El PP es absuelto por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas

Luis Bárcenas, extesorero del PP. / Twitter
Luis Bárcenas, extesorero del PP. / Twitter
El juez Muñoz de Baena considera que no existen pruebas suficientes para una condena y falla a favor de los acusados.
El PP es absuelto por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas

El juez Eduardo Muñoz de Baena ha absuelto al Partido Popular por el caso de la destrucción de los discos duros de Bárcenas. El magistrado ha dejado el caso sin culpables tras exonerar al partido como persona jurídica, y a tres de sus empleados puesto que no hay pruebas suficientes como para condenarlos por los delitos de daños informáticos y encubrimiento. De acuerdo a las acusaciones celestes, en pleno alboroto por los papeles de Bárcenas, los imputados consiguieron borrar, rayar y hasta romper los discos de aquél ya que tenían pruebas de la contabilidad b del partido. Los fiscales pidieron su absolución.

Muñoez cree que en el juicio no se ha logrado acreditar que Carmen Navarro, Albert Durán y José Manuel Moreno, gerente, asesor jurídico y responsable informático del partido, respectivamente, al momento que se eliminó la información y destruyó los discos, eso en enero de 2013, lo hicieran con la intención deliberada de eliminarlos e impedir o cuando menos poner trabas a la investigación de la caja b del partido en la Audiencia Naciona. Para ellos se ha aplicado el principio de que ante la duda, se falla a favor del acusado, explica El País. De cualquier manera, es posible presentar un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Muñoz también absuelve a la agrupación del delito de daños informáticos, el único del que se le acusaba, puesto que se ha evidenciado que uno de los ordenadores era del partido y el otro no se ha identificado al propietario, bien el partido o Bárcenas. De igual forma cree que no se ha probado que al momento en que José Manuel Moreno borró los datos y destruyó los soportes existiera algún dato o archivo almacenado en ellos.

El magistrado estima que Moreno "sometió ambos soportes a un procedimiento de borrado seguro mediante la ejecución de un programa que realiza 35 sobre-escrituras en sucesivas pasadas (...) Tras el borrado, rayó los dos soportes de almacenamiento y se deshizo de ellos", se lee en su auto. De igual forma, establece que lo hizo "conforme con el protocolo interno implantado en el Partido Popular en el marco del documento de seguridad" que dicta el reglamento de Protección de Datos.

"No es coherente que el sr. Bárcenas dijera el 15 de julio de 2013 que el pendrive [que entregó al juez Ruz, instructor del caso de la caja b] contenía la totalidad de lo almacenado en el Toshiba y que, sin embargo, en las intervenciones en esta causa haya afirmado que quedaron datos en el ordenador", continúa.

Con todo y que sometió al Partido Popular al juicio en calidad de persona jurídica, Muñoz de Baena cree también que en este caso se puede aplicar la doctrina Botín, la cual dicta que en una serie de delitos que no son de interés público no es posible juzgar a un acusado cuando la Fiscalía no emite ninguna acusación. La idea del proceso es "permitir que la Audiencia Provincial, en la hipótesis de que no comparta la estimación del órgano juzgador de la cuestión previa para el delito de daños informáticos, pueda entrar a resolver la totalidad de la pretensión de condena en grado de apelación, sin necesidad de que se dicte nueva sentencia en instancia”  sobre el delito de daños informáticos.

Con esta resolución, el magistrado cierra una causa que viene desde 2013 y que ha llevado al banquillo de los acusados al PP, algo inédito hasta antes en todo el país. "Estamos seguros de que todo se resolverá favorablemente y que la verdad prevalecerá en un caso en el que algunos han intentado durante muchos años medrar para hacer daño a unas siglas y a unas personas que siempre han actuado correctamente y de acuerdo con la legalidad", explicaba durante el arranque de la vista, a la que asistieron Navarro, Durán y Moreno.

El prólogo del juicio también lo ganó la agrupación conservadora. Contrario a lo determinado por el Gabinete de Comuncación del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid y de las acusaciones, el magistrado tomó la petición de los populares de evitar que los periodistas grabaran vídeos en la vita oral y de las declaraciones de los acusados y testigos, dentro de los que se incluían el mismo Bárcenas y la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. El PP alcanzó así parcialmente su propósito, que no era otro que reducir lo más posible el impacto mediático de una causa que lleva más de cinco años en proceso, luego de que la Audiencia Nacional empezara las respectivas diligencias y las remitiera en 2013 a un juzgado de Madrid para que la investigación siguiera.

A partir de aquel momento, el proceso se ha visto entorpecido por diversos factores e incluso en su momento llegó a ser archivado. El sumario se perdió y debió ser reconstruido con documentos que aportaron los dos bandos. El Partido Popular se quejó contra Rosa María Freire, jueza instructora, pues consideró que ésta tenía una "evidente cercanía" con el PSOE. De hecho, Bárcenas mismo se retiró como acusación popular, con lo que se abrió la oportunidad que los populares llegaran a pedir la suspensión del juicio mediante la doctrina Botín, que reza que en los delitos en los que hay un perjudicado directo, no es posible llevar a cabo un juicio a no ser que se cuente con la acusación de los fiscales o el interesado mismo.

Al final de cuentas el juicio se celebró. La vista inició el 14 de junio y terminó exactamente 14 días después, en los que Bárcenas no tuvo miramientos en abrir fuego contra el PP. El otrora tesorero de la agrupación vinculó la destrucción de los discos duros a la Operación Kitchen, una trama de espionaje ilegal contra él que emprendió la policía patriótica, un séquito nacido dentro de la Policía Nacional bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz. "Si se llegó a organizar que un falso cura secuestrara a mi familia, que mi chófer clonara mis teléfonos... En el mismo periodo de tiempo se produjeron un montón de acciones que confluyen en el mismo sentido. Quería conseguir mi información y amedrentarme", explicó.

El testimonio fue básicamente el único que se produjo contra los intereses del PP durante el juicio, al que sus mismos exempleados avalaban la principal tesis de la defensa, la cual descubrió la existencia de un protocolo interno en la agrupación para el borrado de las computadoras cada vez que un usuario nuevo se registraba. Acto seguido, los peritos policiales admitieron una teoría sobre la idoneidad de sobrescribir 35 veces los discos duros, aunque esta es una práctica inusual. Todo esto ha servido al juez para tomar su decisión. @mundiario

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