Opciones para profesionales de la justicia en vez de más políticos en el TC español
Estos días son de impasse en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la madrileña calle del Marqués de La Ensenada, ante la inminente convocatoria de un nuevo pleno para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que corresponden a este órgano del gobierno judicial.
La intentona anterior fracasó, sin que tan siquiera se llegara a realizar una votación entre los vocales sobre los candidatos. Las posiciones están muy enfrentadas entre ellos: ninguno apuesta por ningún otro que pudiera ser avalado por el 'bando' contrario. Incluso entre las distintas sensibilidades de 'progresistas' y 'conservadores' existen posiciones que parecen ya irreconciliables. Así las cosas, la papeleta es del presidente Gonzalo Moliner para no presentar el final de su breve mandato al frente de la institución con el sonoro fracaso de esta incapacidad del órgano que ha presidido para elegir los dos nombres que pudieran obtener los 13 votos necesarios para ser propuestos al Rey como nuevos magistrados del Constitucional.
Hasta el momento han trascendido las candidaturas de Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado con Zapatero; Juan Carlos Campo, exsecretario de Estado de Justicia y juez de la Audiencia de Cádiz; Ricardo Enríquez, magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo; José Lopez de la Serrana, magistrado también del Supremo, y Juan Antonio Xiorl, presidente de la sala civil del mismo alto tribunal. Ninguno de ellos parece contar con el apoyo suficiente e imprescindible para optar al cargo, de ahí que, según el entorno del propio CGPJ, se esté ahora en el escenario de intentar proponer nuevos nombres de magistrados de carrera en activo que cuenten con experiencia en la jurisdicción constitucional y con buenos curriculums que puedan suscitar el apoyo de los vocales. Entre estos está sobre la mesa del CGPJ el nombre del gallego doctor en Derecho por la Universidad compostelana Alfonso Villagómez Cebrián, que es magistrado de lo Contencioso-Administrativo en Madrid y exletrado del Tribunal Constitucional. En definitiva, que, dadas las diferencias 'políticas', una opción es que sean magistrados de carrera en activo capaces de sumar apoyos.
