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¿Obró legalmente el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy con la prórroga a Ence?

Una prórroga de nada menos que 60 años a una factoría socialmente combatida que vierte cada día 14.443 kilos de residuos a la ría, y que está judicialmente recurrida por una mayoría de ciudadanos, asambleas y el propio ayuntamiento, no es cuestión baladí o materia de “despacho ordinario” de asuntos.

¿Obró legalmente el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy con la prórroga a Ence?
Mariano Rajoy. / Mundiario
Mariano Rajoy. / Mundiario

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Pablo González Mariñas

Pablo González Mariñas

El autor, PABLO GONZÁLEZ MARIÑAS, es colaborador de MUNDIARIO. Es político, profesor de Derecho Administrativo y escritor. Fue miembro del Partido Galego Independiente y diputado por la UCD en el primer Parlamento de Galicia. Tras ser uno de los fundadores de Coalición Galega, en 1985 encabezó la escisión del sector más nacionalista, que dio origen al Partido Nacionalista Galego. Fue conselleiro de la Presidencia y diputado por el BNG. @mundiario

La prórroga de la papelera de la ría de Pontevedra, por 60 años, otorgada de prisa y corriendo, y sin exhaustiva evaluación ambiental, a la empresa en 2016 por el Gobierno en funciones de Rajoy, es motivo de conflicto y discusión, política, jurídica y social.

Es seguro que el Ayuntamiento de Pontevedra habrá utilizado, en su recurso ante la Audiencia Nacional, todo tipo de argumentos para oponerse a tal decisión y conseguir su reversión o revocación. Pero me parece oportuno insistir, aparte de otras solventes razones medioambientales y urbanísticas, en el hecho de que tal decisión haya sido adoptada por un Gobierno en funciones.

En dicha circunstancia, el Gobierno cesante no cuenta con la confianza del nuevo Congreso electo, obligando a que la CE y la Ley del Gobierno contemplen esta situación transitoria, para evitar el vacío institucional, que continúen prestándose los servicios públicos elementales y, al tiempo, impedir que el Gobierno cesante tome decisiones importantes que condicionen al entrante, que sí contará ya con la confianza de la Cámara.

Los límites impuestos a un Gobierno en funciones son de diversa naturaleza: unos, específicos, otros, sujetos a interpretación del caso concreto. Dice la Ley que, estando en funciones, el Gobierno limitará su gestión “al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”.

La ley específica claramente algunas cosas que, siendo obvias, quedan vedadas en este caso al Gobierno (disolver las Cámaras, por ejemplo), pero la fórmula genérica que queda expuesta abre una zona de incertidumbre, sometida al buen uso de la discrecionalidad administrativa y la corrección política.

Una prórroga de nada menos que 60 años a una factoría socialmente combatida que vierte cada día 14.443 kilos de residuos a la ría, y que está judicialmente recurrida por una mayoría de ciudadanos, asambleas y el propio Ayuntamiento de Pontevedra, no es cuestión baladí o materia de “despacho ordinario” de asuntos.

Y ¿qué decir de la urgencia  si la cuestión viene enquistada desde hace décadas sin que los sucesivos Gobiernos hayan sido capaces de encauzarla? No se debe confundir urgencia con prisa, ha dicho nuestro Tribunal Constitucional.

¿Y el interés general? ¿Qué acredita que sea de interés general mantener a ultranza una factoría rechazada por la mayoría ciudadana y que ni siquiera asegura puestos de trabajo suficientes para enjugar los daños y molestias que acarrea y la propia expansión natural de la ciudad? No hay que confundir interés público con interés empresarial, salvo que este venga fundamentado en un consenso amplio que pondere daños y beneficios. Y no es el caso.

Además de las razones estrictamente legales, obran aquí también razones de prudencia política y cortesía constitucional, que obligarían  a no adoptar medidas que comprometan o condicionen al futuro Gobierno de la nación. Ya sé que esto último es mucho pedir; lo hago in statu inocentiae. @mundiario