La aplicación de la pena de muerte agita el debate otra vez en Perú

El presidente Martín Vizcarra. - Presidencia
El presidente Martín Vizcarra. - Presidencia

Una declaración del presidente Martín Vizcarra sobre la viabilidad de la medida para resolver la ola de violencia contra la mujer ha generado diversas reacciones en la clase política.

La aplicación de la pena de muerte agita el debate otra vez en Perú

Perú ha vuelto a reabrir el debate de la aplicación de la pena de muerte. El presidente Martín Vizcarra señaló el domingo pasado que esta medida podría ser evaluada por su Administración como una posible respuesta para reducir la ola de violencia contra la mujer en el país. “El tema es un cambio normativo que pasa por el Congresos y en consecuencia estamos próximos a tener una nueva representación, hay que evaluarlo”, dijo el mandatario a la prensa.

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hasta febrero de este año se reportaron 32 feminicidios. Una cifra menor a los 165 informados al cierre del 2019. La gravedad de este panorama para las mujeres agudizó cuando se conoció hace unos días la conmovedora historia de una niña de cuatro años quien, en su intento por encontrar a su madre en una fiesta costumbrista en el distrito limeño de Independencia, fue violada y asesinada por un joven de 15 años.

La declaración del presidente Vizcarra sobre la pena de muerte generó controversia en la clase política. La Defensoría del Pueblo señaló que “no constituye una medida adecuada para combatir la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes”. Por su parte, el Tribunal Constitucional enfatizó que “lo recomendable será que el Estado tenga mejores políticas de prevención y sanción contra los agresores”.

En el Congreso, las posiciones se han mostrado dispares. Las bancadas de Acción Popular, Somos Perú, Partido Morado, el Frente Agrícola del Perú, Frente Amplio, Alianza para el Progreso descartaron la implementación de la medida. Mientras que en grupos como Unión por el Perú, cuyo líder es el encarcelado dirigente etnocacerista Antauro Humala, han saludado que el presidente Vizcarra haya acogido una de sus propuestas que publicitaron en la pasada campaña electoral. 

Ante la polémica, el Ejecutivo salió a descartar este martes que la aplicación de la pena de muerte esté en agenda. “Puedo decir que la pena de muerte no está en agenda. No estamos preparando ningún proyecto de reforma normativa”, dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, a la televisora Canal N. “Es muy respetuoso de los tratados internacionales”, agregó en referencia a las declaraciones del presidente Vizcarra.

Medida inviable

La pena de muerte tuvo vigencia en Perú entre 1956 y 1979. En este periodo se ejecutó a 7 hombres por los delitos de asesinato y violación. El último caso fue el exmilitar Julio Vargas Garayar, a quien se le acusó de realizar espionaje a favor de Chile. En la actualidad está en el artículo 140 de la Constitución de 1993, en el que señala su aplicación solo para aquellas personas que hayan cometido el delito de traición a la patria en tiempos de guerra, y sido participes de actos terroristas.

“No es aplicable de ninguna manera”, enfatiza Gloria Cano, directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) a MUNDIARIO. “Aplicar más violencia para reducir los índices de feminicidios no es la solución correcta”, añade. La letrada señala que esta medida se está aboliendo poco a poco en el mundo. “El Gobierno no tiene que evaluar nada porque debemos respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, zanja.

“Sería muy cuestionable”, agrega Francisco Eguiguren, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) a MUNDIARIO. “Se tendría que realizar una reforma en la Constitución y, además, salirnos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde hemos suscrito el Pacto de San José de Costa Rica”, explica. Para el reconocido jurista, la clave para aplacar la ola de violencia contra la mujer consiste en aumentar las penas para los feminicidas y eliminar los beneficios penitenciarios. @mundiario

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