Las otras mascarillas tras la Covid-19

Sanitarios evalúan informes. / Pixabay
Sanitarios evalúan informes. / Pixabay
¿El esfuerzo de los docentes y sanitarios en los meses de pandemia será ninguneado propiciando su precariedad?
Las otras mascarillas tras la Covid-19

El solsticio de verano es una posición del Hemisferio Norte respecto al Sol en que proliferan los rituales festivos, las hogueras de San Juan y el recuerdo de tradiciones milenarias que tratan de reconciliarnos con una armonía de la Naturaleza que no controlamos. Este año, esta tradición ha vuelto a tener restricciones a causa de la pandemia, por más que acaba de cesar la obligatoriedad de las mascarillas en espacios exteriores y la cifra de vacunados supera los 15 millones. Por fortuna, el descontrol de la Naturaleza ha hecho que invocáramos más a la Ciencia; que “inventen ellos” reivindicaba como propia  la contemplación, pero las vacunas de la Covid-19 han reclamado una inversión sistemática para no depender de lo que la ignorancia no remedia.

Este San Juan nos ha evidenciado también un gran desajuste con el pacto constitucional que viene rigiendo la convivencia. De hacer caso a lo declarado por los indultados del procés, es probable que haya servido de poco la generosidad de este Gobierno para un “diálogo” fructífero y tranquilo. Y de atender a los tres sectores de derechas que se sientan en el Congreso, a sus quejas ante los tribunales,  a su prensa amarilla, y al número que montan alegando sentirse humillados y ofendidos, el panorama político se inclina hacia la frustración. Estos afectados no se fían de que la cúpula empresarial, la prensa internacional o la Comisión Episcopal hayan bendecido el expectante cambio que podría derivarse de estos indultos. Dicen sentirse traicionados por un Gobierno que no tendría otra aspiración que vivir en la Moncloa e, igual que los “acusicas” que se “chivan” al maestro para preservarse, han ido a Bruselas a decir que quienes gobiernan  España son tramposos de origen y merecen ser castigados no dándoles, por ejemplo, el dinero de la recuperación pospandémica. No se acuerdan de que no tienen alternativa para un conflicto que tanto han atizado.

Es llamativo, por otro lado, que para pintarlo, tanto los benevolentes como los indignados han recurrido al lenguaje religioso. Estos días vuelan por los medios palabras como “perdón”, “acto de fe”, “indulgencia plenaria”, “caridad cristiana” y “concordia”, e Iceta dijo en el Congreso preferir el Nuevo Testamento, “el del perdón”. Esta recreación simbólica de la cultura confesional hegemónica proporciona un marco simbólico para explicarse, aunque de poco valdrá si su antropología subyacente no avanza más allá; argumentos para el anatema no faltan en ese círculo, donde siempre ha habido condenas, incluso en algunas parábolas neotestamentarias. También estos vientos semánticos van y vienen y, siguiendo la dureza veterotestamentaria, judíos llegados a Palestina en 1947 no han cesado en la intolerancia en Oriente Medio; y en tiempos de mayor cristiandad triunfante, el disentimiento de nuestros antepasados proporcionó a Castelao amplios motivos para mostrar a Atila paseándose por Galicia en los años 30 del siglo xx, igual que se los había dado a Goya casi un siglo antes.

Café para todos

Parece, pues, que haya que espabilar y no quedarse en el inmovilismo de las metáforas; la interpretación de la “unidad de España” requiere para su “utilidad pública” una flexibilidad que no tiene el nominalismo a que se la quiere reducir. Habrá que modernizar, en lealtad  con el entendimiento colectivo, ese bagaje sentimental empezando por reconocer que, incluso para los mínimos acordados en la CE78, hubo fuertes desavenencias y que, entre ellas, estuvo el “café para todos” de Manuel Clavero Arévalo. Su descentralización administrativa de la territorialidad peninsular,  pretextada en la igualdad y la solidaridad, implicaba dos actitudes difíciles de aprender. Aquella Transición no fue unánime, pero fue vital para una evolución acorde con la necesidad de convivencia y modernidad; proporcionó un  modelo de Estado descentralizado que reparte los recursos para ejercer competencias en ámbitos de gran importancia para los ciudadanos, entre que sobresalen la Sanidad, la Educación o la atención a unos servicios en que tiene creciente relevancia la Dependencia de los mayores.

El Título VIII rige desde entonces el ejercicio diferencial de prestaciones, pero una interpretación rígida de “la organización territorial del Estado”, propicia el conflicto comparativo, y no es seguro pueda evitarse del todo con fórmulas más federales o confederales futuras. En Educación, en particular, no es fácil el intento de armonizar un café homologable para todos; las tensiones sociales, no todas de igual dimensión en cada territorio, existen, y también el influjo diferencial de los interesados en una educación democrática y democratizadora. Las competencias educativas que, desde los años noventa, se fueron extendiendo a todas las Comunidades son formalmente las mismas, pero las ventajas de su desarrollo, muy distintas de hecho en unas u otras, han hecho que tampoco la descentralización  haya garantizado a todos  necesariamente la educación debida en derecho. La simetría formal se traduce a menudo en  resoluciones y resultados muy diferentes en equidad de atención; con el resultado de que, desde la teórica proximidad de un servicio fundamental para el bienestar ciudadano, se fortalecen las brechas de la desigualdad: desiguales recursos, desigual atención a las necesidades reales, desigual eficiencia, y desiguales valores convivenciales a desarrollar en unos u otros centros educativos.  

Lo legal y lo justo

Si este ejercicio competencial no es homologable en equidad, de poco vale que -contando solamente los diez últimos años- la expresión “plan de estudios” aparezca 54.231 veces en el BOE, o que “interés público” sea mencionado 8.374; no vamos a ningún lado  si ese afán administrativista del “dominio público” y las “concesiones”,  no muestra que los elásticos “decretos-ley” actuales cuidan mejor los mimbres del bien común que concierne a todos. La Covid-19 está mostrando como signo de precariedad democrática -igual o más solapada que en las viejas políticas centralistas- síntomas de que las desarrolladas en algunas Autonomías no son homologables en equidad; lo muestran reiteradamente los informes educativos, las reclamaciones de los sindicatos docentes y las AMPAS. Y la Covid-19 también enseña ya que, si la fortaleza para superar sus graves problemas ha dependido de un Estado reconvertido al keynesianismo, mal va a casar que, en nombre de “la libertad”, volvamos a políticas obsesionadas por los recortes y privatizaciones, como ya se aventura en algunas Consejerías para el curso entrante; podrán ningunear el  esfuerzo ejemplar de los docentes y sanitarios en estos meses, pero esa  precariedad con los más pobres, hará más difícil la cohesión unitaria.

Como muestra la cuestión catalana, no es fácil caminar unidos; 2.030 veces  ha contabilizado Eva Belmonte la palabra “indulto” en el BOE, pero son muchas más las amnistías e indultos que tenemos que hacer con cuanto no hemos sabido gestionar respetando las diferencias en una unidad que ha de reinventarse cada día. Súmense los inconvenientes que ponen cuantos pelean por sostener distancias inaceptables, como pretende Orbán en Hungría en cuestiones de homofobia y educación o sus homólogos en algunas autonomías españolas. Educar directamente para sostener la diferencia como problema ni es democrático ni inteligente: ponerse la mascarilla de lo natural para violentar la biodiversidad humana nos deshumaniza. @mundiario

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