Preferentes y desahucios en España: el valor de luchar contra estafas legales

Manifestación de afectados por las preferentes en A Coruña.
Manifestación de afectados por las preferentes en A Coruña.
Durante una década vimos como ciudadanos particulares morosos eran perseguidos por empresas también particulares, sin que se cuestionara su legalidad. Pero no así cuando se trata de políticos o financieros.
Preferentes y desahucios en España: el valor de luchar contra estafas legales

Mañana lluviosa en Santiago. En la plaza de Galicia dos hombres y una mujer están delante de la antigua Caixa Galicia, con un cartel sobre el que están apoyados una riestra de chorizos y con un constante pitido reclaman la atención de los que por allí pasamos. Han sido estafados con la complicidad de la Administracion. Reclaman su dinero incautado. Reclaman justicia.

Me fijo en la mujer, unos 60 años,  con ropa digna pero nada glamourosa, que para de silvar y también se me queda mirando, entre avergonzada y triste; le sonrío apenas y ella también; me voy con la sensación de que mi sonrisa no fue suficientemente amplia y me pregunto cómo será su vida. Cuánto habrá tenido que trabajar para conseguir sus cinco, diez o veinte mil  euros, que suponían una pequeña seguridad en estos mundos convulsos. Cuanto dolor tuvo que acumular, para ponerse una mujer como ella, a la entrada de una caja de ahorros.

Las gratificaciones autoconcedidas -14 millones- de Méndez por llevar a la caja de ahorros a la ruina, y los que le siguieron, Gayoso and cía. suponen un desprecio al sentido común, a la justicia y a la obligación que como dirigentes tienen nuestros políticos de velar por la ética.

Especialmente dolorosos son los primeros comentarios de Rajoy sobre Chipre cuando aquí 'la quita' es superior y no solo afecta a aquellos que tienen más de 100.000 euros, sino que la mayoría tienen sobre 20.000 euros. Yo también tengo preferentes, de la CAM; me las vendió una sobrina por teléfono y 'solo' fueron el equivalente a dos meses de sueldo; dos meses de levantarme a las 6,20 horas, coger mi coche, conducir 56 km y aparcar en una ciudad cada vez mas inhóspita, ir al trabajo –que no a trabajar y ya les contaré- y volver a mi casa siguiendo la misma ruta.

El Gobierno - de Guindos- ha puesto a Belén Romana de presidenta de la Sareb, el llamado banco malo, con un sueldo de 500.000 euros anuales, frente a los escasos 173.000 que cobró en 2012 en Banesto y es que parece que el dinero público sigue sin ser de nadie. ¿Por qué no un sueldo digno, a saber, igual al que tenía y luego incentivos en función del rendimiento? ¿Por qué no funcionarios expertos en gestión? Ortega fichó a uno de ellos, Pablo Isla,  y no le va nada mal.

Leo en la prensa que el plan de negocio del primer año contemplaba ventas por valor de 5.000 millones y que el ministro Guindos ha rebajado hasta los 1.500 millones. Con las previsiones tan a la baja, no es difícil cumplirlas. Y si se computa a la Sareb como una administración pública, la cifra de deuda pública se elevaría en otros 50.000 millones. Mal empieza el banco malo y para vender apenas un 3% de sus activos no se necesitan tamaños equipos, solo un puñado de vendedores y a comisión. ¿Y qué es eso de que la Sareb dejará de pagar 1.200 millones a Hacienda en sus primeros 10 años de vida? ¿Encima más favores?

Vivimos en una sociedad donde es cada vez más clara la existencia de ciudadanos A y ciudadanos B. Y es que la desolación me invade cuando uno de los pocos periodistas que consideraba íntegros 'acosa' en una entrevista a Ada Colau. Falta de respeto. Está claro que para el señor Herrero los hijos de los políticos tienen nombre y cara, los niños de los desahuciados, miles, son sombras. Y que nuestros políticos son los que cobran y muy bien, por un trabajo que no están haciendo. ¿Ni siquiera se les va a poder decir que no estamos de acuerdo? La señora Colau está haciendo un trabajo por ellos y o lo mejoran o se van a su casa. Ya. Y un poco de humildad por su parte, pues algo están haciendo rematadamente mal, cuando hasta el Tribunal de Justicia de la UE ha tenido que dictaminar que los procesos de ejecución hipotecaria en España no cumplen la norma europea de protección al consumidor. En algo nos reconforta Europa.

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