El PSOE y Unidas Podemos actúan como dos socios descoordinados
Lo que más necesita el Ejecutivo son acuerdos. La extrema izquierda no se lleva del todo bien con la centro-izquierda o el sector moderado del socialismo español dentro del Gobierno. Una vez más, otro desacuerdo ha surgido en el seno de la coalición que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez, quien tuvo que aliarse con un actor político representante de la agenda más populista en el proyecto del neocomunismo europeo; Pablo Iglesias. Ahora, un dilema constitucional sobre la reforma al Código Penal y su relación con la libertad de expresión vuelve a poner en desacuerdo al Ejecutivo, compuesto por el binomio PSOE-Unidas Podemos (la alianza de partidos de la extrema izquierda).
”Nosotros no hacemos oposición al Gobierno”, se defendió este martes Enrique Santiago, portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso y dirigente de Izquierda Unida. Así, uno de los principales representantes del socialismo en el poder legislativo desmarcó a su partido de cualquier responsabilidad en la falta de consensos que prima con frecuencia en la gestión del Ejecutivo cuando se trata de decisiones clave analizadas entre el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente segundo Pablo Iglesias.
Santiago se justifica y asegura que lo hizo para “sostener que en el caso de su propuesta para reformar en el Código Penal algunos artículos sobre el delito de enaltecimiento del terrorismo o de ultraje a la Corona su formación sí había cumplido escrupulosamente el protocolo de coordinación”, acordado a finales de enero en una reunión discreta con su socio de Gobierno, el PSOE. Por lo tanto, aunque la formación de Pablo Iglesias se apega a la formalidad administrativa del proceso, el ala moderada de Sánchez prefiere la cautela y esperará a obtener los votos necesarios en el Congreso sin cantar victoria antes de tiempo.
Pero más de una jornada de diálogo hará falta para que los dos partidos logren un consenso a fin de evitar que uno de ellos domine de forma unilateral algunas iniciativas legales y parlamentarias sin el aval de su cogobernante. La prioridad en este momento es que el PSOE y Podemos concuerden en los delitos que deberán ser revisados en el proyecto de reforma al Código Penal, pues el segundo exige la derogación de las penas al enaltecimiento al terrorismo y las injurias contra la Corona, mientras que el primero aún no toma posición firme sobre ese planteamiento.
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Ambas fuerzas políticas comenzaron a distanciarse en la agenda de Gobierno tras la aprobación en diciembre del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, que debería haber dado estabilidad al Ejecutivo, pero Podemos exigía un aumento de la liquidez y fondos en ayudas sociales por encima de las propuestas del PSOE. La justificación ahora es la incierta campaña electoral catalana, sobre la cual la coalición en La Moncloa no termina de ponerse de acuerdo rumbo a las negociaciones con los independentistas cuando haya un nuevo Gobierno autonómico en Cataluña. @mundiario
