Pablo Casado, atrapado en su laberinto
Pocos analistas dudan del hecho de que la convocatoria anticipada de las elecciones a las Cortes de Castilla y León no fue la consecuencia directa de una crisis grave de gobernabilidad en esa comunidad autónoma, sino que fue una decisión adoptada por Fernández Mañueco para hacer realidad el doble objetivo trazado por Pablo Casado desde la calle Génova: amortiguar el papel relevante que viene desempeñando Isabel Díaz Ayuso y alimentar la idea de un cambio de ciclo electoral que debería finalizar con el deseado acceso del líder máximo del PP al Palacio de la Moncloa.
Semejante estrategia suponía alterar la lógica que inspiró el nacimiento y posterior funcionamiento del Estado de las Autonomías. Las Asambleas legislativas y los gobiernos de las comunidades autónomas tienen como función prioritaria ejercer con eficacia y con eficiencia las competencias que han ido asumiendo a lo largo de las últimas décadas. Subordinar tal finalidad a la consecución de una ventaja partidista a corto plazo no se compadece con el respeto que debería existir a las reglas no escritas de un sistema democrático de calidad.
Los resultados de esta operación electoral no se correspondieron, finalmente, con las pretensiones de Mañueco y Casado. El PP ha quedado atrapado en una dependencia plena de Vox si quiere asegurar una mínima estabilidad gubernamental. Obviamente, esta opción tendrá consecuencias importantes en la dinámica futura de la política española y suscita explícitas inquietudes entre los socios europeos del PP. Los primeros indicios apuntan a que Pablo Casado no es capaz de encontrar una salida del laberinto en el que se ha metido.
Algunas voces están defendiendo la conveniencia de un acuerdo político entre PP y PSOE que impida la presencia, directa o indirecta, de Vox en el gobierno de Castilla y León. Se trataría de aplicar la misma estrategia que se viene utilizando en Alemania y Francia durante los últimos años (que, por cierto, no coincide con la que se ha practicado en Austria, Italia o Finlandia). Ocurre, sin embargo, que, en el caso español, no se dan las condiciones necesarias para hacer viable tal posibilidad. Ni el PP ni el Partido Socialista serían capaces de asumir el coste de un cambio tan importante porque los datos disponibles sobre el estado de opinión actual en el seno de los respectivos electorados no les permitirían disponer de la capacidad de maniobra requerida para tal giro. Circunstancias como el reciente intento del PP para hacer descarrilar la reforma laboral del gobierno o el mantenimiento del bloqueo de la renovación del CGPJ ilustran sobre el clima de máxima tensión que se registra entre ambas formaciones políticas.
Por lo demás, las urnas del pasado domingo han permitido constatar dos realidades relevantes. Por una parte, la fuerza electoral demostrada por algunas plataformas provinciales (singularmente “Soria Ya”), confirmando que la vieja estructura bipartidista sigue padeciendo una seria fatiga de materiales. Por otra parte, las malas cifras alcanzadas por Unidas Podemos parece indicar un cierto agotamiento de la formación cuya aparición -hace siete años- alteró notablemente el tablero político del Estado español. El anunciado y todavía no explicitado proyecto de Yolanda Díaz se enfrenta a la urgente e incierta tarea de refundar lo que en su día despertó grandes expectativas en amplios sectores sociales. @mundiario
