Otra vez vientos de fronda en Cataluña

Sede del Tribunal Constitucional. / RR SS.
Sede del Tribunal Constitucional.
Se ha publicado, y no ha sido desmentido, que determinados jueces del Tribunal Constitucional estarían preparando una sentencia que serviría de percha jurídica para más adelante invocar la nulidad del juicio por el intento de secesión.
Otra vez vientos de fronda en Cataluña

El deterioro institucional de Cataluña sigue imparable. Ante la inminencia de la sentencia sobre los sucesos ocurridos hace dos años, un intento unilateral de secesión, las instituciones catalanas jalean la desobediencia civil, utilizan el Parlamento como caja de resonancia de sus demandas y reducen el Gobierno autónomo a oficina de agitación y propaganda. Probablemente, además, facilitando financiación institucional al variado entramado agitador.

Precisamente lo que caracteriza al proceso catalán es que lejos de surgir espontáneamente o de la sociedad civil, está cuidadosamente promovido, organizado y dirigido por las propias instituciones que olvidando su carácter de Administración pública para todos los ciudadanos del territorio, han devenido en instrumentos de la agitación constante. Cualquiera que haya visitado oficinas públicas catalanas durante los dos últimos años habrá podido comprobar el grado de deterioro al que ha llegado la imagen de dicha Administración.

Despreciando cualquier sentido de la mesura, el Parlamento ha aprobado la expulsión de las policías estatales, una forma de señalar a quienes sufrirán luego el acoso directo, la investigación sobre el Jefe del Estado o la autodeterminación. También la amnistía de quienes todavía no han sido condenados. La descalificación constante que el Presidente catalán vierte sobre los jueces no puede ocultar que los intentos de los partidos catalanes para reformar sus instituciones pasan por el nombramiento político de todos los jueces.

Pero la historia nunca se repite de forma idéntica. El marco político ha variado. Además de la sentencia prevista para las próximas semanas, estamos en campaña electoral, lo que modifica las actitudes de los demás actores. Así, el mismo Presidente del Gobierno que toleraba el acoso en las calles cuando le interesaba reunirse con el Presidente catalán en Barcelona, ahora no cesa de invocar la suspensión de la autonomía por distintas vías. Quienes eran socios incómodos pero inevitables hasta ayer han pasado a ser objeto de advertencias constantes.

Por otra parte, quienes deberían de haber encabezado una oposición sensata y rigurosa al nacionalismo catalán, han preferido el gesto y la denuncia. Ciudadanos tiene sobre sí la gravísima responsabilidad de haber defraudado el voto masivo que lo transformó en primera fuerza política catalana para enarbolar la política constitucional e integradora frente a la insurrección excluyente. No lo ha hecho, dejando huérfana de representación a una fracción muy relevante del electorado catalán y poniendo en evidencia la escasa solvencia de sus propuestas y el bajo compromiso de sus dirigentes, prestos a trasladarse a Madrid a la primera oportunidad, hacia un ecosistema político más vistoso y menos problemático que la dura brega en las instituciones catalanas. 

El PSC, perdido en su laberinto identitario poco puede aportar. El PP catalán es un fantasma político sin incidencia alguna. Los partidos de Iglesias y Errejón, clónicos dentro de la sopa de siglas de la que se rodean, no desperdiciarán la oportunidad de equivocarse poniéndose en el lado contrario a los intereses generales del país. Quieren pescar en aguas revueltas y solo conseguirán despedazarse mutuamente.

La sentencia no se ha dictado todavía. El Tribunal Supremo tiene además dos obstáculos evidentes. De un lado el cumplimiento del plazo máximo de prisión preventiva que haría necesario excarcelar a los ahora reclusos. De otro la propia campaña electoral. El ambiente está tan contaminado que se ha publicado, y no ha sido desmentido, que determinados jueces del Tribunal Constitucional estarían preparando una sentencia que serviría de percha jurídica para más adelante invocar la nulidad del juicio antes citado. Es lo que ocurre cuando los criterios de reparto político pesan tanto en el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional.

Paralelamente, la crisis económica mayor o menor, afirmada por todos los expertos y negada ritualmente por el Gobierno, añade incertidumbre a la situación política. Algo que la insulsa campaña electoral no ha disipado. El viento de la fronda es perceptible  mientras el país escucha soliloquios desasosegantes. @mundiario

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