El PP apoyará el aumento de los salarios y las pensiones si el Gobierno no los mezcla
En pleno clima de confrontación política y a las puertas de unas elecciones en Extremadura que han elevado la tensión semanal entre Moncloa y Génova, el Partido Popular ha decidido trazar una frontera nítida: admitirá apoyar la subida del salario de los funcionarios y la revalorización de las pensiones, pero únicamente cuando estas se presenten desnudas, sin la compañía de medidas ajenas que condicionen su voto o lo conviertan en munición parlamentaria para el Gobierno. Es un giro calculado, casi quirúrgico, que busca no entregar triunfos a Pedro Sánchez, pero tampoco dispararse en el pie ante dos colectivos que suman más de 12 millones de personas.
El movimiento llega después de semanas de polarización, manifestaciones y acusaciones cruzadas. La dirección de Alberto Núñez Feijóo repite desde hace tiempo que la legislatura está agotada y que el país se encamina hacia unas elecciones anticipadas. Sin embargo, esa retórica beligerante se topa con el muro de la realidad: mientras Sánchez permanezca en La Moncloa, el PP no puede permitirse aparecer como el partido que frena subidas de sueldos y pensiones. Y menos aún después de episodios recientes que dejaron cicatrices internas y desgaste público.
Este jueves, en el último Pleno del año, el PP está dispuesto a votar a favor de la subida salarial de los más de tres millones de empleados públicos: un 2,5% en 2025 —con efecto retroactivo desde el 1 de enero— y un 1,5% en 2026, con la posibilidad de que aumente medio punto adicional si la inflación lo justifica. La decisión, impulsada por la vicesecretaría económica de Alberto Nadal, ha generado debate en sectores del partido que temen dar oxígeno al Gobierno a las puertas de una cita electoral. Pero Génova ha concluido que el coste de oponerse sería aún mayor.
En paralelo, la dirección popular ya ha adelantado que lo mismo ocurrirá con las pensiones: apoyarán la revalorización de 2026 —calculada en torno al 2,7%— siempre y cuando el Ejecutivo no la empaquete dentro de decretos ómnibus que mezclen asuntos dispares. Esa condición no es casualidad: la última vez que el PP se negó a aprobar una subida de pensiones, por ir incluida junto a otras medidas, el vendaval político fue suficiente para obligar a Feijóo a la rectificación.
Una línea roja tras el tropiezo de enero
La memoria reciente pesa. A principios de año, los populares tumbaron un decreto que actualizaba las pensiones porque incluía medidas ajenas, como la cesión de un palacete en París al PNV. La reacción social fue inmediata. El PP sufrió un desgaste notable entre el electorado senior y terminó aprobando un decreto casi idéntico días después. La lección quedó grabada: con las pensiones, ningún error es pequeño.
Por eso ahora Génova adelanta posiciones y coloca las cartas sobre la mesa antes de que Moncloa decida el formato. La idea es doble: evitar que el Gobierno los retrate como un obstáculo para pensionistas y funcionarios, y blindarse ante nuevas maniobras legislativas que mezclen materias y les obliguen a movimientos forzados.
El peso de la presión municipal
La flexibilidad en la regla de gasto para ayuntamientos es otro de los decretos en la agenda inmediata. Aunque tiene un claro interés para Junts, la dirección del PP reconoce que muchos de sus alcaldes reclaman justamente eso: más margen para invertir en vivienda o gestión del agua sin que compute como gasto corriente. Feijóo ya defendió esta reforma en una cumbre municipal en Burgos, lo que abre la puerta a un voto favorable condicionado.
El impacto social como brújula política
Los populares saben que su electorado —especialmente el de más edad— observa con lupa estas decisiones. La revalorización de las pensiones afecta a 9,4 millones de personas y las subidas en las mínimas y no contributivas podrían ser incluso mayores. En plena crispación política, oponerse supone un riesgo demasiado alto y un mensaje demasiado incómodo para quienes dependen de estas prestaciones.
Feijóo mantiene el pulso con Sánchez, denuncia que el Gobierno “no tiene mayoría ni proyecto” y acusa al Ejecutivo de caminar hacia el agotamiento. Pero aun en ese escenario de confrontación, el líder del PP ha decidido reservar excepciones para dos medidas de gran impacto social. @mundiario