¿Y qué puede pasar si Puigdemont no va a declarar ante la Audiencia Nacional?

La Audiencia Nacional ha citado a Carles Puigdemont y sus exconsejeros a declarar este jueves como imputados por rebelión y sedición. La sentencia ha abierto la puerta a la incógnita. Ahora la gran encuesta apunta hacia la decisión que adoptarán los implicados: ¿Acudirán o no acudirán? El panorama se nubla, sobre todo luego de que el expresidente de la Generalitat, refugiado en Bélgica, dejara claro este martes que no regresará a España mientras no haya garantías de un juicio justo.

Sin embargo, la postura desafiante de Puigdemont podría llevarle a afrontar un escenario aún más adverso. En ese sentido, la agencia oficial Efe, explica que en caso de que los imputados decidan no presentarse en el tribunal, la Fiscalía podría pedir a la jueza Carmen Lamela, encargada de llevar el caso, que dicte las correspondientes órdenes europeas de detención y entrega (OEDE), que de contar con la aprobación de la magistrada, daría luz verde para que las autoridades belgas procedan al arresto de Puigdemont y sus consellers.

Este eventual plató estaría amparado por la legalidad establecida en las OEDE  o euroórdenes, encargadas de sustituir al procedimiento de extradición entre los estados miembros de la Unión Europea (UE), haciendo gala de un sistema ágil de entrega que entró en vigencia en España en el año 2004, luego de que al ordenamiento español se traspuso una directiva europea en 2002, detalla Efe. En ese sentido, la publicación subraya que el principal objetivo del procedimiento dictado por la OEDE es simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único para tramitar la extradición.

En este punto resulta preciso destacar que la regulación europea ofrece el beneficio de reducir los motivos de denegación de la extradición y, además, suprime el principio de doble incriminación en una lista de determinadas circunstancias, entre las que no se incluyen la rebelión y la sedición, las dos causas por las que se imputa al expresidente presidente catalán. Ahora bien, la legalidad si inserta algunos supuestos relacionados con la corrupción, como la malversación, un delito por el que podría aplicarse a Puigdemont.

Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores y, de decidirse ir adelante con el ordenamiento jurídico belga, los seis ex altos cargos catalanes serían detenidos y puestos a disposición de un juez, quien ahora tendría la potestad de decidir si los implicados son puestos en libertad, o si por el contrario, se mantienen en prisión hasta que se resuelvan las disyuntivas sobre la ejecución de la orden. En este punto el panorama legal presenta dos opciones claras: los reclamados pueden aceptar su entrega voluntaria a España y regresar sin mayores complicaciones. O bien, apostar al otro extremo, en el que la decisión queda totalmente en manos de la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispondría de un plazo de quince días para dictar una sentencia.

En cualquiera de los casos, concluye Efe, el tiempo juega un papel determinante. En el primer escenario, en el que las personas afectadas aceptan la entrega, esta debe ser resuelta en los diez días siguientes. Mientras que en el lado contrario, de no aceptarse, la decisión de la Cámara deberá ser tomada en un plazo de sesenta días a partir de la detención. @mundiario