El PP redobla su pulso contra Sánchez tras el aval del Constitucional a la amnistía

La decisión del Tribunal Constitucional de respaldar los aspectos clave de la ley de amnistía ha provocado una reacción inmediata y encendida del Partido Popular. En lugar de moderar su discurso ante la validación de la norma por el máximo intérprete de la Constitución, la formación conservadora ha optado por redoblar su ofensiva, calificando la ley de “ilegal” y tachando al propio tribunal de actuar bajo directrices políticas. La estrategia elegida no deja espacio para los matices: todo lo relacionado con la amnistía es, a ojos del PP, inmoral, antidemocrático y fruto de un pacto oscuro.

Desde Bruselas, Alberto Núñez Feijóo ha elevado el tono con una dureza inusitada: “Es una vergüenza para cualquier demócrata; un ejercicio de corrupción política”, afirmó, acusando directamente a Pedro Sánchez de haber “comprado su investidura” con una ley negociada por un dirigente imputado por corrupción. A pesar de que la sentencia del Constitucional tiene carácter vinculante y fue aprobada por mayoría, Feijóo insiste en que la amnistía “es ilegal, inmoral y un obús contra la separación de poderes”.

Más allá del fondo jurídico, lo que está en juego en este choque frontal es la legitimidad del Ejecutivo y la confianza en las instituciones. La oposición conservadora ha optado por situar el conflicto en un terreno de fuerte carga simbólica, acusando al Gobierno no solo de romper las reglas del juego, sino de pervertir el propio sistema democrático. Esta narrativa, que cuestiona tanto la ley como la autoridad del tribunal que la valida, alimenta una peligrosa dinámica de deslegitimación institucional.

Los llamados “barones” del PP han secundado con entusiasmo esta línea. Isabel Díaz Ayuso, desde Madrid, ha ido incluso más lejos al hablar de “blanqueamiento de la corrupción de Estado”, añadiendo que la sentencia “criminaliza la vida política y desmoraliza la sociedad”. No es una crítica política convencional, sino un lenguaje deliberadamente inflamado, orientado a presentar la medida como una amenaza existencial al Estado de derecho. En la misma línea, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha declarado que la decisión del Constitucional “será legal, pero no ética”, subrayando que “diez personas no pueden cambiar lo que votaron millones en referéndum”.

Estas declaraciones desdibujan el principio fundamental del equilibrio entre poderes en una democracia liberal: el acatamiento de las decisiones judiciales, aun cuando no se compartan. El cuestionamiento directo al Tribunal Constitucional —llegando incluso a sugerir que actúa como brazo político del Gobierno— revela un posicionamiento que tensiona peligrosamente el marco institucional.

Desde Aragón, Jorge Azcón ha hablado de “chantaje político legitimado al máximo nivel”, insinuando que la resolución judicial marca una senda “extremadamente peligrosa”. El PP catalán, por su parte, ha acusado directamente al presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, de actuar al servicio de Sánchez. Esta retórica, que en otros contextos podría parecer marginal o incendiaria, se ha convertido en parte del discurso oficial del principal partido de la oposición.

Lo que resulta evidente es que el Partido Popular ha optado por mantener viva la confrontación, incluso después del cierre constitucional del debate jurídico. La batalla ya no es sobre la legalidad de la amnistía, sino sobre su legitimidad social y política. Con ello, el PP convierte la medida de gracia en un arma arrojadiza para desgastar al Gobierno, erigiéndose en defensor último de la “España constitucional” frente a lo que considera una claudicación frente al independentismo.

Sin embargo, esta estrategia plantea importantes riesgos para el propio sistema democrático. Cuestionar de forma sistemática la validez de las instituciones cuando sus decisiones no coinciden con las preferencias partidistas debilita la confianza ciudadana y erosiona los pilares del Estado de derecho. El problema no es la crítica —legítima y necesaria en democracia—, sino el intento de desacreditar al árbitro cuando su fallo no favorece a una de las partes.

En última instancia, el debate en torno a la amnistía ha dejado de ser estrictamente jurídico o territorial. Se ha convertido en una prueba de resistencia del sistema institucional frente a una oposición que ha apostado por una estrategia de polarización sin concesiones. El fallo del Tribunal Constitucional ha trazado una línea legal, pero el juicio político sigue abierto. Y en ese terreno, la crispación parece ser el único horizonte al que aspiran algunos actores. @mundiario