En la Operación Lezo se mezclan en el fango el sector político, judicial y periodístico
Los procesos judiciales realizados en los últimos años permiten constatar que el PP hizo uso de su prolongada hegemonía política en las comunidades de Madrid y Valencia para esconder graves prácticas corruptas.
Los casos de corrupción que brotan en el universo del PP siguen una secuencia repetitiva. Cuando aparecen los primeros indicios informativos, los dirigentes de la calle Génova niegan rotundamente su existencia y remiten cualquier explicación o investigación a su eventual tratamiento en las instancias judiciales. Después, cuando ya comienza el proceso de instrucción penal, echan mano del argumentario conocido: reclamación de la presunción de inocencia para los afectados, consideración de que estamos ante episodios aislados (la teoría de que son algunas manzanas podridas en un cesto limpio) y denuncia de las maniobras perversas de la oposición para desgastar al gobierno y tirar provecho partidista.
En la reciente Operación Lezo -que afecta, entre otras personas, al expresidente de la Comunidad de Madrid- concurren dos circunstancias novedosas. La primera: los obstáculos protagonizados por la fiscalía anticorrupción -y no corregidos por la Fiscalía General del Estado- para dificultar el procesamiento de las principales figuras involucradas. Y, además, la imputación inicial de dos responsables del periódico La Razón -su director Francisco Marhuenda y su presidente Mauricio Casals- por coaccionar a Cristina Cifuentes mediante una técnica de indudables resonancias mafiosas: si la actual presidenta madrileña denunciaba las prácticas del grupo de Ignacio González sufriría un fuerte acoso mediático para penalizar seriamente ese comportamiento.
La interferencia de la fiscalía constituye un grave atentado a las reglas de funcionamiento de un Estado de derecho. Los mismos que denuncian, con extraordinaria dureza verbal, este tipo de actuaciones en otros países, guardan ahora un significativo silencio. Al fin y a la postre, estamos ante las nocivas consecuencias de la aplicación de la perversa combinación entre la judicialización de la política y la politización -partidista- de la justicia.
Francisco Marhuenda. / Wikipedia
Lo acontecido con Francisco Marhuenda es revelador del papel que están jugando determinadas “estrellas” mediáticas. Mas allá del presunto contenido delictivo de las amenazas telefónicas -provisionalmente descartado por el juez instructor- lo que resulta indiscutible es la voluntad de condicionar las decisiones de un cargo público relevante a través de aquella vieja admonición de que ”como no haga lo que yo digo, se va a enterar”. Las perguntas surgen inevitablemente:¿el director de La Razón constituye una excepción o es la expresión paradigmática de una regla extendida por los despachos de los grandes medios convencionales? ¿Existirá una reflexión autocrítica entre el cuerpo directivo de las empresas de comunicación o asistiremos a la enésima aplicación de la lógica corporativista que se resume en la conocida expresión de que “perro no come carne de perro”?
La Operación Lezo contiene una interesante variedad cromática: utilización -por parte de políticos que se declaran apasionados defensores del liberalismo y de la superioridad intrínsica de la lógica económica privada- de empresas públicas para conseguir millonarios rendimentos personales en paraísos fiscales; participación de importantes directivos empresariales -el ínclito López Madrid, yerno de Villar Mir y viejo amigo “peligroso” de Felipe de Borbón y de su esposa Letizia- en el circuito corruptor y presencia del tertuliano Marhuenda con lenguaje de matonismo tabernario.
Los procesos judiciales realizados en los últimos años permiten constatar que el PP hizo uso de su prolongada hegemonía política en las comunidades de Madrid y Valencia para esconder graves prácticas corruptas en la administración de los recursos públicos. La dimisión tardía de Esperanza Aguirre es la certificación de la permisividad que han otorgado a esas prácticas en los círculos dirigentes del partido.Por eso, las personas que han venido votando al PP desde 1995 quedan interpeladas por todo lo que se está conociendo. ¿Mirarán para otro lado o penalizarán en las urnas este enorme destrozo ético?
