Así se desarrolló la trama del saqueo de la estatal venezolana PDVSA
Exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros cobraron comisiones de hasta el 15 % por facilitar contratos de la petrolera estatal.
El fiscal venezolano designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció el martes que el Ministerio Público del país caribeño abrió una investigación al ex presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, por su presunta vinculación en el caso Andorra. Al menos 40 personas estarían relacionadas con el blanqueo de dinero en la Banca Privada d’Andorra.
El País resalta que exviceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) cobraron presuntamente más de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por intermediar para que compañías extranjeras consiguieran adjudicaciones de la principal firma estatal. La mecánica implicó, al menos, a diez personas —exdirigentes chavistas, empresarios y sus familiares—, según informes de la Policía de Andorra que maneja la juez Canòlic Mingorance, quien indaga el supuesto blanqueo en el marco de un expolio de la petrolera estatal.
Los pagos de los presuntos sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a 7.400 kilómetros de Caracas, y circularon por una telaraña de 37 cuentas corrientes a nombre de sociedades panameñas. El dinero saltó después desde el Principado a paraísos fiscales como Suiza o Belice.
De acuerdo a las cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales sobre sus sociedades instrumentales, a las cuales ha tenido acceso El País, la red estaba formada por los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de PDVSA y directivos de este gigante petrolero. El grupo se completaba con un magnate de los seguros y testaferros.
La trama justificó ante el banco andorrano sus millonarios ingresos como honorarios por trabajos de asesoría a empresas. Sin embargo, los investigadores sostienen que éstos nunca existieron, y que algunos de los informes por los que se pagaron minutas millonarias ocuparon folio y medio. La juez de Andorra sospecha que el grupo cobró comisiones de entre el 10 % y el 15 % a compañías extranjeras, especialmente chinas, que recibieron después contratos de extracción de petróleo gestionados por PDVSA y sus filiales.
Aunque Diego José Salazar, primo de Rafael Ramírez, está vinculado con la trama, pues acumuló siete depósitos y seis sociedades, y sus cuentas movieron 21,2 millones de euros, el ex Presidente de PDVSA no tiene cuentas en la BPA ni figura entre los investigados por la juez Mingorance.
Del estudio de las decenas de depósitos confidenciales abiertos por los investigados en la BPA se desprende que todos sacaron de Andorra la mayor parte del dinero antes de que los fondos fueran bloqueados por la investigación judicial, en julio de 2015.
El País indica que la alarma sobre la presunta trama de comisiones se activó después de que Francia advirtiera a Andorra de una transferencia sospechosa de 89.000 euros. El beneficiario del dinero fue un trabajador de un hotel galo y el concepto del envío, “regalo por servicios prestados”. Tras la operación, afloró una firma de Diego Salazar.
El siguiente movimiento se desarrolla en 2012. Salazar intenta enviar 40 millones de euros de Suiza a Francia para la supuesta adquisición de una propiedad. La juez andorrana bloquea la operación. En todos los casos aparece la BPA. Una entidad que está siendo investigada en el Principado por varias causas.
Las denuncias del Parlamento
Aunque es desde hace unas pocas semanas que el Gobierno de Nicolás Maduro viene prestando atención a la corrupción en PDVSA, lo cierto es que la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, venía denunciando la situación desde hace mucho tiempo. De hecho, en octubre del año pasado la Comisión de Contraloría del Parlamento presentó el informe final “del mayor caso de corrupción en la Historia de Venezuela”, donde "se evidencian 11 mil millones de dólares en irregularidades". La comisión parlamentaria se centró en 11 casos, incluyendo el de la trama de Andorra.
El Gobierno venezolano no sólo ignoró las denuncias presentadas por la oposición, sino que, además, el Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto la investigación del Parlamento. Los diputados que dirigieron la investigación habían dicho que perseguirían cargos penales para Ramírez, así como para los otros directivos de PDVSA supuestamente involucrados en las irregularidades, como el también expresidente de la estatal, Eulogio Del Pino, hoy detenido bajo cargos de corrupción. @mundiario
