieras propias.

¿Quiere el PSOE reponer todo esto? A Sánchez le queda una vía para desmontar la ya escasa presencia del Estado en Cataluña: utilizar la vía del Artículo 150.2 de la Carta Magna, que se refiere a la Ley Orgánica de Transferencia o Delegación de competencias susceptibles de transferencia por su naturaleza, según la ley y ya se utilizó con leyes orgánicas en Canarias y Valencia. Pero, como advierte el profesor Torres del Mora, ¡cuidado! porque hay aspectos en los que Cataluña carece de competencias.

Pero lo más insólito de este proceso es que sea un partido socialista o que se dice socialista el que esté dispuesto a tales concesiones en contra de lo que supone debería ser su propio ideario o principios.@mundiario