Buscar

MUNDIARIO

Perú recibirá una indemnización por 228 millones de Odebrecht por los sobornos en obras públicas

Las autoridades peruanas y los exaltos ejecutivos de la constructora brasileña firmaron un acuerdo para revelar la corrupción en las licitaciones de cuatro Gobiernos del país sudamericano.

Perú recibirá una indemnización por 228 millones de Odebrecht por los sobornos en obras públicas
Los fiscales peruanos declaran tras firmar el acuerdo con Odebrecht en Brasil. / Twitter
Los fiscales peruanos declaran tras firmar el acuerdo con Odebrecht en Brasil. / Twitter

Firma

Rodrigo Chillitupa Tantas

Rodrigo Chillitupa Tantas

El autor, RODRIGO CHILLITUPA TANTAS, escribe en MUNDIARIO. Es periodista peruano de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajó como redactor en los periódicos Todo Sport, Nuevo Sol y el Grupo La República. Fue corresponsal en Lima de Segundo Enfoque de Argentina. Actualmente colabora con la revista CARETAS. @mundiario

Un grupo de fiscales del caso Lava Jato en Perú y los abogados y exaltos ejecutivos de Odebrecht firmaron este viernes en São Paulo un acuerdo por 228 millones de dólares como reparación civil para los próximos 15 años por los actos de corrupción cometidos en la adjudicación de cuatro obras públicas en el país andino. La constructora brasileña reconoce así los sobornos por 32 millones de dólares que realizó en la carretera Interoceánica Sur, la línea 1 del Metro de Lima, la vía Circunvalación en la ciudad de Cusco y la Costa Verde del Callao. 

El acuerdo, iniciado por disposición de Odebrecht  el año pasado, consta de 1056 páginas y señala que la firma brasileña -involucrada en el caso de corrupción más grande que se gestó en 12 países de América Latina- deberá proporcionar toda la información requerida a los fiscales peruanos que investigan sus delitos. A cambio del aporte de la información, los ejecutivos de la constructora no serán perseguidos ni procesados penalmente por la justicia peruana. La empresa de Marcelo Odebrecht, además, seguirá operando en el país sudamericano luego que terminé de pagar la reparación civil acordada.

El acuerdo entre las autoridades peruanas y Odebrecht garantiza que las pruebas proporcionadas por la empresa sobre los vínculos que mantuvo con los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018); así como con la lideresa opositora Keiko Fujimori, sean validas. Por las pesquisas realizadas, Toledo enfrenta un proceso de extradición; García, Humala y Kuczynski tienen una orden arraigo que les impide abandonar Perú, y Fujimori se encuentra en prisión preventiva desde octubre pasado. 

"Es un acuerdo abierto. A partir de la búsqueda de información y lo que determinen los fiscales, se pueden abrir nuevas líneas de investigación. Esto es pacto sobre la culpabilidad en algunos de los proyectos, si hubiera más, se volverá a negociar con la empresa y se incluirán", dijo Rafael Vela, coordinador del equipo especial de fiscales peruanos del caso Lava Jato, en conferencia de prensa tras firmarse el acuerdo con Odebrecht. Bajo el criterio impuesto por las autoridades peruanas, el acuerdo puede ser actualizado si se comprueban más casos de corrupción de Odebrecht. Esta situación provocaría que la constructora pague más en su reparación civil. 

"La empresa seguirá buscando entendimientos de esta misma naturaleza con otros países en donde actúa, con el fin de tener más seguridad jurídica para su operación y por el compromiso en apoyar investigaciones y actuar como un agente de transformación", reza el comunicado que Odebrecht publicó tras el pacto firmado con los fiscales peruanos. El acuerdo evitó que la constructora se declare insolvente económicamente para pagar la reparación civil y abandone Perú. Además que no entregue las pruebas de los actos ilícitos que cometió en el país andino. 

Con el acuerdo firmado, los fiscales peruanos comenzarán con los interrogatorios a los exejecutivos de Odebrecht desde el 18 hasta el 22 de febrero. Las declaraciones se recogerán en la Procuraduría de Curitiba. José Vieira Spinola, presunto intermediario para la realización de los pagos de la caja 2, y a Marcos de Queiroz Grillo, ex encargado de generar recursos económicos para la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, serán los primeros en confesar. Los testimonios de ambos exfuncionarios serán claves para esclarecer las irregularidades en la licitación del Metro de Lima, obra realizada en la segunda gestión del expresidente Alan García. 

Otra declaración importante para los fiscales peruanos será la que brinde Luiz Fernando de Castro Santos, ex gerente general del tramo 3 de la carretera Interoceánica Sur, quien pagó una asesoría técnica por 300 mil de dólares a Westfield, empresa ligada al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski cuando se desempeñaba como ministro de Economía en la gestión de Alejandro Toledo (2001-2006). En el caso de Toledo, además, Luiz Fernando de Castro Santos hablará sobre el presunto soborno de US$20 millones dado al prófugo expresidente por las licitaciones de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. 

Los fiscales peruanos del caso Lava Jato, además, también investigan por lavado de dinero de la caja 2 de Odebrecht a la exprimera dama Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala (2011-2016); a la lideresa de la oposición Keiko Fujimori; la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán; y el ex gobernador del Callao, Félix Moreno. Otros funcionarios de las gestiones de Toledo, García y Humala se encuentran incluidos en las investigaciones fiscales del caso Lava Jato, que poco a poco revelará la más grave corrupción que golpeará a la clase política peruana. @mundiario