Ortega: Un raro empeño en parecerse a Somoza

Después de perder las elecciones de 1990 contra Violeta Barrios de Chamorro y de fracasar en las de 1996 y 2001, Daniel Ortega se hizo finalmente con la presidencia de Nicaragua en 2006. Desde entonces ha gobernado con calculada ambivalencia: por un lado, puso en marcha programas sociales como “Hambre cero”, “Plan Techo” o “Usura cero” y la conexión gratuita a internet desde los parques de distintas ciudades; por otro, garantizó al sector privado mano de obra barata –con el menor salario mínimo de Centroamérica–, sindicatos domesticados, ausencia de conflictos, impuestos regresivos y el predominio de un modelo neoliberal clásico. Su discurso antiimperialista, sandinista y socialista, cercano a Cuba y a Venezuela, se combinó con un buen entendimiento con EEUU, con ventajas a la inversión extranjera y el control de los movimientos migratorios y del narcotráfico. A la vez, un pacto con lo más conservador de la Iglesia –el célebre Monseñor Obando, enemigo feroz del sandinismo en los 80– supuso la prohibición de la interrupción del embarazo en todos los supuestos. Ahora bien, las ambigüedades se despejaban de manera contundente en cuanto surgían protestas populares, las cuales se reprimían salvajemente.

Ortega llegó a ejercer un poder omnímodo no sólo por los amplios márgenes de maniobra que le proporcionaban los pactos mencionados, sino también por el férreo control que detentaba sobre el Parlamento, el Consejo Supremo Electoral (CSE) o la Policía. Cada uno le servía como palanca para el control del otro. Por ejemplo, el CSE dejaba fuera del juego electoral a los adversarios incómodos, lo que le permitía disponer con facilidad de mayorías en la Cámara, siempre, eso sí, contando con una minoría de opositores, sin capacidad real de incidencia pero que legitimaban el sistema.

Este carácter autoritario, neoliberal y conservador en lo moral del régimen de Ortega fue dejando por el camino a lo más destacado del sandinismo de los 80, un proceso que ya había comenzado con la “Piñata” –reparto de bienes estatales entre algunos miembros de la cúpula sandinista– a comienzos de los 90. Así, pronto abandonaron las filas de Ortega los comandantes Henry Ruiz y Luis Carrión, Dora María Téllez y Mónica Baltodano, el escritor Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal, Gioconda Belli, Carlos Mejía Godoy, Oscar René Vargas, Mundo Jarquín, Víctor Hugo Tinoco… y el fiel Herty Lewites. El único nombre reconocible de los 80 que continúa con Daniel es el comandante Bayardo Arce.

Caen las máscaras. Con ese poder omnímodo y sin contrapesos, no hacían falta más máscaras. La cara autoritaria de Ortega se mostró pronto con la firma del acuerdo para la construcción de un Canal interoceánico con el propietario del grupo HKND hongkonés, que llevaría aparejada una inversión de 50 mil millones de dólares, sin que se diesen a conocer estudios previos sobre los impactos sociales, a pesar de que supondría confiscaciones de tierras, o medioambientales: el Canal atravesaría el mayor lago de la región.

En esa línea caudillista, Ortega aprobó el decreto de reforma de la seguridad social que reducía las pensiones e incrementaba las cuotas, sin negociaciones previas con los afectados ni con el sector privado. Se trataba de resolver el estado financiero calamitoso que mostraba el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social debido a su mala gestión. El resto de la historia es bien conocido: las protestas iniciales fueron brutalmente reprimidas. Entonces arreciaron las manifestaciones contra la represión, y ésta se agudizó. La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país atestiguó, en un informe demoledor de fecha 21 de mayo, la pérdida de 76 vidas, 868 heridos y 438 detenidos. También documentó “detenciones ilegales, prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa y otras formas de amedrentamiento”. Sin que cesase desde entonces el goteo de muertos, el siguiente hito de violencia se registró el 30 de mayo, Día de las Madres, al finalizar una gran marcha de apoyo a las familias de los fallecidos. A pesar de la participación de cientos de miles de nicaragüenses, los y las manifestantes fueron atacados a tiro limpio por la policía y fuerzas paramilitares a las órdenes de Ortega, lo que provocó la muerte de otras catorce personas y un centenar de heridos. Y así hasta la última semana, cuando, el sábado 23 de junio, un ataque al recinto universitario de la UNAM dejó dos muertos y catorce heridos; cuando el cardenal y el nuncio apostólico, acompañados de otros obispos, tuvieron que acudir en procesión a Masaya para evitar otra masacre; cuando en Nagarote y León, se registraron otras cuatro víctimas; y cuando, el sábado 30, al finalizar la “Marcha de las Flores”, la policía y los paramilitares apostados en las inmediaciones dejaron con sus disparos otros dos muertos y once heridos.

El número exacto de víctimas no se conocerá hasta que transcurra un tiempo, pero las cifras que maneja la CIDH y el Centro nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) atestiguan que ya se han sobrepasado con creces las doscientas y que se contabilizan más de mil trescientos heridos.

Situación económica

Durante estos 11 años ha sido notable el crecimiento del PIB, empujado por las remesas de emigrantes, la inversión extranjera, la cooperación internacional –especialmente venezolana[I]–, los elevados precios internacionales de los productos de exportación –café, azúcar, oro, tabaco, madera, carne…– y las crecientes entradas por turismo. No obstante, al tratarse de un modelo concentrador, benefició sobre todo a un pequeño grupo de multimillonarios: 210 nicaragüenses ostentan un patrimonio superior a los 30 millones de dólares. Mientras, la desigualdad aumentó y también la sobreexplotación de recursos naturales, que ha dejado al país entre los más desforestados de la región.

En forma previsible, la crisis actual comienza a sentirse: las reservas internacionales se han reducido entre mayo y junio en un 8%; los depósitos bancarios han disminuido en 620 millones de dólares, y se ha estimado para 2018 un decrecimiento del PIB del 3%, frente al incremento del 4,9% en 2017. No obstante, las remesas han aumentado y el gobierno cuenta todavía con margen para gastos y compromisos presupuestarios.

Las salidas al conflicto

Hay dos escenarios posibles. En el primero, se llega pronto a un acuerdo en el marco del Diálogo Nacional que conduce la Comisión de Mediación y Testigo presidida por la Conferencia Episcopal de Nicaragua –diálogo en el que participan el Gobierno por un lado, y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a estudiantes, campesinos, sector privado y sociedad civil, por otro–. Un acuerdo que signifique el cese de la violencia y la represión, la convocatoria adelantada de elecciones –sin posibilidad de reelección–; la remoción de los desacreditados y nada fiables miembros del CSE y los mandos policiales comprometidos con las masacres; y la creación de una Comisión de Verificación y Seguridad formada por el Gobierno y la Alianza Cívica, que –con el apoyo del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos, la Unión Europea, la CIDH y la OEA y, por otra parte, con la jerarquía de la Iglesia Católica como testigo– garantice el cumplimiento de lo acordado. Las variantes en este escenario son que el gobierno encargado de convocar elecciones lo presida Ortega u otra persona que ofrezca más confianza. Su continuidad o reemplazo dependerá de la correlación de fuerzas.

El segundo es que continúe la violencia, lo que podría acabar desembocando en una guerra civil, aunque uno de los contendientes, la ciudadanía, tendría que luchar con armas caseras, mientras el gobierno lo haría con fusiles, ametralladoras y armamento militar pesado.

Es difícil predecir el escenario más probable. Ortega no parece dispuesto a hacer concesiones que lo aparten del poder. Las declaraciones de su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, son provocadoras e hirientes –ha calificado a los inconformes como “vampiros que reclaman sangre” y “seres minúsculos y tóxicos”–. Por otro lado, un editorial de la revista El 19 acusa de actitudes traidoras a estudiantes, clérigos y burguesía y ha amenazado con recuperaciones de tierras, casas, negocios y dinero. Sin embargo, también aquí hay cierta ambigüedad pues, el astuto Ortega, aunque sigue matando, continúa en la mesa de negociación y ha consentido el ingreso al país del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH y del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Así, todas las salidas permanecen abiertas, si bien, a medida que transcurran las semanas sin que cese la represión, el espacio de negociación de Ortega se achicará.

¿De qué depende la concreción de alguno de estos escenarios? En primer lugar, de la movilización popular. Si escala a otro estadio –con la convocatoria de nuevos paros nacionales-–su capacidad de presión será mayor. En segundo lugar están los intereses de la familia Ortega-Murillo. Se trata de un grupo numeroso compuesto por nueve hijos, yernos y nueras, muchos de los cuales ocupan posiciones relevantes en los negocios familiares que van desde el sector de la energía y  la distribución de petróleo, hasta la banca y los medios de comunicación[II].

¿Compartirán los hijos las posiciones numantinas de sus padres, si tal fuera el caso? Laureano Ortega Murillo, quien negocia inversiones extranjeras en nombre de la familia; Juan Carlos Ortega Murillo, director de Telenica Canal 8; Camila y Luciana Ortega Murillo, directoras del Canal 13; o Yadira Leets Marín, nuera de Ortega, quien funge como gerente general de la distribuidora nicaragüense de petróleo, ¿ligarán su suerte al empecinamiento de Ortega, teniendo toda una vida por delante, o le presionarán para buscar una salida honorable?

En tercer lugar está el Ejército, que ha proclamado en varias ocasiones su “neutralidad”: ¿la mantendrá o, en caso de escalada del conflicto, terminará involucrándose, con el riesgo en ese caso de ver congelados sus importantes activos en EEUU?

Por último, está la capacidad de presión de la comunidad internacional, la que deberá aumentar no sólo porque Ortega posiblemente esté cometiendo crímenes de lesa humanidad, sino también porque se verá cada vez más afectada en sus propios intereses –caída del turismo, problemas para las compañías internacionales de seguros, dificultades para el transporte regional de mercancías, inestabilidad…–. La permanencia de un Ortega cada día más parecido a Somoza amenaza con un final similar al de aquel. Y ese es el peor escenario: que Ortega crea que está ganando, como lo creía Somoza en su día. Al final lo perderá todo, pero habrá dejado un país destrozado y un sufrimiento indecible. Igual que Somoza.

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