El espejo de Rajoy: el PP recurre al “punto culminante” para que Sánchez cese a Bolaños

La declaración del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ante el juez Juan Carlos Peinado —quien investiga las actividades profesionales de Begoña Gómez— ha sido calificada por el Partido Popular como un “punto culminante” en la deriva institucional del Gobierno de Pedro Sánchez. Para los populares, la imagen de Bolaños testificando desde el Palacio de La Moncloa representa una “degradación democrática” que afecta a los pilares del Estado.

Cayetana Álvarez de Toledo, una de las voces más críticas dentro del Congreso, ha liderado la embestida contra Bolaños con palabras tajantes. Acusa al ministro de haber devaluado los tres departamentos que ostenta y de haberse “ganado a pulso su dimisión”. En su análisis, Bolaños ha convertido su papel institucional en un escudo “al servicio” de la familia del presidente, dejando en segundo plano sus obligaciones con el Estado de Derecho.

En un ejercicio de memoria política, el PP ha rescatado las palabras que Sánchez pronunció durante la moción de censura de 2018, cuando exigió la dimisión de Mariano Rajoy tras declarar como testigo en el caso Gürtel. Entonces, Sánchez aseguró que la mera imagen del presidente testificando “devaluaba la institución”. Hoy, los populares reclaman coherencia: si aquello fue suficiente para pedir la cabeza de Rajoy, ahora debería serlo para destituir a Bolaños.

El argumento va más allá de lo simbólico. Según Álvarez de Toledo, el ministro ha protagonizado una serie de cuatro “hazañas antidemocráticas”, entre las que se incluye la redacción de la ley de amnistía “a cuatro pies”, la negociación con “un prófugo”, “mantener contra viento y marea a un fiscal general imputado por revelación de secretos para destruir a una rival” en alusión a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y la conversión de la Presidencia del Congreso en “la humillada correa de transmisión del Ejecutivo”. Todo ello, sumado a su reciente papel en la causa que mantiene imputada a la esposa del presidente, justifica —a juicio del PP— su salida del Gobierno con efecto inmediato.

Un Ejecutivo que “ataca a los jueces” y desacredita la investigación

Pero el enfrentamiento no se limita a la figura de Bolaños. El PP acusa al Gobierno de haber iniciado una campaña de “linchamiento” contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa. Las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del titular de Agricultura, Luis Planas, han sido puestas en el centro del debate.

Marlaska ha llegado a decir que la investigación está “abocada al fracaso” por carecer de objeto claro, acusando implícitamente al magistrado de vulnerar derechos fundamentales. Planas, por su parte, ironizó con que al juez “aún le quedan por interrogar 48.5 millones de españoles” para encontrar “algo”. Para el PP, estas declaraciones no son solo “pésimas ideas”, sino ataques frontales al Poder Judicial que reflejan una peligrosa tendencia del Gobierno.

Sanciones y tensión judicial: la causa avanza entre críticas y multas

Mientras el cruce político escala, el juez Peinado ha decidido multar a los abogados de Begoña Gómez y de las acusaciones populares por hacer declaraciones públicas sobre la testifical de la acusada, vulnerando el deber de sigilo procesal. El defensor de Gómez, el exministro socialista del Interior Antonio Camacho, ha recibido una sanción de 5.000 euros, mientras que los letrados de Vox y Hazte Oír deberán pagar 500 euros cada uno. Este episodio subraya la sensibilidad de una causa que, pese a las críticas del Gobierno, sigue generando nuevas diligencias.

La letrada de Vox, Marta Castro, ha confirmado que el proceso continúa: “no acaba aquí, van aflorando nuevas actividades”, afirmó tras la comparecencia de Bolaños. En contraste, el Ejecutivo insiste en que la causa carece de fundamento y ha sido ya “desautorizada” parcialmente por la Audiencia Provincial de Madrid.

Elecciones para “regenerar” la democracia

La conclusión del PP es clara: la mejor manera de frenar lo que considera una deriva institucional es devolver la voz a los ciudadanos. Álvarez de Toledo ha asegurado que la única forma de luchar contra la corrupción es “convocar elecciones” y cumplir con las recomendaciones del Consejo de Europa, que recientemente advirtió sobre el incumplimiento “parcial” por parte de España en la prevención de la corrupción en altos cargos.

Así, la ofensiva del PP no se limita a una petición de dimisión. Es una enmienda a la totalidad de la actual arquitectura institucional del Gobierno de Sánchez, acusándolo de utilizar las instituciones “para blindar a su entorno familiar y político” mientras erosiona los contrapesos democráticos.

La comparecencia de Bolaños no solo ha sido un nuevo bandazo en la tormenta política sobre los casos judiciales que asolan al Gobierno, sino que ha abierto un debate de mayor calado sobre la ética en la función pública, la independencia judicial y la coherencia en la vida política. Al invocar el precedente de Rajoy, el PP busca no solo ganar una batalla mediática, sino también colocar al presidente del Gobierno ante el espejo de sus propias palabras. La pregunta que ahora flota en el aire es si Sánchez aplicará los estándares que él mismo impuso cuando conquistó el poder.

Y en ese cruce de acusaciones, el sistema institucional español vuelve a ser el campo de batalla entre un Gobierno que se defiende y una oposición que redobla su ofensiva. La democracia, mientras tanto, queda tensionada entre el espectáculo político y el sigilo judicial. @mundiario