La persecución política a la oposición se agudiza en Nicaragua
Cada día, la oposición es aplastada en Nicaragua. La última movida del régimen de Daniel Ortega, quien busca la reelección en las elecciones generales de noviembre, es haber ordenado al Consejo Supremo Electoral (CSE) a que inhabilite a la coalición opositora Ciudadanos por la Libertad (CxL). En la resolución firmada por los magistrados del CSE, en su mayoría afines al gobernante Frente Sandinista, el tribunal aceptó una petición del también opositor y colaboracionista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) para que le fuera suspendida su licencia legal.
Según María Haydeé Osuna, representante del PLC, "CxL cometió constantes violaciones a la Ley Electoral debido a que incumplió obligaciones y a que su presidenta, Kitty Monterrey, tiene doble nacionalidad (estadounidense-nicaragüense)".Según el CSE, la presidenta de la agrupación “utilizó procedimientos irregulares” y “ha venido teniendo comportamientos fuera de las condiciones y regulaciones técnicas legales para esta clase de organizaciones políticas”.
También ha cancelado la personalidad jurídica a tres partidos políticos, y el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, reformó la Ley Electoral, la cual estableció un mayor control en la estructura electoral a favor de los sandinistas. En su considerando, el CSE explicó que ese poder del Estado tiene como atribución aplicar las disposiciones constitucionales legales referente al proceso electoral y dictar de conformidad con la ley de la materia las medidas pertinentes.
Argumentó que la Ley Electoral establece que no pueden ser inscritos como candidatos a los cargos de elección popular “quienes no tienen las calidades, tuvieren impedimentos o les fuera prohibido de conformidad” con la Constitución y una serie de leyes, aprobadas recientemente por los sandinistas. Entre esas leyes, el CSE mencionó la Ley de Regulación de Agentes Extranjero, y La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
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CACERIA DE OPOSITORES
Lo cierto es que esta decisión debilita a la oposición y fortalece a Ortega. Desde el dos de junio se han encarcelado a varios candidatos a la presidencia que iban a competir contra el exguerrillero en las elecciones de noviembre.
Cristiana Chamorro fue la primera candidata a la presidencia en ser detenida por el régimen de Ortega. Hija de la ex presidente Violeta Barros de Chamorro, los agentes policiales irrumpieron violentamente en su residencia , ubicada a unos 11 kilómetros al sur de la capital, y se llevaron parte de sus pertenencias y papeles de trabajo.
La misma suerte pasó Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana y también con aspiraciones presidenciales. Ese mismo día, unas horas más tarde, sería arrestado en su vivienda de Managua.
Al regresar de una gira por Estados Unidos, fue arrestado en el aeropuerto Augusto César Sandino el ex embajador Arturo Cruz, otro dirigente que se preparaba para postularse a la presidencia en las elecciones de este año.
Después, el turno le llegó a Félix Maradiaga, un académico y activista, que fue detenido después de comparecer a declarar ante la Fiscalía, donde le confirmaron que le habían abierto una investigación por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.
El 20 de junio fue arrestado el periodista Miguel Mora, quien había anunciado sus intenciones postularse a la Presidencia por el opositor Partido Restauración Democrática (PRD).
El 6 de julio el líder campesino Medardo Mairena, quien también había sufrido un cruento arresto previo y había anunciado sus intenciones de aspirar a la presidencia, fue detenido al igual que el opositor Noel Vidaurre y la aspirante a la vicepresidencia, Berenice Quezada.
EE UU SANCIONA
Este viernes, Estados Unidos congeló las visas a 50 familiares de funcionarios nicaragüense ligados al gobierno de Ortega, para un total de 150 visas retiradas desde julio por Washington. Más de 30 funcionarios y familiares del mandatario nicaragüense han sido sancionados con restricciones migratorias y financieras por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá en los últimos tres años.
