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La persecución de los rohingyas es calificada como “intento de genocidio” por la ONU

La Organización de Naciones Unidas expresa en un informe que los crímenes acontecidos en Birmania contra la minoría musulmana deben ser investigados y juzgados por un tribunal internacional.

La persecución de los rohingyas es calificada como “intento de genocidio” por la ONU
Refugiados rohingya. / RR SS.
Refugiados rohingya. / RR SS.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha presentado un informe donde señalan como “intento de genocidio” la operación militar ejecutada hace un año por el Ejército de Myanmar –la antigua Birmania- en el Estado de Raijne, al oeste del país, contra la minoría rohingya. En el documento la organización afirma que los responsables de la Fuerzas Armadas deben ser investigados y además expresa que el Gobierno es responsable de permitir que el discurso del odio sobrepase cualquier frontera moral, de destruir archivos claves y de no proteger a la minoría musulmana de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dirigidos por el Ejército en los Estados Kachin, Shan y Rajine. Estas son las conclusiones realizadas por un grupo de investigadores miembros de la ONU que certifican las sospechas de la organización, que desde septiembre calificó la operación militar contra los rohingya como un ejemplo “de limpieza étnica” en una nación.

Los expertos critican duramente Aung San Suu Kyi, nobel de la paz, porque “no utilizó su cargo ni su autoridad moral para frenar o prevenir los acontecimientos en el Estado de Rajine”.

Los crímenes cometidos en el estado de Rajine, y la manera en la que fueron perpetrados son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional en otros contextos”, afirma la ONU en el documento de la Misión Internacional de Investigación del organismo. A juicio de los investigadores, los factores que indican intencionalidad fueron por medio del “contexto opresivo más amplio y la retórica del odio” contra la minoría musulmana rohingya, además de apuntar a “declaraciones específicas” de parte de autoridades y mandos.

Min Aung Hlaing, máximo responsable de las Fuerzas Armadas, expresó hace un año en plena ofensiva militar contra la minoría rohingyas que el problema de esa etnia se ha convertido en “un trabajo sin terminar” y que su Gobierno no estaba haciendo lo suficiente para “resolverlo”.

Asimismo, la investigación señala elementos que equivalen a un intento de genocidio las políticas impartidas desde el Gobierno consideradas como excluyentes hacías los rohingyas debido a que buscaban alterar “la composición demográfica del Estado de Rajine”. De igual forma, el nivel de participación militar, a juicio de la Misión Internacional de Investigación, apunta a “un plan para la destrucción y el alcance extremo de la brutalidad de la violencia”,

El 25 de agosto en 2017 insurgentes el Ejército de Salvación Rohingya de Aranka (ARSA) atacaron puestos policiales y militares causando la muerte de centenares, en su mayoría guerrilleros, desatando una nueva ola miliar de la que han escapado hasta 725.000 rohingyas en el último año hasta Bangladesh. “Hay suficiente información para investigar y procesar a altos funcionarios en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas de manera que un tribunal competente pueda determinar su responsabilidad en cuanto al crimen de genocidio en relación al estado de Rajine”, esgrime la investigación de la ONU.

Los crímenes cometidos en el estado de Rajine, y la manera en la que fueron perpetrados son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional

Los investigadores de las Naciones Unidas han elaborado un listado con los presuntos culpables entre los que figuran Min Aung Hlaing; a su segundo al mando, Soe Win; al comandante dela Oficina de Operaciones Especiales-3, el teniente general Aung Kyaw Zaw; el responsable del Mando Militar de la Región Occidental, el general Maung Maung Soe; al general de brigada de la 33 División de Infantería Ligera, Aung Aung, y el general de la brigada 99 División de Infatería, Than Oo.

Los investigadores realizaron un informe paralelo y más largo el cual entregaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que lo custodie. Asimismo, los expertos critican duramente la líder de facto birmana, Aung San Suu Kyi, nobel de la paz, porque “no utilizó su cargo ni su autoridad moral para frenar o prevenir los acontecimientos en el Estado de Rajine”.

Los expertos piden al Consejo de Seguridad de la ONU enviar el caso hasta la Corte Penal Internacional (CPI) o al menos crear un tribunal internacional penal ad hoc para juzgar los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas birmanas. Hasta ese momento, expresan que debe crearse un mecanismo independiente en imparcial para preservar y analizar las pruebas reunidas, además de imponerse sanciones individuales contra los presuntos responsables y un embargo contra Birmania. @mundiario