¿Podrá gobernar el alcalde de Santiago tras la prevaricación de siete concejales del PP?

No faltan quienes cuestionan la sentencia por considerarla una mezcolanza de criterios de ilegalidad (administrativa) con valoraciones predeterminadas sobre la prueba y la pena.

La situación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, gobernado por el PP, parece insostenible. Siete concejales están condenados por prevaricación (Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis García Bello y Francisco Noya) y ya han dimitido. Adrián Varela también abandonó la corporación la semana pasada tras acumular su segunda imputación. Y por si fuese poco, Rebeca Domínguez, otra concejala con problemas judiciales, también se va. Junto al alcalde, Ángel Currás, imputado a su vez en la Pokemon quedan la teniente de alcalde, Reyes Leis, y dos ediles adscritos sin competencias delegadas, Luis Meijide y José María Rosende.

Los siete concejales juzgados por acordar pagar con fondos públicos el 30 de mayo de 2013 la defensa de un compañero de corporación imputado en la operación Pokémon fueron condenados a penas de 9 años de inhabilitación para cargo público por la comisión de un delito de prevaricación, de ahí que todos hayan presentado su dimisión. La sentencia se conoció una vez que el 19 de mayo estos ediles se sentasen en el banquillo para responder por una decisión, un año antes, tras la solicitud del propio compañero de corporación imputado en la Pokémon, Adrián Varela.

El juez concluye que los acusados fueron, en todo momento, sabedores de que la resolución no se ajustaba a derecho y que, aún así, acordaron asumir la propuesta formulada por el concejal imputado en los términos por él redactados, "sin hacer referencia expresa en su acuerdo a los condicionantes que desde la Asesoría Jurídica les fueron indicados, ni examinar en modo alguno si concurrían o no los mismos".

Tampoco faltan quienes cuestionan la sentencia por considerarla una mezcolanza de criterios de ilegalidad (administrativa) con valoraciones predeterminadas sobre la prueba y la pena. Los concejales ahora condenados defendieron, en la vista oral, su inocencia debido a que el acuerdo se tomó según apuntaron "con el aval de los técnicos". Reyes Leis habla de injusticia.

¿Se ha hecho realmente justicia o puede haber algo de populismo judicial? ¿Cabe esperar novedades de un recurso? Lo único cierto es que, como resultado de todos estos frentes judiciales, el alcalde de Santiago, el imputado Ángel Currás, se queda tan solo que precisa buscar gobierno. De hecho, admite que tendrá que echar mano de técnicos para reflotar el Ayuntamiento compostelano.