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MUNDIARIO

Tres problemas políticos mal resueltos debilitan todas las leyes educativas

El extraño laicismo del Estado, la libertad de empresa que permite crear centros educativos y participar de la financiación pública y el derecho de las familias a educar a sus hijos en su propia lengua, específicamente en Cataluña.

Tres problemas políticos mal resueltos debilitan todas las leyes educativas
Niños en una escuela. / RR SS.
Niños en una escuela. / RR SS.

José Luis Méndez Romeu

Pedagogo y columnista.

El Gobierno ha sacado adelante la enésima ley educativa por una diferencia ajustada. Inmediatamente el PP ha proclamado su voluntad de vaciarla de contenido en las Comunidades donde gobierna y de derogarla cuando acceda al Gobierno. Lo mismo que el actual Gobierno ha hecho con la anterior reforma educativa popular. No cabe extrañarse. Al igual que es irreal pensar que una ley laboral resolverá el problema del paro pues depende de la economía principalmente, sostener que una ley educativa pueda resolver tres problemas políticos previos y muy complejos, es inviable.

Los tres problemas políticos sin resolver son el laicismo del Estado; la libertad de empresa que permite crear centros educativos y recibir financiación pública, y  el derecho de las familias a educar a sus hijos en su propia lengua, específicamente en Cataluña. El laicismo del Estado se recoge en el artículo 16 de la Constitución, matizado por el artículo 27.3 que dice: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Esto puede entenderse como la protección del derecho para que reciban dicha formación en centros específicos o bien en los centros ordinarios de enseñanza, como se ha hecho hasta hoy, financiada por la Administración. La Iglesia católica se ha resistido siempre a trasladar la formación religiosa de los centros educativos a centros propios, de catequesis o de otro tipo. Parece evidente que mientras la enseñanza religiosa se mantenga como parte de la enseñanza reglada, será imposible un acuerdo.

Sobre la  libertad para crear centros educativos y acceder a financiación pública,  la Constitución dice: “Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales… Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”. Algunas Comunidades han limitado ese derecho aduciendo suficiente oferta. Es decir, limitando la libertad de mercado. Repárese en la diferente situación respecto de la sanidad privada y de los centros de mayores de titularidad privada. Una y otros reciben abundantes recursos públicos por la elevada demanda asistencial que el sistema público no puede cubrir. Sin embargo en la enseñanza se ha preferido obstaculizar al máximo el surgimiento de centros privados concertados, con pocas excepciones. La causa, una amalgama de intereses corporativos y prejuicios ideológicos. La consecuencia, un cierto clasismo social donde los centros concertados acogen principalmente a las clases medias mientras que inmigrantes y estudiantes conflictivos se refugian en los centros públicos, mucho más diversificados sociológicamente. En otros países se han ensayado mecanismos para redistribuir a los alumnos problemáticos pero ninguno arroja resultados concluyentes. La mejor solución es también la más cara: reforzar los centros escolares afectados con más profesores cualificados y suficientemente incentivados para diseñar itinerarios personalizados. Precisamos que al hablar de inmigrantes nos referimos a los de origen latino o africano, con mayores carencias culturales, pues los de origen comunitario no presentan diferencias de rendimiento.

Finalmente el derecho a ser educado en la propia lengua no aparece en la Constitución si bien exista una vasta literatura especializada en su defensa, prácticamente en todos los continentes. En España, por equilibrios políticos con el nacionalismo, se ha dejado en manos de la Administración autonómica. Así, en Cataluña se produce hoy la misma situación que durante el franquismo cuando la mitad catalanoparlante era educada en castellano. Ahora simplemente se han invertido los términos pero la discriminación sigue siendo la misma a través de la llamada inmersión lingüística, un eufemismo.

Son tres problemas políticos con muchas aristas, ideológicas, sociológicas y económicas,  enquistados durante cuarenta años y que han debilitado todas las leyes educativas  oscureciendo los muchos avances parciales que algunas incorporan, como es el caso de la ley Celáa. Visto el debate de las últimas semanas, lo único seguro es que la polémica continuará durante muchos años. @mundiario