Un pacto positivo al precio de un coste electoral que pagarán los alcaldes

Pedro Sánchez junto a sus ministros en Barcelona. RR SS.
Pedro Sánchez junto a sus ministros en Barcelona. / RR SS.

Gobierno de la Nación y Gobierno nacional de Cataluña frente a frente, de igual a igual en las fotos, un poco menos en la realidad o tal vez un poco más en aquello que no se cuenta. Un acuerdo claro, presupuestos a cambio de gestos simbólicos y control de la calle.

Un pacto positivo al precio de un coste electoral que pagarán los alcaldes

La reunión intergubernamental de Barcelona, previa al Consejo de Ministros, ha permitido un claro acuerdo para que los Presupuestos Generales del Estado inicien su tramitación, que no su aprobación para la cual se deberán pagar nuevos peajes a los socios circunstanciales de la heteróclita coalición que sostiene al Gobierno. A cambio Pedro Sánchez ha aceptado los gestos simbólicos que exigía el gobierno catalán para mantener un poco más su ficción política: reuniones entre iguales, fotos, declaraciones. Como en medio del despliegue informativo los periodistas han preferido no indagar por el contenido de las conversaciones, sólo podemos especular. Entre las condiciones del acuerdo, que el orden público estuviese a cargo de la policía catalana que ha cumplido con profesionalidad, demostrando que cuando no lo hace es por órdenes de sus jefes políticos.

Un buen acuerdo para el Gobierno estatal, por más que desagrade a la oposición, pues permite prolongar la legislatura y dotarse de la mejor herramienta para gobernar después de tantos meses de gestionar apariencias. Incluso ha quedado tiempo para escenificar reuniones de mesa y mantel de ambos Presidentes con los empresarios y de Sánchez con la Alcaldesa barcelonesa. Todo en poco tiempo bien aprovechado.

No obstante hay dos rasgos negativos que no pueden obviarse. De un lado la constatación de que la violencia en las calles aumenta en cada jornada de protestas. Probablemente porque los más radicales comprenden que están siendo abandonados por las fuerzas moderadas del nacionalismo y quizás porque se están sumando a las protestas los habituales antisistema que sólo buscan la algarada callejera como adrenalina sustitutiva de otras formas antiguas de lucha. No basta que sean contenidos por la policía en ese simulacro de juego, pues su principal objetivo lo han conseguido antes de pisar la calle: alterar la normalidad cotidiana de familias, comercios, transportistas y otros colectivos. Un ejercicio de coacción que sufren a diario muchos catalanes no separatistas en entornos fuertemente ideologizados.

El segundo problema es el posible coste electoral para el Gobierno estatal. Como se ha visto en Andalucía, el conflicto catalán está tiñendo toda la política española. Las elecciones municipales, coincidentes con autonómicas y europeas, se van a disputar en ese clima enrarecido, donde la gestión local va a quedar sepultada en la extrema polarización. Algo que sólo favorece a Vox, un partido que no necesita programa ni candidatos. Le basta con la bandera del descontento, a imagen de lo que hemos visto en Francia. El riesgo para los Alcaldes y candidatos socialistas es mayor que para los de otras formaciones, pues se exponen a un voto de castigo. Ayer el Presidente aragonés aludía a ese riesgo como lo hizo hace escasas fechas su homólogo de Castilla-La Mancha.

Sin duda en las conversaciones no reveladas se habrán tratado los asuntos nucleares del contencioso catalán: financiación, competencias, presos y nuevo marco institucional de la autonomía. “En el marco jurídico vigente” es la nueva formulación del estado de la cuestión. Un eufemismo cómodo para ambas partes pues el desacuerdo es total sobre el contenido de ese marco jurídico, llámese Constitución, Estatuto de Autonomía o Código Penal.

Falta mucho para que la distensión llegue a la política catalana. No es probable que eso ocurra antes de las elecciones autonómicas de ese territorio, probablemente en 2019. Las distintas facciones del nacionalismo están demasiado enfrascadas en la competición interna como para abandonar la bandera del secesionismo. Todavía falta más tiempo para que unos y otros acepten que es más eficaz la política de Urkullu que la de Ibarretxe, por más que ambos persigan idénticos objetivos. @mundiario

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