Los Juegos Olímpicos de Río ocultaron el vandalismo político que sufre Brasil
La presidenta Dilma Rousseff está separada temporalmente del poder y afronta un proceso de destitución, pero muchos de los políticos que la acusan son investigados por corrupción.
Ryan Lochte, el medallista del equipo de natación de los Estados Unidos en las Olimpiadas de Río, y sus tres compañeros de equipo que protagonizaron un escándalo en la ciudad brasileña, decepcionaron a los atletas y decepcionaron a todos los norteamericanos, dijo el presidente del Comité Olímpico estadounidense, Scott Blackmun, este domingo 21 de agosto.
Los cuatro nadadores vandalizaron una gasolinera en Río y después dieron una versión falsa de los hechos, al afirmar que habían sido víctimas de unos ladrones disfrazados de policías.
Lochte admitió que estaba muy borracho cuando contó la historia ficticia.
“Acepto toda la responsabilidad porque exageré excesivamente esa historia –dijo Lochte el sábado a la cadena televisiva norteamericana NBC–. Si no lo hubiera hecho, no estaríamos en este lío. Nada de esto habría pasado, de no ser por mi comportamiento inmaduro”.
La francachela, al parecer, les va a costar caro a los cuatro nadadores. Pero al menos Lochte ha reconocido públicamente su error.
El acto de vandalismo más grave, sin embargo, no llamó la atención de los medios que cubrieron las Olimpiadas. Ni los culpables han reconocido su error. Lejos de eso.
Estos otros vándalos no cometieron sus tropelías en Río, sino en Brasilia, la capital. En abril y mayo de este año, la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, votaron a favor de destituir por seis meses a la presidenta Dilma Rousseff y someterla a un juicio político con miras a su separación definitiva del mando. La acusan de violaciones a la ley presupuestaria y a la ley de probidad administrativa. Su vicepresidente, Michel Temer, la sustituyó en la dirección del país. Dilma lo ha acusado de traidor.
El proceso de destitución es una cortina de humo, como dijo Celso Rocha de Barros, columnista del diario Folha de São Paulo, tras la cual se amparan políticos corruptos para eludir pesquisas en su contra. El instigador del juicio político, Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados, estaba bajo investigación por acusaciones de corrupción, entre ellas lavado de dinero y sobornos, y en mayo fue suspendido de su cargo por obstrucción de la justicia. En julio renunció, entre lágrimas.
En cambio, Dilma no ha sido acusada de haber recibido sobornos. Si no ha habido delito de enriquecimiento ilícito, entonces, como dijo la propia Dilma, el proceso de destitución es un golpe de Estado.
Los políticos corruptos de derecha de Brasil quieren expulsar a Dilma definitivamente del Palacio de Planalto y poner en su lugar a Temer, uno de ellos, uno del grupo, para seguir forrándose los bolsillos y revertir las conquistas sociales de los trabajadores bajo el gobierno de Lula da Silva y luego bajo el gobierno de Dilma. A diferencia del nadador Lochte, los políticos de derecha no reconocen que han tergiversado la verdad.
Lamentablemente, la emoción y el esplendor de las Olimpiadas también ocultaron el drama político en Brasilia, que tantas consecuencias funestas puede traer al pueblo. El deslumbramiento con los Juegos y la superficialidad de los medios ocultaron el golpe de Estado, del mismo modo que los enormes carteles colocados a la salida del aeropuerto de Río impedían a los visitantes ver, en la distancia, las favelas de la ciudad, los vastos enclaves de la pobreza que Temer, Cunha y los demás golpistas no van a aliviar. Ellos son los verdaderos vándalos.
