PP, PSOE, podemos y C's votan ‘sí’ a impulsar una Ley de Transición Energética y Cambio Climático
Con 318 votos a favor y 22 abstenciones pertenecientes a una parte del Grupo Mixto, el Grupo Parlamentario Vasco y Esquerra Republicana, el Congreso de los Diputados se pone manos a la obra en la lucha contra el cambio climático.
En octubre de 2016 el Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso presentó una Proposición no de Ley relativa al cambio climático que, tras la aplicación de diversas enmiendas, este martes 13 de diciembre ha sido aprobada por una mayoría de 318 votos a favor y 22 abstenciones. Esta proposición no de Ley busca impulsar una Ley de Transición Energética y Cambio Climático y crear una Comisión Permanente de Cambio Climático en la Cámara Baja.
Rafael A. Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, expuso en su día los retos que España tiene por delante en materia de cambio climático de aquí a 2020 y los objetivos que a nivel europeo deben cumplirse de aquí a 2030. Estos objetivos son:
> reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE de al menos 40% en relación con los niveles de 1990
> impulsar las energías renovables para que representen al menos el 27% del consumo de energía de la UE en 2030.
> una mejora mínima del 27% en eficiencia energética.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entienden que España debe atender a los compromisos europeos y al mismo tiempo promover a nivel nacional un sector energético competitivo. De ahí se deriva su Proposición no de Ley para impulsar una Ley de Transición Energética y Cambio Climático que:
a) Recoja los compromisos adquiridos de España en materia de energía, cambio climático y descarbonización de la economía, en particular en reducción de emisiones, mejora de la eficiencia energética y participación de las energías renovables.
b) Establezca un marco institucional único que dote de agilidad y coherencia a todas las actuaciones, y promueva aquellas que tengan una mayor capacidad para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, de participación de las renovables y de incremento de la eficiencia al menor coste.
A su vez, esta Propuesta no de Ley recoge el crear una Comisión Permanente de Cambio Climático en la Cámara Baja.
La diputada popular Belén Bajo Prieto y portavoz de Cambio Climático del GPP destacó en su intervención en el Congreso este martes 13 de diciembre, minutos antes de la votación, el consenso político que impera en esta cuestión: “La voluntad de todos los grupos parlamentarios en que esta iniciativa salga adelante quedó patente en la última sesión de la Comisión de Cambio Climático, y hoy vuelve a quedar patente con la presentación conjunta de una enmienda de consenso por los grupos parlamentarios Socialista, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Compromís y Popular”.
Bajo Prieto señaló que la futura Ley tendrá un impacto tangible en el modelo económico, productivo y de desarrollo, por lo que subrayó la necesidad de “definir un marco a medio y largo plazo para garantizar una transformación ordenada de nuestra economía hacia una economía baja en carbono, que es lo que París nos exige”.
La parlamentaria popular ha llamado al diálogo de cara al proceso de elaboración de una ley que, como ha indicado, debe ser “abierto y participativo”, y que requerirá “de una acción concertada a todos los niveles de la Administración”, así como “de la participación de actores relevantes en materia de lucha contra el cambio climático”, como la comunidad científica, el mundo académico, los empresarios y las ONGs.
ONGs, algunas de ellas, que ya criticaron en su momento las congratulaciones del Gobierno por haber cumplido con el primer periodo de compromisos del protocolo de Kioto 2008-2012 al recurrir al Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea y realizar compra de emisiones: es decir, comprar certificados de emisiones de gases de efectos invernadero a países que redujeron sus emisiones más de lo comprometido y tienen excedente.
Este es un instrumento de mercado permitido y establecido por la Unión Europea en el Protocolo de Kioto. Permite asignar a las empresas un número determinado de emisiones de gases de efecto invernadero en función de un Plan Nacional de Asignación (PNA) de Derechos de Emisión, medida que determina por sectores productivos y, en el caso de España, segmentados también por comunidades autónomas el límite de los derechos de emisión.
En concreto, un derecho de emisión equivale a una tonelada de CO2. Las empresas obtienen una cantidad determinada de derechos de emisión, pagan un extra por cada tonelada de dióxido de carbono lanzada de más a la atmósfera, y también pueden vender los certificados de emisiones excedentes, es decir, los derechos que no hayan utilizado, a los países que no hayan alcanzado cumplir con su compromiso.
Los datos, de hecho, avalan el enfado de ONGs como Ecologistas en Acción. Según el informe 'Cambio Climático en España: evidencias, emisiones y políticas' elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad, las emisiones de gases de efecto invernadero están lejos de ser controladas en España. A pesar de haber cumplido con el protocolo de Kioto gracias a la compra de derechos de emisión a terceros países por valor de cerca de 800 millones de euros y del descenso debido a la crisis económica, la liberación de CO2 a la atmósfera creció en 2015 por segundo año consecutivo, rompiendo una tendencia de descenso comenzada en 2009.
Para los autores del informe, este aumento de las emisiones está ligado de forma directa con la quema de carbón en las centrales térmicas para la producción de electricidad. "A pesar de la crisis económica, se ha producido un importante aumento y se debe a que se quemó un 22% más de carbón que en 2014, y no un carbón nacional, sino carbón importado", ha explicado Santamarta. "El carbón nacional ha sido la excusa, pero la realidad es que el carbón importado es más barato y, además, el precio de la tonelada de carbono está por los suelos", ha dicho el economista y ex asesor del Ministerio de Medio Ambiente en declaraciones recogidas por El Mundo a principios del presente año.
Pero esta Propuesta no de Ley habla precisamente de la “descarbonización de la economía”.
El informe también señala el descenso de las energías renovables en un 5% respecto a 2014 debido principalmente a dos motivos: el descenso de la hidroeléctrica por la falta de lluvias y la bajada de alrededor de un 5% de la producción eólica.
Los grupos parlamentarios votan ‘sí’ pero afean al Gobierno
Regresando al Congreso de los Diputados y a esta recién aprobada Propuesta no de Ley, antes de las votaciones, los diputados de la oposición han defendido las enmiendas formuladas por los correspondientes grupos. De este modo, Miquel i Valentí, diputado que forma parte del Grupo Parlamentario Mixto, afeó al Gobierno y Grupo Parlamentario Popular sus dos líneas discursivas: “Desde que ustedes trajeron esta proposición no de ley a esta Cámara en el año 2012 lo que han hecho ha sido aprobar el famoso impuesto al sol, que no facilita precisamente la implantación de energías renovables y autoconsumo en este país; han retrasado la implantación de directivas europeas que busquen la eficiencia energética en empresas y en privados de este país”.
También desde el Grupo Mixto, la diputada Bataller i Ruiz ha requerido que España trabaje “por una propuesta más ambiciosa que la actualmente marcada por la Unión Europea. Hemos de cumplir con los objetivos fijados por el Acuerdo de París y hemos de limitar el aumento de la temperatura global del planeta a un grado y medio”. Y también ha apelado al autoconsumo energético: “deberíamos plantearnos que se vaya reconociendo como un derecho más de nueva generación de la ciudadanía”.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el diputado Martínez González ha urgido a la lucha contra el cambio climático apuntando a que “está sucediendo, ocurre ante nuestros ojos, y aunque paráramos todas las emisiones de gases de efecto invernadero, los ya arrojados a la atmósfera están produciendo los fenómenos climáticos extremos que venimos observando. Lo hemos podido comprobar estos días pasados, con funestas consecuencias, en las inundaciones de Málaga”. Ha agregado además la complicada situación geográfica de España: “por su posición geográfica dentro de la cuenca mediterránea, es uno de los países de Europa más expuestos a las consecuencias del cambio climático. Nuestros ecosistemas y nuestra economía, que en gran medida depende de ellos, están en grave riesgo de sufrir daños irreversibles e irreparables”.
A su vez a puesto el foco en aquellas Comunidades Autónomas que ya están aplicando algunas medidas: “Algunas comunidades autónomas ya han avanzado en leyes de cambio climático, pero una comunidad por sí sola no puede hacerle frente, como tampoco lo puede hacer un ayuntamiento ni un país […]El calentamiento global no entiende de divisiones administrativas ni de transferencias ni de países ni de autonomías”.
El diputado de Ciudadanos no se olvidó en su intervención de los datos ya marcados en este texto: España es el país de la UE que más ha aumentado la emisión de CO2 en los últimos veinticinco años, concretamente un 18%, incrementándose incluso en 2015 en un 4%, frente a la tendencia generalizada del resto de Europa de una disminución de en torno a un 23%. “España aparece como el país peor situado de toda Europa en cuanto a desarrollo de energías limpias, según el índice de acción climática. España ha bajado nada más y nada menos que doce puestos, pasando del veintinueve al cuarenta y uno el año pasado. La razón hay que encontrarla en que se ha revertido el apoyo a las energías renovables. Los países que encabezan estos puestos son Dinamarca, Reino Unido y Suecia. No parecen un buen camino medidas como el impuesto al sol, que penaliza una energía limpia y barata en la que fuimos líderes y referentes internacionales. Somos el país del sol y, sin embargo, en 2014, países que no se caracterizan precisamente por ser muy soleados, como Alemania y Gran Bretaña, instalaron cada uno de ellos más de 2.000 megavatios de fotovoltaica en red, mientras que en España solo instalamos 7 megavatios”, terminó diciendo Martínez González en su intervención.
Desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la diputada Martínez Rodríguez lanzó dardos al Grupo Popular recriminando el autobombo de esta propuesta no de ley: “hay que tener muy poca vergüenza o muy poca memoria para escribir literalmente que España ha asumido objetivos ambiciosos en la reducción de emisiones o que ha estado en primera línea de la lucha internacional contra el cambio climático. La única razón por la que España ha reducido sus emisiones ha sido la desaceleración económica producida por la crisis. Las emisiones han vuelto a aumentar en 2015 y lo han hecho de la mano de la generación energética”.
Comienza ahora un arduo trabajo por parte de todos los actores políticos y sociales para elaborar una Ley de Transición Energética y Cambio Climático que haga frente a una amenaza real y visible. Un trabajo que contrastara con el que previsiblemente haga la mayor potencia mundial, EE UU, bajo la dirección del presidente electo Donald Trump quien ha declarado que valora la posibilidad de que EE UU abandone el Acuerdo de París, además de afirmar sobre el cambio climático: "Nadie sabe a ciencia cierta si es real".
