Política gestual

Albert Rivera ha decidido cambiar su voto en el tema de la exhumación de los restos de Franco. Lo que en mayo de 2017 fue un apoyo parlamentario total a la propuesta se ha transformado ahora en una crítica frontal a la decisión gubernamental. La excusa es la no idoneidad, en su opinión, de proceder a ella mediante un Decreto-Ley, pensado constitucionalmente para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, que Ciudadanos no ve por parte alguna.

El Gobierno justifica este procedimiento por la necesidad de reformar algunos puntos concretos de la Ley de la Memoria Histórica para llevar a efecto la exhumación, modificación solo actuable por norma del mismo rango legal, y por la conveniencia de concluir cuanto antes un proceso que podría producir, de mantenerse mucho tiempo, inconveniencias o malestar social. La utilización del Decreto-Ley ha sido norma en la ya no pequeña historia de nuestra democracia.

Usaron y abusaron de ella Gobiernos socialistas y del PP (el caso de Aznar es paradigmático) y siempre esta figura, plenamente constitucional, ha estado sometida a la crítica a la que conduce siempre la discrecionalidad gubernamental. El Tribunal Constitucional reconoce que “el juicio político o de oportunidad corresponde al Gobierno”. Pero reafirma que este juicio no es libérrimo, sino que ha de ajustarse, como “facultad legislativa excepcional” que es, a los límites constitucionales que conlleva la expresión “casos de extraordinaria y urgente necesidad”. Pero es verdad que el T.C. no ha sido exigente en muchos casos. Atendamos sino la expresión más repetida en sus sentencias sobre el caso: el fin que justifica esta legislación de urgencia no es otro que “subvenir a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes”. Una expresión, pues, “abondo” flexible, que no orienta precisamente hacia un control rígido el uso de este instrumento legislativo.

Pero aparte de esta cuestión, lo noticioso ahora es que el cambio de posición de Ciudadanos se ampare en esta cuestión formal para huir de un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo: el sí o no a la exhumación de los restos del dictador. Una cuestión políticamente simbólica como esta exige ser tratada y decidida en su fondo, por más que la posición adoptada sea de dudosa consecuencia electoral. Y quizá de dudosa utilidad política, pues es muy posible que el Decreto-Ley salga adelante en el Parlamento cualquiera que sea el voto de Ciudadanos y el PP. @mundiario