Bolaños: "La paz no hay que negociarla, hay que quererla y como tal, hacerla tangible"

Colombia ha logrado llegar a un Acuerdo Final de Paz, un documento de unas 300 páginas que firmado en La Habana, ha supuesto el virtual fin a 52 años de un conflicto que ha lastimado irremediablemente a la sociedad colombiana. Aún así, gran parte de esa sociedad ha dicho “no” a los objetivos de fondo del Acuerdo signado entre el Gobierno y las FARC, en el referéndum del 2 de octubre de este año. Ante tal escenario, se vuelve una tarea compleja comprender y desentrañar el significado de la paz y de la opinión pública que se ha manifestado tanto a favor, como en contra de la negociación final. Por esa razón, puede ser de gran utilidad realizar un ejercicio comparativo entre procesos, por un lado, el de una sociedad que ha pasado por la firma de la paz, y por el otro, una que busca que el proceso se consolide y conduzca a la Colombia del futuro.

En ese sentido MUNDIARIO presenta en exclusiva una entrevista con Raúl Bolaños del Águila, quien es sociólogo y analista político guatemalteco, experto en Cooperación Internacional, y quien ha sido Profesor universitario por 10 años en su país. Bolaños analiza las similitudes y diferencias entre el proceso  de paz guatemalteco y colombiano, así como algunos de los elementos aún difusos de este último, con el objetivo de brindar una perspectiva más amplia del mismo a los lectores.

— ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que ve usted entre el Proceso de Paz seguido en Guatemala, y el Proceso que ha seguido Colombia?

— Desde mi perspectiva hay que situar el contexto democrático de ambos países en el momento de ambos procesos. En el caso colombiano, puede referirse a un tipo de régimen ambiguo donde existen elecciones (regulares, competitivas, multipartidarias, etc.) pero donde no se respetan con claridad las libertades civiles y los derechos políticos (narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla) y en el caso guatemalteco, las restricciones derivadas de un régimen autoritario y la limitante en la competencia electoral, mantuvieron y constituyeron un movimiento social robusto, que derivó en la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) que en el momento del autogolpe de Estado en 1,993, permitió continuar con las negociaciones de paz.

Señalo esto porque quizás la ASC dotó de una mayor caja de resonancia a los acuerdos de paz y los mantuvieron ajenos a una discusión binaria (ejército/gobierno y guerrilla) que en apariencia se encuentra el proceso de paz colombiano. Otro punto importante reside en la representación de actores. Por un lado, en ambos países los parlamentos se encuentran cuasi ausentes, ajenos a procesos que recaen en los poderes Ejecutivos. En perspectiva, la representación territorial pudo ser clave en la continuidad de ambos procesos. Sumado a ello, la ausencia y liderazgo de las élites económicas no dota del carácter necesario a la transición democrática que necesitan unos acuerdos de paz para su implementación.

Un indicador de menor peso, y que jugó un papel decidido para el proceso de paz en Guatemala, fue el apoyo continuo de la comunidad internacional como mediadora y el rol de los países amigos (Suecia, México, Colombia, Estados Unidos, Noruega, Venezuela y España). Igualmente, el empuje del Nobel de la Paz en ambos países, de algún modo manda una señal que la comunidad internacional está atenta y en el caso de Santos, se percibe como una motivación para apoyar en el replanteamiento del proceso.

— ¿Diría usted que el Proceso de Paz en Guatemala puede calificarse de exitoso? ¿Por qué?

— En Guatemala, entendimos, quizás tarde, que la justificación ideológica para la existencia del conflicto, no era la bisagra principal. Nuestro mayor reto ha sido la institucionalización democrática: superar las barreras del racismo, la exclusión y la inequidad. Nos hemos quedado cortos en construir mecanismos de diálogo y abrir la negociación en espacios vinculantes. Nos acostumbramos a justificarnos detrás de la polarización y del conflicto y a construir Estado detrás del apoyo internacional. 

Hoy quizás nos parecemos a la Colombia actual: Somos una especie de Estados neopatrimoniales (en Guatemala luego de la finalización del conflicto armado, acudimos a una violencia organizada producto de una simbiosis y génesis mafiosa y corrupta con la extensión de grupos criminales que manejan redes de apoyo institucionales en el poder judicial y en el sistema político). Tenemos élites acostumbradas, acopladas y en convivencia con redes criminales que utilizan el Estado como medio y mecanismo para acuerpar la corrupción y el narcotráfico. Para estas redes, la institucionalización democrática de la paz es más bien un obstáculo, de ahí su escasa promoción y compromiso. 

— ¿Para qué se necesitaba realizar un referéndum si las partes en pugna habían firmado un Acuerdo Final de Paz?

— En ambos procesos se ha intentado que la vía de las urnas otorgue legitimidad, pero el empuje de las élites para movilizar y motivar a los electores en su ratificación, ha sido muy débil, siendo el abstencionismo y las zonas castigadas por el conflicto armado, las de mayor participación. Aunado a ello, las divisiones étnicas, rurales y urbanas, son el contrapunto a dos realidades tangibles: la necesidad de la paz y el precio de la guerra.

Por ello es importante entender las implicaciones políticas en ambos casos. En el guatemalteco, se realizó una consulta popular para aprobar las reformas a la Constitución Política previstas dentro de los Acuerdos de Paz. En el colombiano, la decisión era vinculante directamente a la decisión empujada por el presidente, siendo en ambas, soluciones arriesgadas en términos de capital político. En Guatemala, el cese definitivo o el acuerdo de Paz Firme y Duradera no estaba condicionado a una aprobación en las urnas. Su debilidad recayó tres años después en una agenda que quedó prácticamente coja e inconclusa. En Colombia los riesgos y pérdida de legitimidad para ambos lados (gobierno y las FARC-EP) condiciona el cese definitivo del conflicto armado. Aquí es importante matizar que la URNG no fue catalogada como grupo terrorista, permaneció en su condición de grupo beligerante, y en el caso de las FARC-EP, el gobierno de Uribe promovió tal valoración. Es determinante porque esta figura cierra las vías de negociación y abre la vía militar. Además, denota la justificación y promoción del NO entre sus principales detractores.

Lo importante a señalar es que votar por una pregunta no resume estas implicaciones y el cese o finalización del conflicto armado se reduce a la expresión pública del perdón frente a la impunidad, a la representación política y el fantasma de la toma del poder por la guerrilla, o incluso, la propiedad privada y la reforma agraria como derrotas en la negociación. Manejar en clave política estos problemas que resultan estructurales, son ambivalentes y riesgosos porque son temas sensibles que el estatus quo no está en la lógica de negociar.

— ¿Qué escenario prevé usted para Colombia luego del resultado del referéndum?

— Se ha escrito y puesto en entredicho los mecanismos de consulta y, sobre todo, el deseo a la paz. Una pregunta válida en la coyuntura actual es ¿qué hubiera pasado si el resultado es exactamente el mismo, pero al revés, es decir a favor del SI? ¿Hubiera sido válido tener una paz con ese escaso margen de aceptación y abstención? ¿Cómo se supera la experiencia de Guatemala, en términos de Galtung, de pasar de una paz negativa –cese del conflicto armado y un alto al fuego- hacia una paz positiva que operativice de forma conjunta la paz y no la deje en acuerdos?

Luego de nuestra negativa en la Consulta Popular, en Guatemala carecemos de liderazgos claves y emergentes, de agendas nacionales mínimas para planificar, presupuestar e implementar políticas y de la promoción de mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas para retomar la agenda que dejó pendiente el proceso de paz. Esta quizás es nuestra mayor lección para Colombia. La firma y el cese al fuego, no incluye las garantías de su justificación y operativización. Hay que implicar a los actores claves, por lo tanto, el gobierno de Santos tiene una oportunidad de generar ‘cintura política’ frente a los promotores del NO.

— ¿Qué sectores considera usted que están en contra de la paz en Colombia?

— La retórica y el maniqueo político. Más allá de personalizar procesos entre Santos y Uribe, hay que tener claro que los entresijos del Acuerdo Final, deben ser procesados y entendidos. Apropiarse de un proceso no debe estar condicionado a la agenda sino más bien a la razón por sí misma que la paz es tu mejor opción. La paz no hay que negociarla, hay que quererla y como tal, hacerla tangible. Si entre el gobierno y la guerrilla existe desconfianza, ¡qué podemos esperar de la propia sociedad! La apropiación inclusiva de los acuerdos resultan determinantes.

— ¿Qué efectos pueden darse a largo plazo si los miembros de la guerrilla no enfrentan penas de cárcel?

— Se debe entender que la paz siempre estuvo y estará incompleta, sin embargo, el castigo no debiera ser la justificación para su no concreción, sino más bien, la garantía a una justicia pronta y cumplida, y que la sociedad perciba el compromiso decidido en el reconocimiento y la reparación. Debe dejarse claro que los delitos de lesa humanidad no están a la misma altura que los delitos criminales y sobre todo, que impulsar el perdón, la reconciliación y la cultura de paz es una política de Estado.

— ¿Cómo se integrarían los mandos medios y bajos de la guerrilla, a una sociedad colombiana pos-conflicto?

— Uno de los temores justificados para los opositores y enemigos de guerra, tiene que ver con la capacidad política en la arena electoral y a su vez, con la desmovilización efectiva de las estructuras paramilitares y el poder armado. Para ello hay que generar condiciones de reinserción. El error más emblemático para Guatemala es que se pensó más en la guerrilla que en el ejército. Es clave por lo tanto definir el rol del Ejército y el de las fuerzas policiales. El ejército se redujo, pero no se impulsaron acciones y políticas para insertarse a una vida productiva en la economía formal. A su vez, las patrullas de autodefensa civil (estructuras paramilitares en las comunidades indígenas) se justificaron sobre esta ausencia de políticas para rearticularse y convertirse en grupos de presión con poder de veto cuasi militar a nivel territorial. Se aprovecharon del vacío de poder y la ausencia del Estado para agruparse. Este esquema se repite con la aquiescencia del proceso de desmovilización de paramilitares con las Autodefensas Unidas de Colombia o el Pacto de Ralito que generan espacios subnacionales donde el Estado Nación es débil, entremezclando dos caras de un mismo proceso: narcotráfico, impunidad y conflicto armado.

Debe existir para ambos bandos, la garantía de acceso a la justicia. En Guatemala fue clave el papel de la Iglesia Católica con el Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica, así como la Comisión de Esclarecimiento Histórico para establecer y documentar los hechos. Hoy ambos grupos tienen la oportunidad de esclarecer en tribunales los delitos de lesa humanidad, aunque la existencia o no de genocidio, continúa polarizando a la sociedad guatemalteca.

— ¿Qué papel jugarán las FARC a nivel electoral dentro de un sistema político democrático?

— Las negociaciones de paz en Centroamérica, suponen la reinserción de las guerrillas a la arena política y con ello, la transferencia y polarización ideológica al campo de las urnas electorales. El peso político de la URNG en Guatemala, paulatinamente ha ido disminuyendo, al punto casi de desaparecer. En el Salvador, existe una transferencia a la competencia electoral y fruto de ello, la alternancia en el poder de ambos partidos como antiguos contendientes de la guerra. Quizá por esto la negociación introdujo una variante que para la opinión pública suponía una ventaja para las FARC-EP. Al grueso de promotores del NO, garantizarles una representación permanente les predijo el consabido riesgo que algún día podrían alcanzar el poder. ¿Si los derrotamos militarmente porque otorgamos reconocimiento institucional?

En términos de capital político, esto asusta a la oposición que considera ventajas innecesarias y los coloca como ganadores en la negociación. El clásico juego de suma cero, en donde lo que gana el otro, lo pierdes tú. Lo primordial para la paz, es que gane la sociedad y no uno de los contendientes. Si se traduce una negociación en estos términos y, por otro lado, le añejas la reforma agraria, la promoción de la igualdad, derechos y compromisos frente a los estigmas y estereotipos, el polvorín está servido para que las encuestas se volteen en tu contra el día de la elección. El error en ambos casos fue suponer que la sociedad se maneja a la misma velocidad que los negociadores. No por mucho madrugar, amanece más temprano.