La nueva Ley de Memoria Histórica no explica el fracaso de la anterior

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José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. / Archivo
Las buenas intenciones no ocultan el objetivo profundamente polarizador de la vida política que cohesiona al gobierno pero divide a la sociedad.
La nueva Ley de Memoria Histórica no explica el fracaso de la anterior

El Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que viene a sustituir a la vigente Ley de 2007 a través de un texto muy extenso. Solamente la Exposición de Motivos ocupa quince páginas. A pesar de lo cual se echa en falta un análisis mínimo del fracaso de la anterior Ley aunque se apunten algunas pinceladas. En la presentación ante los medios, el nuevo Ministro de la Presidencia ha dicho que ningún partido político debería de oponerse. Quizás sea un deseo bienintencionado o quizás el Ministro inflamado de devoción por su texto sólo vea en él bondades que superarían la división partidaria. Lo cierto es que los partidos de la oposición no valoran el texto de igual forma, en un abanico de opiniones que va del desinterés a la confrontación. Lo mismo que en 2007.

De este modo, la Ley nace con el mismo sesgo partidista que su precedente y cabe suponer que su desarrollo futuro seguirá el mismo camino incierto, de vacilaciones y períodos de desinterés. Ocurre así porque el objetivo inicial en 2007 era arrinconar a la derecha que se veía obligada a censurar día tras día un lejano pasado histórico o a retratarse defendiéndolo. Catorce años después el planteamiento político es esencialmente el mismo. Cualquier comparación con otros países es imposible. Por ello la futura Ley pretende consagrar la interpretación del franquismo que hace la actual mayoría, no construir una visión compartida que por otra parte parece difícil de lograr.

La nueva ley plantea pocas medidas innovadoras 

La Ley plantea pocas medidas innovadoras. Principalmente la voluntad de modificar por fin el impactante monumento del Valle de los Caídos, el más genuino de la dictadura. Pese a la extensión del Anteproyecto, muchos extremos se remiten a desarrollos legislativos futuros. Por otra parte, se crea un amplio número de organismos, alguno de tan poco recorrido como una Comisión del Gobierno con las Comunidades para coordinar sus políticas en la materia.

Muchas de las medidas propuestas, consideradas singularmente, parecen interesantes pero el conjunto dibuja un artefacto omnicomprensivo, con diferentes estructuras y múltiples líneas de actuación. Como si la dejación anterior fuese consecuencia de la simplicidad y ahora se pretendiera remediar a través de la burocratización. De hecho la sociedad civil o el mundo académico ocupan un lugar muy secundario en el borrador del texto legal.

Anotemos algunas carencias. Aunque se habla varias veces de los archivos y pese a que los historiadores españoles y extranjeros llevan décadas quejándose de la arbitrariedad de la actual legislación de Secretos Oficiales, cuya reforma se ha prometido en varias ocasiones, el texto otorga al Gobierno todavía un año más de prórroga para presentar el correspondiente proyecto de ley. De igual forma la reparación de las exacciones económicas (multas, confiscaciones y otras) impuestas a los vencidos por el franquismo se remite a un futuro desarrollo.

La mirada obsesiva sobre el pasado franquista, especialmente visible en el País Vasco y en Cataluña, es en realidad una mirada sobre el presente. Al identificar a sus rivales electorales con el franquismo, los gobernantes nacionalistas tratan de apropiarse del aura de pureza que a veces parece envolver a la Segunda República, en un flagrante ejercicio de falsedad histórica que omite su propio y discutible papel. Lo importante es que ese esquema primario funciona. Para el Gobierno estatal, la Memoria Democrática o Histórica es argamasa para la coalición de Gobierno y  trampantojo con el que llevar a la derecha, singularmente al PP hacia el burladero antes del descabello. Que la derecha asuma ese papel no deja de ser una sorpresa y un elemento más de diferenciación con la derecha de los países de nuestro entorno, que en ningún caso aceptaría ser asociada a los partidos que apoyaron el nazismo, el fascismo o el Gobierno de Vichy.

De modo que el debate del próximo otoño repetirá lo que se ya dijo en 2007. No hay ideas nuevas, no habrá propuestas novedosas y el futuro de la nueva norma se parecerá al de la anterior: buenas intenciones y objetivos confusos. @mundiario 

La nueva Ley de Memoria Histórica no explica el fracaso de la anterior
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