El previsto Estatuto Docente se aventura en ser otro trágala, como la LOMCE

Rectificación previa: el pasado día 10, Wert no presentó en el Congreso su modelo de formación inicial del profesorado. Ha quedado para mejor ocasión lo que Europa Press confundió al leer la agenda del Congreso para ese día. No era la propuesta 162/000613 la que se presentaría a las cuatro de la tarde, sino la que llevaba el nº 162/000614, relacionada con la especialización productiva de las regiones –con su correspondiente repercusión en I+D+I y otras derivaciones empresariales y laborales más eficientes- titulada “de especialización inteligente” (como consta en el Orden del día de la Sesión nº 154 del Congreso de Diputados).

Dos asuntos llaman la atención, pese a todo. El primero concierne a la confusión de esta agencia de prensa al distribuir la noticia dos días antes, con el consiguiente fallo de algunas organizaciones y comentaristas, que la aceptamos como buena en comunicados o columnas de opinión. En buena medida la equivocación es explicable –creo- por la obsesión que ha creado todo lo relacionado con el triángulo PISA-LOMCE-Wert. De ahí la rápida asociación errónea. El segundo consiste en que, pese a todo, no deja de ser noticia destacable que ya el 26 de abril –como puede leerse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados correspondiente- se hubiera registrado la susodicha propuesta no de ley, a la espera de su tratamiento en plenario (Cfr.: BOCG, 10-D-262, pgs. 7-8). Es decir, que mucho antes de que hubiera sido aprobada y publicada la LOMCE, ya se había planificado la adecuada formación de los profesores que habrían de llevarla a la práctica. Se optaba, de este modo, por una vía más expeditiva que la seguida con ocasión de otras leyes orgánicas, en que tenía preferencia el desarrollo normativo de decretos y reales órdenes que desmenuzaran el qué enseñar. En este programa legislativo, lo primordial giraría en torno al profesorado idóneo para la continuidad de la LOMCE, una vez que ésta predeterminara sus características  esenciales. A eso vendría –como  adelantaba previsoramente la propuesta abrileña del PP el BOCG-, “un nuevo modelo de selección y formación de carácter nacional para el acceso a la profesión docente”.

Un proyecto previo, pautado para seguir minuciosamente, es lo que sugiere directamente esta premura. La alteración de tiempos no quiere decir confusión en este caso, sino conjuntada planificación y cálculo estratégico de una secuencia en tres partes, cada una en su momento más adecuado y conformando las tres un único propósito operativo del que debería resultar un nuevo sistema educativo. Primero, la LOMCE; luego, la adecuación de su profesorado más pertinente y, después, completando el equilibrio de este “trespiés”, el perfil de la Universidad deseada. El temprano registro en el BOCG de la propuesta no de ley sobre la formación del profesorado hace saber que tan armonioso conjunto ha sido diseñado con tiempo, muy probablemente incluso antes de que Wert aceptara el cargo. Su tarea de gobierno tan sólo consistiría en ir situando en el orden del día –mediático y legislativo- lo más acorde con el cronograma prefijado. La condición exigible al encargado de completar este puzzle era que fuera perseverante con los tiempos establecidos y que no cejara en el plan, por más presiones que pudiera recibir de los principales afectados, sobre todo desde la visibilidad callejera: no fuera a venirse abajo todo el tinglado, como había sucedido con la LOCE de Pilar del Castillo.

La metodología que se está siguiendo en este veloz tránsito de Wert por Educación es parte estratégica central del mensaje que reitera en cada uno de sus retos principales: un previo “diálogo” que suele ser sordera, seguido rápidamente de un trágala legislativo al que no se admite enmienda alguna de relieve. Sorprendente es, de todos modos, en este afán de dosificar  la mejor educación a los felices ciudadanos, la perseverante continuidad de este equipo ministerial en la creencia de que gobernar es cuestión estrictamente legislativa. En una coyuntura tan rudimentaria de la división de poderes, es grande la tentación de que todo parezca bien trabado y obediente al principio escolástico de que unum, verum et bonum convertuntur. Tanto que  parece sobrarles el ejercicio del tacto y el oído, la comprensión y afán de consenso mínimos hacia lo que otros ciudadanos -parlamentarios o no-, pero tan interesados o más que ellos en estos asuntos puedan libre y razonadamente opinar. De su contacto directo con lo que la enorme diversidad que convive en los centros educativos –y sus indispensables profesores y maestros- necesiten perentoriamente, para qué hablar: les sobra con legislar.

No obstante, otro fiasco más que probable es lo que, de proseguir con este sistema dirigista a ultranza, vendrá a ser esta proyectada ley de Estatuto de la función pública docente. Valga como prueba inicial el resultado de la convocatoria del pasado día 26 en la sede del ministerio –más para dictar que para dialogar sobre este asunto-, del que lo más suave que dijeron los representantes de los profesores que asistieron fue: “decepcionante” y “penoso”. Habrá que recordar enseguida que, dos días después -cuando la LOMCE fue aprobada en el Congreso por la solitaria mayoría del PP-, todos a una, sindicatos y oposición parlamentaria, dijeron que nacía “muerta”, comprometiéndose por escrito estos últimos a que la derogarían a la primera de cambio. En fin, premonitorio es asimismo que, en alguno de los comunicados emitidos por algún sindicato con motivo de la comentada equivocación de Europa Press, haya insistido en que este proyecto de Estatuto, tal como está siendo gestionado, es “una burla a los docentes, al defender cambios” al margen de lo estipulado hasta ahora legalmente, pues “están reservados a la negociación con sus representantes legales”. Todo  colabora, pues, a concluir que este segundo objetivo del plan ministerial de Wert, relativo a la regulación de muchas de las condiciones laborales de los docentes, tampoco pasaría de ser otro ordenancismo más, condenado de partida a la más estricta provisionalidad: como la propia ley que intenta fortalecer.

El gran problema del proyecto del ministerio Wert residiría, de este modo, en su más que probable discontinuidad y consiguiente retraso para un sistema educativo urgido por las necesidades de profundizar la democratización cualitativa de su servicio.  De continuar con la rígida estructura de piloto automático a que se ha fiado actualmente su designio, ni siquiera es seguro que alcance hasta 2015. En nombre de una unidireccional “calidad educativa” -en cuya propaganda no se escatiman medios-, se ha optado –sin reparos- por una política de diseño, siempre en litigio con la veracidad de los diagnósticos previos y aristocráticamente despreocupada de la  desesperanza que genera con su preciada retórica del bien.