La propuesta de Feijóo: el PP pide que la lista más votada gobierne los ayuntamientos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado un plan de 60 medidas para “regenerar” y acabar con “el nepotismo, opacidad y arbitrariedad” de la “deriva” del Gobierno del presidente Pedro Sánchez. Entre ellas, la propuesta que más salta a la escena mediática es la de reformar la ley orgánica para que la lista más votada en las elecciones municipales sea la que gobierne los Ayuntamientos, independientemente de si el pleno lo concibe o no.

Feijóo ha presentado su “plan de calidad institucional” en el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz. Desde allí, ha puesto su proyecto a disposición del Gobierno por si quiere implementarlo. Sin embargo, se ha comprometido a que, si llega a resultar ganador de las elecciones generales de diciembre de este año, y además si llega a gobernar, entonces se pondrá manos a la obra para echar a andar su propuesta en sus primeros 100 días al frente del Gobierno.

La principal iniciativa es una reforma del artículo 180 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), para garantizar que sea electo alcalde o alcaldesa el candidato que haya recibido el mayor número de votos, para garantizar la gobernabilidad de la lista más votada. Hoy en día, España difiere de muchos países (especialmente los hispanoamericanos), pues, aunque un partido consiga ganar las elecciones, no es seguro que podrá gobernar si el pleno municipal no le presta su apoyo.

“Esta reforma garantizará que el Gobierno local no tenga que someter al pleno asuntos de naturaleza gestora, lo que deberá complementarse de un estatuto de la oposición para que no se menoscabe la labor de control al Ejecutivo local”, sostiene el escrito de los populares.

Las medidas de la propuesta de Feijóo

La mayoría de las nuevas iniciativas ya habían sido anunciadas por el PP previamente. Una de ellas es modificar el reglamento de las Cortes para evitar que se introduzcan “enmiendas intrusas” que no guarden relación con la ley sometida a modificaciones, como las enmiendas que introdujo el PSOE para modificar el sistema de elección de magistrados del Consejo General del Poder Judicial (GCPJ) y el Tribunal Constitucional en la reforma del Código Penal. Los populares también plantean que las proposiciones de ley necesiten informes preceptivos del órgano de control de los jueces y del Consejo Fiscal.

El plan incluye que exista un registro de viajes con el Falcon, el Airbus A310, y el helicóptero Super Puma a cargo de los funcionarios del Gobierno. También promete solventar las rebajas de penas contra los violadores tras la implementación de la Ley del solo sí es sí, que se ha comprometido a reformar. En el primer epígrafe del texto, el PP habla de “proteger la Constitución e integridad territorial del Estado” y aboga por recuperar el delito de la sedición, dejar sin efecto la reforma de la malversación y tipificar como delito un referéndum ilegal.

En el segundo punto, prometen “garantizar las funciones del Poder Legislativo y la calidad de las leyes”. En este epígrafe los populares se comprometen a limitar el recurso parlamentario del real decreto ley, regular la periodicidad del Debate del Estado de la Nación y crear una “oficina de calidad democrática”.

El tercer epígrafe versa de la polémica garantía de permitir a las listas más votadas gobernar. A pesar que desde Génova defienden que es una postura que han impulsado desde hace tiempo (e incluso extenderla hasta las autonomías y el Gobierno central), el PP sí ha optado en el pasado por hacer pactos con Ciudadanos y Vox para evitar que el PSOE gobernara, sin importar que no ganaran las elecciones entonces, como en las elecciones andaluzas de 2018 y las municipales y autonómicas de 2019. Otras de las iniciativas propuestas son que se mantenga una comunicación constante entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno, así como prohibir el uso de recursos públicos del Estado.

En cuarto lugar, el PP aboga por recuperar las competencias del Poder Judicial, “limitando puertas giratorias y reforzando las exigencias de independencia”, así como un quinto epígrafe para “recuperar el prestigio institucional” al imponer un requisito de idoneidad para dirigir organismos reguladores que, a su juicio, se han visto “menoscabadas” en esta legislatura, como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y RTVE. @mundiario