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MUNDIARIO

La Ley de la Memoria Democrática debe escapar de visiones maniqueas de nuestra historia

Es de esperar que la Ley de la Memoria Democrática sea más rigurosa al enjuiciar desde una perspectiva global nuestro pasado frente a la anterior Ley de la Memoria Histórica, calificada de "sesgada".
La Ley de la Memoria Democrática debe escapar de visiones maniqueas de nuestra historia
Investigar el pasado ha sido a veces arriesgado.
Investigar el pasado ha sido a veces arriesgado.

Hay dos aspectos con relación a la llamada “Ley de la Memoria Histórica”, su desarrollo y la ahora anunciada “Ley de Memoria Democrática” que me afectan directamente de forma profunda: el propio caso de mi abuelo, ferroviario ugetista, que estuvo preso y a punto de ser fusilado, y mi propio procesamiento como autor de un reportaje sobre el consejo de guerra y ejecución de una serie de republicanos en Tui, tras ser ocupada por las tropas y los elementos alzados contra la República y sometidos a un consejo de guerra por “rebelión”. Ya el propio Serrano Súñer llegó a reconocer la paradoja de que fueran juzgados por tal delito con el Código de Justicia Militar de la República a quienes le permanecieron leales.

En el libro del librero vigués Antón Patiño “Memoria de ferro”, se alude al caso de mi abuelo, el ferroviario Francisco Fernández Alcántara, quien con otro compañero llevaban la máquina del último convoy que circuló entre A Coruña y Monforte de Lemos tras el “alzamiento” del 18 de julio. Al pasar por Lugo subieron con el fin de escapar los miembros de las milicias que habían intentado oponerse a la rebelión de la guarnición militar. Al llegar a Monforte, mi abuelo y su compañero maquinista fueron detenidos por “auxilio a la rebelión” y encarcelados sin apertura de causa propiamente, pero expuestos a ser fusilados en cualquier momento. Mi abuelo, que era de UGT y militar de ferrocarriles perdió esta condición y pasó largo tiempo en la cárcel.

Mi propio proceso

En mi caso, fui procesado por la publicación en “Hoja del Lunes” de Vigo y en la revista “Sábado Gráfico” de un reportaje sobre la represión llevada a cabo en Tui, la última ciudad de Galicia que cayó en mano de los franquistas y que se saldó con el fusilamiento de conocidas y moderadas personalidades republicanas, médicos, funcionarios, empresarios y otras personas, entre ellos varios carabineros leales. Tuve acceso entonces no accesible ---y creo que ahora tampoco—sumario militar del Consejo de Guerra, donde se acusaba a los condenados a cosas tan pintorescas e inciertas como que habían maltratado al obispo de la diócesis (como miente Arrarás en su “Historia de la Cruzada”) o que –literal—“habían sembrado Tui de Minas y que no las pudieron explosionar porque en el momento de entrar las tropas liberadoras no disponían de mechero”.

Protagonistas de la historia de España [640x480]

Se aprende hablando con los españoles de los dos bandos.

El riesgo para mí era que estando todavía en edad movilizable y ser personal de complemento, pudiera absorberme la jurisdicción militar. La documentación que yo manejaba había sido obtenida por el hijo de uno de los fusilados gracias a un soldado, destinado a los archivos de la Capitanía General de Galicia, donde se custodiaban los expedientes de los consejos de guerra y todas las causas de la Guerra Civil. Finalmente fui procesado por la jurisdicción civil por la querella de la familia de un tenebroso personaje que colaboraba con los represores franquistas desde el Juagado de la localidad. Tras su demanda de conciliación, me reafirmé en lo escrito y fui Juzgado y absuelto por la Audiencia Provincial de Pontevedra, presidida por el padre de Mariano Rajoy que sólo apreció en mi escrito “animus historiandi”. En mi favor hubo testimonios impresionantes, como el de la maestra republicana Josefina García Segret, igualmente condenada a muerte, pero que salvó la vida fingiéndose embarazada, gracias al doctor Darío Álvarez Blázquez, que era el hijo de uno de los fusilados.

Entre los testimonios más conmovedores destaca el de un grupo de maestros depurados, por la comisión presidida por Pemán, a quienes como parte de su reeducación se les hacía asistir a los fusilamientos. Uno de ellos me contó dos anécdotas emotivas: el hecho de que, en el momento de ser fusilados juntos un padre y un hijo, éste se abrazó a su padre, intentando protegerlo, y el de uno de los carabineros que estaba incómodo ante el pelotón y pidió permito para retirarse y orinar antes de ofrecerse a las balas tranquilamente.

Sentido crítico o ley sesgada

¿Por qué cuento todo esto? Porque desde esta perspectiva, tengo un claro criterio crítico sobre la llamada “Ley de la Memoria Histórica”, su contenido y desarrollo, como ha escrito Stanley Payne y otros destacados historiadores e hispanistas.

La “Transición” marcó la voluntad de recuperar la convivencia civil en todos los sentidos, superando los odios larvados durante los 40 años de franquismo, como herencia de la guerra civil. Pero es cierto que quedaron pendientes cuestiones relevantes, como la recuperación y dignificación de los represaliados que yacían en las cunetas o en las fosas comunes de los cementerios. Y era un deber moral darle la adecuada respuesta, como se está haciendo. La llamada “Ley de la Memoria Histórica” pretendía ser un cauce reparador de olvidos y errores, pero resultó una “Ley sesgada”. Y lo fue porque parece establecer una dicotomía entre los españoles buenos y malos, obviamente, cada uno en bando diferente, como si en ambas partes no se hubieran cometido semejantes tropelías. Sólo antes de la guerra civil, fueron muertas entre asesinatos y enfrentamientos de pistoleros de los dos bandos 2.500 personas, como macabro preludio de lo que se avecinaba. Si nos horroriza el terror de las chekas,  ¿qué decir de los “paseos” del otro bando que llevaban a cabo falangistas? Según Palacios y Stanley G. Payne, las estimaciones actuales permiten aventurar que en el banco republicano se cometieron 56.000 asesinatos, cifra que casi se dobla en el bando de Franco, al sumarse las ejecuciones judiciales, derivadas de los consejos de guerra que se prolongaron durante muchos años tras la guerra civil. Pero ya no es una cuestión de cifras, “matar es”, como dijo Azaña.

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Lugares de España donde han aparecido fosas comunes.

En este caso, se han echado muchas veces las cuentas de los asesinatos y ejecuciones que cometieron unos y otros, e incluso se ha tratado de establecer gradaciones entre el terror anárquico y los procesos judiciales, ya fueran tribunales populares o consejos de guerra.  Cierto, que los crímenes del lado republicano fueron solventados en la llamada “Causa General: La dominación roja en España” y aparte, se substanciaron cientos de sumarios militares y de otros tribunales especiales como de la Represión de la Masonería, primero, y de Orden Público después. Los que tratan de explicar diferencias entre unos y otros, aluden al terror descontrolado del laso republicano frente a la represión igualmente descontrolada en la retaguardia de la zona nacional, pero continuada en forma de procesos y causas hasta los años sesenta de modo sistemático.

La nueva Ley de la Memoria Democrática

El nuevo giro de la “Ley de la Memoria Democrática” incluirá la prohibición de entidades como la Fundación Francisco Franco o todas aquellas que hagan apología del franquismo. Parece complicado meter en el mismo saco la nulidad de todas las condenas y sanciones producidas “por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil o la dictadura”.  ¿Serán exonerados criminales comunes como el gallego García Atadell dirigente de la célebre “cheka” de su nombre en Madrid, que dejó un reguero de sangre y robos? ¿Se va a hilar lo suficientemente fino?  ¿Y qué pasa con las propias sentencias que firmó como enterado Companys de personas inocentes cuya revisión también se reclama en Cataluña? El problema está en que no parece claro como discernir los delitos comunes de los políticos de determinados consejos de guerra por bandolerismo o estragos o asesinatos difícilmente asumibles como el de un guardia civil que esperaba un autobús en una zona rural de Galicia, llevada a cabo por la espalda por pretendidos “fuxidos”. Es de esperar que la Ley sea precisa para que, a su amparo, se cometan agravios o errores que santifiquen determinadas conductas en modo alguno justificables. La ley declarará expresamente ilegítimos el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, los Tribunales de Responsabilidades Políticas y los Consejos de Guerra en los supuestos “constituidos por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa”.  Los consejos de guerra se aplicaron también delitos comunes cometidos a mano armada. ¿Qué va a pasar con ellos?

Según el proyecto, se anularán los títulos nobiliarios concedidos a militares destacados por su partición en la guerra civil o la familia de Primo de Rivera, o los rehabilitados por Franco a los carlistas que se sumaron al alzamiento. Difícil parece a priori la labor de la fiscalía especial para investigar hechos acaecidos durante la Guerra Civil o en la dictadura, “incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución” y que puedan suponer “violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

Contenidos educativos en la escuela

La guerra civil española es el acontecimiento del siglo XX sobre el que mayor volumen bibliográfico existe. Para no incurrir en los mismos errores que se está cometiendo con respecto a ETA o la historia de Cataluña, en el País Vasco o esta comunidad, conviene que si se van a elaborar nuevos contenidos educativos en los colegios para que “todos conozcan la memoria y que no vuelva a ocurrir”, quienes los elaboren posean la perspectiva y conocimientos adecuados al fin propuesto. En ese sentido, se echa en falta ya de entrada el adecuado balance crítico sobre las responsabilidades y errores de la guerra civil y los episodios diversos que se sucedieron.

No deja de ser curioso que el mismo personaje que promovió la “Ley de la Memoria Histórica” causara un estrago en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca y el principio de la Unidad de Archivo, enviando a Cataluña una parte de aquél, con plena nocturnidad y de modo tan chapucero que se enviaron a esta comunidad documentos que no le pertenecían en origen.

Una Ley de Memoria Histórica o Democrática parece demandar una perspectiva completa y crítica, panóptica en suma, de la realidad, de los hechos que se deben conocer y que trata de conjurar para que nunca más se repitan ni se exalten. @mundiario