Pedro Sánchez y Begoña Gómez, incluidos en la lista de comparecientes a la Asamblea de Madrid
El Partido Popular (PP) y Vox han incluido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, entre los comparecientes potenciales de la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid. La comisión, impulsada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, busca esclarecer un supuesto “trato de favor” hacia Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esta decisión se produce en un contexto de tensión política entre Ayuso y Sánchez, tras el rechazo de la presidenta madrileña a reunirse con el líder del Ejecutivo en La Moncloa este viernes, tal como había solicitado Sánchez.
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, justificó la inclusión de Sánchez en la lista de comparecientes alegando que la cátedra extraordinaria dirigida por su esposa “nació en la mesa del despacho del presidente del Gobierno”. Según Díaz-Pache, es necesario investigar cómo se creó esta cátedra y qué empresas se han beneficiado de ella. Díaz Ayuso, por su parte, ha criticado en diversas ocasiones la “politización” de la UCM y ha acusado al Gobierno de Sánchez de utilizar la universidad para favorecer intereses privados. Según la presidenta, el prestigio de la Complutense se ha visto afectado por este tipo de acciones.
Begoña Gómez ha sido citada a declarar por la justicia como investigada por presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, delitos que se relacionan con su papel como codirectora de dos másteres en la UCM. Uno de ellos, el Máster en Transformación Social Competitiva, está en el centro de la polémica. Tanto Gómez como el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, deberán acudir a la comisión de investigación el 13 de noviembre, aunque no están obligados a responder a las preguntas de los diputados.
A pesar de la inclusión de Pedro Sánchez en la lista, es poco probable que el presidente acuda a la Asamblea de Madrid. En precedentes similares, como el caso del expresidente Mariano Rajoy en el Parlament de Cataluña, los miembros del Gobierno de España han declinado este tipo de convocatorias, argumentando que solo deben rendir cuentas ante el Congreso y el Senado, no ante los parlamentos autonómicos. De hecho, varios informes del Consejo de Estado confirman que los miembros del Ejecutivo no tienen la obligación legal de comparecer en comisiones autonómicas.
El PSOE responde incluyendo a Ayuso en la lista
Por su parte, Vox también ha respaldado la investigación, señalando a Sánchez como el principal responsable de lo que consideran una “trama de corrupción”. Isabel Pérez, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, ha afirmado en la red social X (anteriormente Twitter) que “Sánchez es el capo de la mafia”, en referencia a los supuestos casos de corrupción vinculados al PSOE. Además de Sánchez y Gómez, la lista de comparecientes de Vox incluye a empresarios como Juan Carlos Barrabés y Víctor de Aldama, presuntamente implicados en el caso Koldo.
En respuesta, el PSOE, encabezado por Juan Lobato, ha registrado su propia lista de comparecientes, en la que figuran Isabel Díaz Ayuso, su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez (MAR) y el exconsejero de Educación, Enrique Ossorio. Sin embargo, dado que el PP cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea, es poco probable que estas comparecencias se lleven a cabo. Marta Bernardo, diputada socialista, ha criticado la “obsesión” de Ayuso con Pedro Sánchez y ha defendido la inocencia de Begoña Gómez, acusando al PP de prácticas corruptas en casos anteriores, como el máster de Cristina Cifuentes o los estudios de Pablo Casado.
El desarrollo de esta comisión de investigación queda, por tanto, en manos del PP, que controla el calendario y el número de comparecientes. La aplicación de la ley D'Hont en la asignación de cupos para cada partido ha generado controversia, ya que permite que el PP convoque a más comparecientes que el resto de grupos. Esto ha llevado a la oposición a plantearse acciones legales, incluidas posibles reclamaciones ante el Tribunal Constitucional. @mundiario