La presión internacional contra el régimen de Ortega aumenta tras la represión que ejerce en Nicaragua

Luego de tres meses de intensas y violentas protestas, la comunidad internacional fortalece un bloque unido para condenar la represión del Gobierno de Nicaragua precedido por Daniel Ortega. 13 países de Latinoamérica, EE UU y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, piden el fin de la represión y el desarme inmediato de los paramilitares que están atacando a los ciudadanos que están en contra del régimen de Ortega. Estas peticiones llegan tras la los casi 300 muertos han resultado de las protestas colectivas contra la actual Administración nicaragüense.

Guterres incluso señaló la responsabilidad del mandatario de forma indirecta y pidió el cese inmediato de la violencia. “El número de muertos ya es un número totalmente inaceptable. Es evidente que hay un uso letal de la fuerza por entidades ligadas al Estado que no es aceptable. Por eso mismo es tan importante que termine la violencia y que el diálogo político permita encontrar una solución inclusiva”, expresó el secretario general en San José, donde participa en la conmemoración de los 40 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El secretario general de la ONU expresó que el organismo ha intervenido, desde los márgenes permitidos, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y sugirió el abordaje de esta crisis desde el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Por su parte, Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, fue enfático al condenar la violencia que el Gobierno de Nicaragua ha ejercido contra los estudiantes universitarios este pasado fin de semana. Además, recalcó la llegada a su país de cientos de nicaragüenses que han tenido que migrar a causa de la crisis que vive la nación centroamericana.

Asimismo, 13 países de América latina, entre los que se cuentan a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay han presentado un comunicado conjunto donde denuncian la “violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales” en Nicaragua. La declaración fue dada a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y en ella también expresan la necesidad de “la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia”.

Por su parte, el Departamento de Estado de EE UU, ha condenado los ataques de parte de grupos armados contra estudiantes, miembros del clero y periodistas en Nicaragua. A su vez, advirtieron a Ortega que cada víctima “mina aún más” su legitimidad como presidente de Nicaragua, pidiendo la celebración de elecciones “anticipadas, libres, justas y transparentes” para poder salir de la crisis.

Por su parte la CIDH, de la OEA, ha manifestado que en Nicaragua ya van 264 muertos desde que iniciaron las protestas hace seis meses; aunque la Asociación Pro Derechos Humanos de Nicaragua asegura que la cifra de fallecidos es de 351 personas.

Es imposible no comparar la situación de Nicaragua, con la que ha sucedido en Venezuela donde se han registrado 150 muertos desde que inició el año. Ambas naciones enfrentan una crisis política, social y económica gracias a la negativa de sus Gobiernos de acceder a dejar el poder. En Nicaragua están abundando las bandas paramilitares protegidas por el Gobierno de Ortega, las mismas que han atacado a ciudades como Masaya, donde los ciudadanos se atrincheraron levantando grandes barricadas; o que han arremetido contra los casi 200 estudiantes de la UNAN.

Por su parte, la Administración nicaragüense se ha manifestado a través de la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, quien segura que el Gobierno trabaja para “restaurar la paz” y que las protestas responde a “un plan terrorista y golpista acompañado por una infame y falsa campaña mediática nacional e internacional. El golpe lo quiso imponer esa minoría llena de odio, esa minoría siniestra, maligna, pero no lo lograron ni lo lograrán”, un discurso similar al que ejecuta el Gobierno de Nicolás Maduro.

Las próximas elecciones de Nicaragua están previstas para el 2021, pero el hartazgo de las políticas déspotas de Ortega y Murillo han desembocado en tres largos meses de protestas y muertes que el Gobierno ha intentado sofocar con grupos armados que han acabado con la vida de más de 300 personas. @mundiario