'El País' califica de "deriva preocupante" la emprendida por Rajoy contra las libertades
El Gobierno del PP se arroga el poder de sancionar un catálogo de conductas que afecta a las libertades de los españoles, en su mayoría consagradas en la Constitución.
El País califica de "deriva preocupante" la emprendida por Rajoy contra las libertades, debido a que su Ejecutivo se arroga el poder de sancionar un catálogo de conductas que afecta a las libertades de los españoles.
El Gobierno del PP ha eliminado, según este diario, "algunos de los disparates notorios" que contenía la primera versión del proyecto de ley sobre seguridad ciudadana. Sin embargo, mantiene el propósito principal de la reforma, que tiende a desplazar hacia el Ejecutivo "la potestad de sancionar una serie de conductas", algunas de ellas tipificadas como faltas en el Código Penal.
Lo que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presenta como "una intención despenalizadora" supone, en la práctica, reducir la capacidad del Poder Judicial para dilucidar lo que es sancionable y lo que no.
Preguntas clave
Aquellos que denuncian un exceso de protestas callejeras lo achacan a insuficiencias de la legislación o a la lenidad de los juzgados —por aquello de que los infractores encuentran en ellos comprensión o lentitud—. La legislación siempre se puede mejorar dentro de los límites constitucionales, y es obvio que la respuesta gubernativa es más rápida y ejecutiva que la judicial; pero es una autoridad política, que se arroga también el derecho de llevar un fichero de infractores. ¿Quién lo controla, quién tiene acceso al mismo, qué uso se puede hacer de los datos almacenados?, se pregunta el diario de Prisa en un editorial.
Para El País, si el nuevo esquema legal entra en vigor, el ciudadano solo podrá recurrir las decisiones de la Administración a posteriori y por una vía más costosa que la penal.
El catálogo de conductas que se pretende sancionar comprende desde perturbaciones de actos públicos o reuniones (no comunicadas) ante órganos parlamentarios, hasta actuaciones contra los que intenten impedir desahucios u ofendan los símbolos de España o de las autonomías.
Parece evidente la finalidad del Gobierno de coartar protestas de carácter político o social, extrañamente mezclada con la sanción de la oferta de prostitución en zonas escolares y arcenes de carreteras, un aspecto parcial del problema planteado por la oferta y demanda de servicios sexuales.
