Ortega Díaz compara su posible destitución con el golpe de Estado de 2002
El presidente Nicolás Maduro apura los pasos para destituir a una de sus más fervientes críticas tras haber nombrado a una vicefiscal sancionada por Estados Unidos.
La escalada entre Nicolás Maduro y Luisa Ortega Díaz alcanzó su punto fulminante en apenas dos días. Si el lunes la fiscal general felicitó a la oposición por ser los únicos que quedan en defensa de Venezuela, el martes el presidente respondió nombrando a una vicefiscal que fue sancionada hace un tiempo por Estados Unidos y que obedece al nombre de Katherine Harrington. Pero no solo eso, el régimen chavista también dejó abierto el futuro de la actual fiscal, quien es por mérito propio la enemiga interna número uno del Palacio de Miraflores. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la misma entidad que nombró a Harrington, podría aceptar enviar a juicio a la jefa del Ministerio Público, lo cual sería una antesala a su posible destitución.
La fiscal estaba citada para el día de ayer en el Supremo, pero pasó de presentarse pues dijo que si lo hacía "convalidaría un circo que teñiría la historia de Venezuela de vergüenza y dolor". "La decisión está cantada y no los reconozco (a los magistrados del tribunal)", expresó, consciente de que su destitución ya es inminente. "No he cometido delitos ni faltas, y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo. Quieren intimidarme, callarme para que no siga diciendo verdades. Todavía persiste en Venezuela la ruptura del orden constitucional (…) Esto es un golpe de Estado, más grotesco que el de Pedro Carmona", calificó la fiscal, quien comparó su situación con el golpe de Estado que en 2002 dejó fuera del cargo durante 72 horas al entonces presidente Hugo Chávez.
En la audiencia participaron Pedro Carreño, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien fue el encargado de demandar a Ortega Díaz por supuestas irregularidades en el ejercicio de su cargo; Tarek William Saab, Defensor del Pueblo; y Manuel Galindo, Contralor General. Durante esta visita, los demandantes presentaron argumentos para demostrar que efectivamente la fiscal general había incurrido en serias faltas al negar su participación en la reunión del Consejo Moral Republicano, el cual eligió a los 17 magistrados que tomaron las riendas del Supremo en 2015, justo cuando el Parlamento iba a ser tomado por la oposición tras las elecciones legislativas de aquel año.
Maduro y sus huestes saben que están obligados a demostrar que las instituciones avanzan por buen camino y que todos sus movimientos se hacen respetando la ley. El desmarque de Ortega Díaz no hace sino desnudar la desfachatez del régimen, dispuesto a jugar a cumplir las normas si eso les garantiza mantenerse en el poder, aunque luego vaya y viole derechos humanos y las mismas leyes para defenderse en las calles. De momento, su cercanía con los magistrados del alto tribunal le han permitido al Ejecutivo sostener su cabeza pese a que eso no cumple los criterios de separación de poderes que demanda toda democracia, pues se ha alejado deliberadamente de cualquier despacho que tenga cualquier atisbo de su oposición. Carreño, haciendo gala de cinismo, defendió que la democracia la han roto el Poder Legislativo (la Asamblea Nacional, en manos opositoras) y el Ministerio Público, pues ambos están en sendos frentes abiertos con el resto de los poderes.
El diputado oficialista acusó a la fiscal de ser "mentirosa", "manipuladora" y "bipolar". Sus palabras fueron secundadas por los otros dos demandantes. Saab, de hecho, dijo que está dispuesto a un mano a mano con ella si insiste en que no estuvo en la reunión del Consejo Moral Republicano.
Y así, si Ortega Díaz llega a ser destituida, Harrington está lista para tomar su puesto. Esta vicefiscal fue sancionada por Washington, pero eso al chavismo le ha importado poco pues es alguien comprometida con su causa, tal y como a ellos les gusta. La sanción de Estados Unidos llegó desde la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de aquel país.
Harrington fue sancionada entonces como parte de un decreto que declaró a la república bolivariana “como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos". Sus bienes en el gigante del norte están congelados y tiene prohibida la entrada. Al momento de ser sancionada estaba a cargo de dos casos de vital importancia contra líderes opositores: el de la exlegisladora María Corina Machado y el del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, pues ambos estaban supuestamente conspirando contra Maduro.
