Presupuestos para después de una guerra

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, conversa con María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, tras terminar la presentación del fallido Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 (febrero 2019) / Moncloa
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, conversa con María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, tras terminar la presentación del fallido Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 (febrero 2019) / Moncloa
Los PGE no tienen la función de ser la panacea. Y menos en una coyuntura de guerra que forman la pandemia, la fragmentación parlamentaria y la encrucijada de la objeción a la estructura territorial. Añadida a la voluntarista y casi desesperada confrontación ideológica
Presupuestos para después de una guerra

En los últimos días hemos ido leyendo diferentes interpretaciones críticas sobre los Presupuestos Generales del Estado, e implícitamente sobre el Plan Presupuestario enviado por el Gobierno a la Unión Europea. Ha habido descalificaciones para todos los gustos, pero todas tenían un denominador común: pretender que estos presupuestos fueran una especie de panacea que abordaran, por ejemplo, desde una reforma fiscal hasta una reconversión industrial. Y encima ni les conceden el beneficio de la duda de que sus objetivos puedan realizarse. Todo muy español.

Pero los PGE, con ser un instrumento esencial de gestión y de gobierno, no tienen esa función que algunos les piden. Y menos en una coyuntura de guerra como la que conforman por un lado la pandemia, y por otro la fragmentación parlamentaria y la circunstancia de encontrarnos en la encrucijada de un largo proceso de cuestionamiento de nuestra estructura territorial. Agravada por una voluntarista y casi desesperada confrontación ideológica que hace que cualquier avance necesite un esfuerzo titánico.

Sí: son unos presupuestos para después de esa guerra, y si no se analizan en su contexto podemos quedar muy bien en la “crítica divina”, pero contribuiremos a ensombrecer más nuestro estado psicosocial, sin aportar -por otro lado- alternativas. Para después de esa guerra y cuando la guerra aún no ha terminado, porque la pandemia destructora ataca de nuevo y porque algunos se empeñan en convertir el ámbito político en un terreno plagado de minas.

En cuanto al realismo de las previsiones recogidas en los PGE, es ingenuo pretender que dichas previsiones sean milimétricamente exactas. En una realidad cambiante, y que no depende ni de la voluntad de los gobernantes ni de las iniciativas económicas que adopten gobiernos o mercados, todo es incierto. Los presupuestos se presentan en un momento en el que la montaña rusa del PIB trimestral ha subido a España a un crecimiento en el tercer trimestre del 16,7% (4,6 puntos más que la media de la UE), cuando el Gobierno preveía un 13%. Sin embargo, no es aventurado que el Gobierno haga unas previsiones de ingresos que, aunque no se alcanzaran, tienen la opción de acogerse a parte de los 70.000 millones de euros previstos para España como préstamo por el Fondo Europeo de Reconstrucción, sobre los que el Gobierno mantiene en principio el criterio de no utilizar hasta 2023.

Por otra parte, y en la misma dirección, la dificultad de atinar en estas circunstancias con las previsiones no es un problema sólo de España, sino del mundo entero. En Europa, la presidenta del BCE acaba no sólo de corroborar la incertidumbre, sino que ha tranquilizado comprometiendo que el Banco regulador, igual que hizo en marzo, dará la talla en los apoyos necesarios, esta vez con la experiencia acumulada de los meses anteriores.

Son -a pesar de algunas afirmaciones- unos presupuestos claramente sociales. Desde el incremento previsto para las pensiones, que entre las contributivas y las no contributivas afectan positivamente a casi doce millones y cuarto de personas, hasta el incremento de un 59% de los fondos para la lucha contra la pobreza infantil, que afectan a más de un millón de niños, pasando por la consolidación del ingreso mínimo vital con 3.000 millones dedicados a ello, o el incremento de las partidas dedicadas a la ayuda a la dependencia. Medidas ambas que afectan a casi dos millones de personas. Iniciativas sociales que llegan al 31% de la población. Otra cosa es preguntarse por qué existe ese 31% de población cuyas condiciones hacen que sean buenas noticias las iniciativas de estos presupuestos. Pero no tiene precisamente que ver con los presupuestos de 2021 sino con los precedentes.

Hay un dato que marca un trasfondo estratégico no desdeñable: la subida del 0,9% de las pensiones contributivas y del sueldo de los empleados públicos. Significa que en 2021 habrá -por cuenta de los presupuestos- un 28% de la población que mantendrá su nivel adquisitivo. O mejor aún: lo incrementará, no sólo en ese 0,9%, sino posiblemente en más: el dato anticipado el IPC de los últimos doce meses habla de un -0,9%; que, de mantenerse, pondría el incremento del nivel adquisitivo de ese 28% de la población en un 1,8%. Lo cual significa que se está reforzando el consumo interior, que es el que en el trimestre pasado tiró de la economía.

Paso por alto en ese cálculo el caso de las subidas de las pensiones no contributivas, las de consolidación del ingreso mínimo vital, la de la mayor financiación de la dependencia y las medidas de lucha contra la pobreza infantil, porque no quiero insultar a esos colectivos hablando de la subida de su nivel adquisitivo. Aunque es indudable de que generarán aumento de consumo y de movilización económica.

El rebote del PIB del tercer trimestre de 2020 en un 16.7% (a pesar de que sabemos que puede pasar por diversas etapas de subidas y bajadas) más ese mantenimiento, e incluso incremento, de la capacidad adquisitiva de ese 28% de la población, no permiten que nadie desmienta con datos rotundos la previsión de una subida nominal del PIB del 10,7% que auguran estos presupuestos.

En el ámbito social se circunscriben también los 2.525 millones de euros para promover el alquiler, la construcción y rehabilitación de viviendas que, además de incidir en la reactivación económica como inversión, supondrán un cambio frente a la falta de política social de vivienda sufrida en los ocho años del Gobierno de la derecha. Y marcarán una diferencia con la ilegítima enajenación de viviendas sociales a favor de fondos buitre, desarrollada por parte del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.

Un dato que a muchos se les ha escapado es que estos presupuestos inician una regularización, o incluso una reforma del sistema de pensiones, con el primer paso de sacar de las cotizaciones de la Seguridad Social, y pasándolos a otras partidas presupuestarias, 14.000 millones de euros de los 23.000 que la Seguridad Social viene cargando de manera impropia a la caja de las pensiones. Tienen, pues, un carácter estratégico en la dirección de despejar el futuro de las pensiones, y de iniciar, por la vía de los hechos, la obligada reforma de la Seguridad Social y de su sistema de pensiones.

Se han minimizado en algunos comentarios las medidas de bajar la compensación fiscal a las grandes empresas del 100% al 95% de sus beneficios en el exterior. No voy a entrar en la polémica, incierta para cualquier tesis, de si va a aumentar la actividad a nivel internacional o no. Pero una medida adoptada para 2021 se hace en una ley que no es coyuntural, y supone, por tanto, un avance sobre el que trabajar en los tres años restantes de legislatura. Y es una medida que exceptúa en los tres primeros años a empresas con facturaciones por debajo de los 40 millones anuales. Lo mismo que en los 2 puntos de porcentaje fiscal para rentas que superen los 300.000 euros, o los 3 puntos de porcentaje en la base de ahorro de rentas de capital que excedan de los 200.000 euros.: independientemente de que esto último atañe a las CC.AA., será absurda aquella Comunidad que no lo aplique o lo bonifique, e imagino que se le tendrá en cuenta a la hora de realizarle otras transferencias suplementarias.

Quedan las partidas de la subida del IVA a bebidas edulcoradas o azucaradas, cuya repercusión por ciudadano será de 7,23 euros al año. O la de la subida del impuesto al diésel no profesional o subvencionado, que supondrá una media de entre 100 y 110 euros anuales por vehículo: casi el coste de una cerveza por semana… Por otra parte, la retirada de ese impuesto al diésel parece que será el precio para el apoyo de PNV y de Ciudadanos, en aras a un apoyo transversal y suficiente a los PGE.

En cuanto a las inversiones para diversos conceptos, se suman unos 36.000 millones de euros, que no son desdeñables. Se puede dudar de la capacidad para gastarlos, o de la utilidad de los proyectos en los que se empleen. Pero en todo caso están perfectamente desglosados, y será labor de todos: del Gobierno, de las Comunidades Autónomas, de las Empresas y de la Oposición, llevar bien la cuenta y fiscalizar la ejecución de los proyectos a los que se apliquen. Y en fiscalizar incluimos también el juicio sobre su oportunidad y realismo.

No son solamente unos presupuestos que se circunscriban a cómo “salir de ésta”. No se puede olvidar que se plantean en el contexto de un ambiente de consenso con Sindicatos y Patronales, en el espacio de unas transformaciones planteadas en el Pacto de Toledo, y muy especialmente en el ámbito de la acometida de la Reforma de la Seguridad Social y las Pensiones. Con un planteamiento novedoso que es el de la creación, en el plazo de un año, de un Fondo de Pensiones complementario Público.

Si el Gobierno tiene la habilidad de convertirlos en unos presupuestos para después de una guerra también en el sentido de un apoyo transversal a los mismos, sin exclusiones de ningún tipo a quienes pueden sumarse a apoyarlos, podremos darlos por buenos, porque terminarán también con la guerra de los bloques y la bipolarización, y pueden inaugurar una etapa de diálogo político y parlamentario.

A ese respecto hay que confesar que las intervenciones de Echenique (UP) y Lastra (PSOE) en el debate sobre la prórroga del Estado de Alarma, generan inquietud sobre esa voluntad transversal y dialogante. Especialmente las intervenciones de Echenique, con su vuelta a promover la exclusión de Ciudadanos de los acuerdos presupuestarios. @Mundiario

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