Nuevos enredos en el interminable sainete de la política catalana camino del 14-F
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cree que hay que mantener las elecciones catalanas del 14 de febrero por su “interés público” y para no caer en una situación de “provisionalidad” que altere el funcionamiento democrático y el derecho fundamental al voto.
El decreto de 15 de enero pasado, de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, está firmado por el “Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda”. El título, tan pomposo como vacuo, revela una de las muchas mixtificaciones de la política catalana. Desde la dimisión del Presidente Torra, inhabilitado judicialmente tras una actuación que sólo puede calificarse de pueril, la lucha constante entre los dos partidos nacionalistas que allí gobiernan, determinó que el cargo quedase vacante, hasta el extremo de que al Vicepresidente se le prohibió ocupar el despacho del Presidente, las demás instalaciones e incluso firmar como tal. De ahí la fórmula citada.
Ciertamente Torra había anunciado desde el día de su toma de posesión que se consideraba Presidente-Vicario, y que el titular moral ya que no legal sería el prófugo Puigdemont, a quien la institución catalana sostiene en una cómoda canonjía bruselense, donde no representa nada pero determina mucho. El propio Torra declaraba en enero de 2020 que la legislatura estaba liquidada a efectos políticos, dada la incapacidad, añadamos la falta de interés, en mantener un Gobierno mínimamente efectivo. Sin embargo Torra, por los intereses de su grupo y también por los del citado prófugo, no convocó las elecciones, corolario lógico de su propio aserto. Por el contrario decidió aguardar a su propia inhabilitación, perseguida con empeño y luego desaparecer. A continuación los socios de gobierno pactaron no presentar nuevo candidato a la Presidencia, dejando que se agotasen los plazos previstos en el Reglamento del Parlamento.
De ese modo las elecciones fueron convocadas cuando legalmente ya no cabían más aplazamientos. Cuando se eligió la fecha del 14 de febrero ya se conocía la evolución previsible de la pandemia. Sólo cuando el PSC por sorpresa descartó a su candidato, previamente elegido por su organización, para decantarse por el ministro de Sanidad, los partidos nacionalistas cayeron en la cuenta de que las perspectivas electorales podían alterarse. Sólo en ese momento se acordaron de la pandemia para justificar una torticera maniobra política, a saber, dejar que el candidato Illa se desgastase en el Ministerio o bien en la candidatura, anulando que no aplazando las elecciones. Que en esa maniobra hayan encontrado el apoyo de los partidos constitucionalistas como PP y Ciudadanos, es uno más de los dislates continuos de la política catalana.
De modo que a diferencia de lo ocurrido en los procesos electorales recientes de Galicia y del País Vasco, el proceso electoral no quedó suspendido, por consenso de los partidos, hasta nueva fecha, sino que la propia convocatoria de elecciones quedó sin efecto (véase el artículo 1 del Decreto 1/2021 ya citado). En consecuencia, las nuevas elecciones serían convocadas cuando el Gobierno catalán lo considerase oportuno, inicialmente el 30 de mayo, pero subordinadas, dice el artículo 2 de la norma, a las condiciones epidemiológicas del momento libremente apreciadas por el Gobierno. Es decir, plena libertad para actuar de acuerdo con los sondeos de opinión.
Varios recursos presentados ante la Justicia han tenido el efecto de representar los deseos del PSC, opuesto al aplazamiento para evitar el desgaste de su candidato, sin que el propio PSC tuviese que sufrir el desgaste de recurrir. Dos autos del Tribunal Superior catalán han venido a añadir confusión, al suspender provisionalmente la anulación de las elecciones pero demorar la respuesta definitiva al día 8 de febrero, a seis días de la votación. Las estridentes acusaciones de los partidos nacionalistas hacia los Tribunales, reiteran manidos argumentos y dejan al descubierto que, como en todos los procesos iliberales de nuestro tiempo, el desprecio por las normas legales es la señal de identidad de los populismos actuales.
Sólo que la reiteración fatiga. Sectores sociales que han acompañado el proceso secesionista hoy se muestran abiertamente críticos. El último sondeo del CIS constata que el desgobierno catalán ya no cuenta con la mayoría electoral aunque paradójicamente es posible que la distribución del voto permita de nuevo una coalición de perdedores para alzarse con la Presidencia. Si hace cuatro años las elecciones fueron ganadas por Ciudadanos que luego no supo qué hacer con su mayoría, ahora podría repetirse una situación similar.
A tenor de los discursos, la única certeza de la política catalana es que los partidos nacionalistas han conseguido transformar el Ejecutivo en un sainete o una comedia de enredo, con mucho ruido, equívocos continuos y un final previsible. Interpretada por actores de segunda fila pues el elenco titular está imposibilitado de salir a escena. A ese mal teatro le llaman Gobierno. @mundiario
