La política de costas del PP prioriza el interés privado sobre el colectivo

La política del PP con respecto al uso y posesión del litoral español, a partir de su reforma de la Ley de Costas de 1988, aprobada en solitario en 2013 (y que supuso la legalización de golpe de 10.000 viviendas que ocupaban el espacio de dominio público marítimo-terrestre) prioriza claramente el interés particular sobre el colectivo, especialmente llamativo por lo que supone la práctica entrega a ciudadanos extranjeros de una parte de nuestra costa, ocupada por sus residencias en Andalucía, Cataluña, Levante y los dos archipiélagos. Estos extranjeros, por lo general de elevado poder adquisitivo, a través de los lobbies que operan en el Parlamento Europeo, lograron que éste se ocupara del asunto, interfiriendo una competencia exclusiva de la soberanía española a favor de los intereses de quienes habían adquirido viviendas ilegales, en cualquier caso, en el “boom” urbanístico, en su caso promovido desde el Reino Unido.

Este modelo de presión sobre la costa ha vuelto con toda intensidad.

No es, pues de extrañar que esa misma filosofía prevalezca en otro tipo de previsiones relacionadas no sólo con el uso del espacio marítimo, sino con su desarrollo urbanístico o industrial en determinados casos. Solamente entre 1987, antes de la Ley de Costas del 1988, y 2005, las urbanizaciones engulleron el 23% del litoral  a un ritmo de dos hectáreas diarias (equivalente a dos campos de fútbol) en la franja de los primeros 500 metros, según el informe “Destrucción a toda costa 2013”, que Greenpeace elabora cada verano desde hace unos años para advertir sobre la progresiva urbanización a la que se ve sometida la costa española.

Lo que se ha hecho con la costa

Para hacerse una idea de lo que el PP ha hecho con la costa española, baste decir que desde el primer artículo de su ley se modifica profundamente la Ley de Costas de 1988, afectando a 43 apartados diferentes. El  artículo 45 de la Constitución, proclamam sin embargo, el Derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona así como el deber de conservarlo. El artículo 132 establece como dominio público la zona marítimo-terrestre, las playas y el mar territorial

El PP sacrificó la propiedad común de 47 millones de españoles para entregarles, prácticamente a perpetuidad, a particulares, una parte del territorio nacional,  dada la ampliación de las concesiones en 75 años más a una serie de beneficiarios, buena parte de ellos extranjeros. Las casas situadas sobre el hasta ahora dominio público podrán ampliarse, venderse (hasta que llegó el PP estaba prohibido) o reformarse. En general, las concesiones de 30 años de uso del dominio público, con la anterior ley, eran ampliables a 60; pero el PP añade 15 años más; es decir, tres generaciones en total. Además, los dueños de las casas en la playa las podrán vender y hacer reformas sin permiso siempre que no aumenten de altura ni volumen.

La ribera del mar es está formada por la zona marítimo terrestre, las playas y los acantilados. Está permitido el acceso público y gratuito para usos comunes: paseo, estancia, baño. Pero hay lugares de este tipo que ahora son absolutamente privados. Y lo que es peor, podrá venderse lo que debería ser siempre espacio público. Unos pocos, con relación al conjunto, se beneficiaron de la rebaja de la servidumbre de protección de 100 a 20 metros. Pero además, la norma general, está plagada de excepciones que benefician precisamente a los más ricos, felices moradores de diez enclaves privilegiados en Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga.

Las denuncias de Greenpeace

Greenpeace fue una de las voces que pusieron las cosas en claro y redujo el número de afectados por la legislación anterior de costas de modo elocuente. A juicio de Ecologistas en Acción, la ampliación de la concesión en otros 75 años más y la posibilidad de compra-venta de los inmuebles supone una privatización encubierta de la costa y el sacrificio del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y sirve a la especulación urbanística y a los intereses privados, bajo la vacía excusa de hacer compatible la conservación del medio ambiente con el desarrollo económico y dar una mayor seguridad jurídica a los propietarios de viviendas en el litoral. Sin embargo, esta reforma no solo no incrementará la seguridad jurídica, sino que la gran cantidad de excepciones, casuísticas infinitas y desigualdades de tratamiento que plantea, tendrá justo el efecto contrario.

Mariano Rajoy y su gobierno cedieron ante la actividad desplegada por la llamada Asociación de afectados por la Ley de Costas de Denia y otros grupos de presión e intereses, que lograron bazas importantes contra el interés general público. Y en ese sentido, los afectados lograron que la Comisión Europea atendieran las reclamaciones de propietarios de casas en el litoral español, pese a carecer de competencias para actuar contra el Gobierno de España, pero sí de expresar públicamente su rotundo rechazo a una Ley de Costas (la del 1988 y la revisada de 2013)

Reforma sin estudio previo

La reforma se llevó a cabo sin un estudio previo riguroso y sin tener en cuenta los efectos que irremediablemente va a tener en nuestro litoral el cambio climático. Ahora, habrá más chiringuitos y más grandes en las playas más concurridas. Se diferencia entre playas urbanas y naturales (como si todas no fueran naturales). Los chiringuitos podrán duplicar (de 150 a 300 metros cuadrados) la ocupación que se toleraba en la Ley de 1988. Las dunas han quedado fuera del dominio público, según el caso si se consideran o no “necesarias para garantizar la estabilidad de la costa”. Las dunas estabilizadas no se mueven, pero se puede conseguir artificialmente.

También quedaron excluidos del dominio público 10 núcleos de población que por su situación entrarían dentro de la definición de la zona pública. Se trata de Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d´Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia), (Y también, por cierto, el término municipal de Moaña, en la ría de Vigo). O sea, espacio público ocupado y asegurado que se puede transferir a un tercero en venta. Los ecologistas lo ven como el paso previo para que pasen a manos privadas, ya que si se considera dominio público (cedido u ocupado) no se debería poder vender. @mundiario