Odebrecht demanda al Perú por el despojo de un proyecto de gasoducto
El caso Lava Jato tiene un nuevo capitulo en Perú. La constructora Odebrecht, investigada por graves actos de corrupción para obtener las licitaciones de obras públicas, ha presentado una demanda por 1200 millones de dólares ante un tribunal arbitral internacional contra el país sudamericano por el despojo de uno de los proyectos más ambiciosos que logró en los últimos años: el Gasoducto del Sur, cuya inversión costó 7.000 millones de dólares en infraestructura.
El Gasoducto del Sur consiste en más de 1.000 kilómetros de tuberías que deben partir del yacimiento de Camisea, en la selva del Cusco, y cruzar la compleja geografía de los Andes para desembocar en la costa pacífica. La obra reforzará el sistema de transporte de gas natural y permitirá la producción de energía eléctrica, beneficiando a seis regiones del sur del país.
La concesión de la importante obra ha tenido largos retrasos en los últimos años. En 2010, la empresa Kuntur Transportadora de Gas (KTG) —cuyo único accionista era Odebrecht— se hizo con el proyecto con una inversión de solo 1.330 millones de dólares y asumiendo el riesgo total de la obra. Sin embargo, el gobierno de Ollanta Humala decidió anular todo el proceso.
Nuevamente se volvió a licitar en 2014, pero con la sombra de los cuestionamientos. Solo hubo un postor —un consorcio conformado por Odebrecht y la española Enagás—. Su único rival fue descalificado entre denuncias de irregularidades y falta de transparencia contra la agencia gubernamental de privatizaciones.
La firma brasileña argumentó su posición de llevar su caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en la declaración que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski dijo que deberían retirarse de Perú “en un plazo de seis meses o en un plazo menor”.
Si se toma en cuenta el contexto, la posición del entonces mandatario se enmarca en las primeras revelaciones que dieron cuenta que Odebrecht había dado sobornos para lograr obras en tres gobiernos. Ese fue el caso del exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006), quien recibió 20 millones de dólares para adjudicarles los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.
La demanda de Odebrecht generó la respuesta de la fiscalía. El coordinador del grupo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, adelantó, en una entrevista al diario El Comercio, que los ejecutivos de la constructora brasileña serían incluidos en la investigación sobre los presuntos actos de corrupción en la concesión del gasoducto del sur si tratan de deslindar sus responsabilidades.
El Gobierno también se pronunció por la demanda de Odebrecht. "Resulta irónico poder compartir que, a pesar de estos hechos con evidencias manifiestas con carga probatoria suficiente y responsabilidades asumidas, (Odebrecht) tenga la frescura de acudir a un arbitraje”, dijo el primer ministro Vicente Zevallos en una rueda de prensa.
Una juez decidió en diciembre pasado que el Estado peruano debía devolver aproximadamente US$ 131.8 millones por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla a Odebrecht. La medida fue impulsada por los fiscales que investigan a la firma brasileña y apoyada por la Administración de Martín Vizcarra. @mundiario
