El Partido Demócrata acusa a Trump de desatar una crisis constitucional

La Casa Blanca.
La Casa Blanca.

La última orden ejecutiva de la Casa Blanca tiene a todo Estados Unidos en caos, mientras el Gabinete de Trump amenaza con llevar su decreto más lejos.

El Partido Demócrata acusa a Trump de desatar una crisis constitucional

Apenas ha pasado una decena de días desde que la Casa Blanca estrenó nuevo inquilino y, probablemente adelantando los pronósticos, la crisis política y constitucional que se preveía desde que Donald Trump era candidato a la presidencia se ha empezado a cumplir. Su orden ejecutiva del viernes -en la que vetó el ingreso a Estados Uidos a personas oriundas de siete países de mayoría musulmana- desató una oleada de protestas, manifestaciones y movilizaciones a nivel nacional, en las que ya no participan tan sólo civiles y organizaciones de derechos humanos, sino incluso políticos con nombre propio en Washington.

La oficina de Trump ha intentado minimizar el impacto pero los efectos de su decreto han llegado al corazón de la sociedad estadounidense y, hay que decirlo, del mundo. El fin de semana, el Partido Demócrata envió a varios de sus diputados a los aeropuertos que hospedaron multitudinarias movilizaciones en protesta a la orden de Trump. Fue en una de esas presencias en las que Don Beyer, representante del partido izquierdista, se convirtió en el primero en confirmar que todo aquel caos era ya una auténtica crisis constitucional. La orden del empresario ha impedido a los cientos de extranjeros que se encuentran recluídos en aeropuertos ver a sus abogados, algo que va contra la ley.

Al clamor del partido progresista se le unió el del conservador. Lindsey Graham y John McCain, auténticos patriarcas republicanos, emitieron un comunicado en el que aseguraron que la medida del empresario podría colaborar más al reclutamiento de nuevos terroristas que a guardar la integridad del territorio estadounidense. Graham y McCain se quejaron de que Trump impulsó su mandato sin la consulta previa con el Departamento de Defensa, de Estado ni el de Justicia, con todo y que los tres despachos están involucrados en el cumplimiento del mismo.

Por medio de sus fiscales generales, las fiscalías de hasta 16 estados se pronunciaron el domingo en contra de la orden de Trump. ""Como jefes de los funcionarios legales de más de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros de nuestros estados, condenamos la inconstitucional y antiestadounidense orden ejecutiva del presidente Trump", reza el documento que comunicó el desacuerdo.

Trump seguirá adelante

Pero todo el desorden, caos y rechazo generado por todas partes parece no ser suficiente para hacer que Trump se retracte. Rience Priebus, jefe de Gabinete de la actual administración, advirtió el domingo que la presidencia podría ampliar la lista inicial de siete países, pues su jefe está dispuesto a "llevar aún más lejos" su orden. Priebus aseguró que el veto no cuenta para quienes cuentan con su Green Card, es decir, aquellos que ya cuentan con la residencia legal. No obstante, aseguró que a partir de ahora esas personas deberán pasar más filtros y que quienes se encuentran detenidos podrán salir del país en cuando se compruebe "que no son mala gente".

Priebus dijo que los afectados actualmente son solamente 20, contrario a lo dicho por el Departamento de Seguridad Nacional, que aseguró que la seguridad de los aeropuertos negaron el acceso a Estados Unidos a 109 personas, mientras que otras 179 fueron detenidas antes de abordar su vuelo. Esta medida tomó sin defensa a aquellos residentes estadounidenses que se encontraban en sus países de origen y que, debido a la ambigüedad de la orden, no saben si podrán regresar a sus hogares.

Priebus fue tajante respecto a aquella situación. "Si eres un ciudadano estadounidense que no para de ir y venir de Libia, podrías acabar siendo objeto de aún más interrogatorios", declaró a la cadena NBC. "Es una medida a discreción de las autoridades aduaneras. No digo que esté en la orden, pero la autoridad aduanera tiene la capacidad de realizar preguntas a esta gente", agregó.

La orden federal de revocamiento

El sábado, una jueza federal con base en Nueva York ordenó revocar la orden del magnate, aunque eso a la larga sólo creó más confusión. En el extranjero, la orden ejecutiva hizo que muchas aerolíneas impidieran abordar sus naves a varios pasajeros pues de cualquier forma se les impediría ingresar a Estados Unidos una vez ahí, con todo y que contaban con los documentos legales y aprobados desde antes incluso de que Trump se convirtiera en presidente.

El fallo federal obliga al Gobierno a dejar entrar a su territorio a aquellos inmigrantes y refugiados con documentos en orden que estaban en el aeropuerto o en pleno vuelo a Estados Unidos al momento de la firma de la orden. La jurista emitió su orden a raíz de la solicitud extendida por un conjunto de organizaciones de derechos civiles.

El domingo, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que la orden seguía vigente para quienes no habían empezado su viaje hacia Estados Unidos al momento de que la orden fue emitida. “Las órdenes ejecutivas de Trump siguen en vigor. La prohibición de viajar se mantiene y el Gobierno de EE UU conserva su derecho de revocar visados si así lo requiere la seguridad nacional”, confirmó la institución en un comunicado.“Aplicaremos todos los decretos del presidente de manera que garantice la seguridad de todo el pueblo americano”.

La Casa Blanca no ha mostrado el más mínimo gesto de preocupación. Priebus aseguró que todo ha salido de acuerdo a lo que habían planificado. Varias ciudades del país hospedaron multitudinarias manifestaciones a las puertas de los principales aeropuertos internacionales. Dentro de los mismos, líderes civiles, ciudadanos anónimos, congresistas demócratas y abogados voluntarios intentaban dar auxilio y apoyo a los detenidos. @hmorales_gt

 

 

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