Nuestra libertad anda en juego estos días

Hace un año del confinamiento a causa de la primera ola de la Covid-19, ha habido otras dos más y casi 70.000 muertos. No es fácil este tiempo; el cansancio que produce y los problemas que ha ido generando no son buenos consejeros para valorar cómo proceder. Lo fácil es dejarse cegar para distinguir y, que nos seduzcan las ocurrencias tuiteras de los más iluminados. Algunas no pasan de repetición interesada de viejos prejuicios.

De la libertad parental

Entre los riesgos del momento, el más vapuleado es, una vez más, el de la libertad, señal de que no está bien asentada y que puede ser tratada de modo que se nos quede en nada como derecho y deber fundamental en democracia. El cómputo de situaciones en que se cuestiona es casi tan largo como la misma historia de la humanidad, pero en lo que toca a la coyuntura actual, no estará mal observar algunas. Por ejemplo, la insistencia que los de Vox en exigir el Pin parental, supuestamente para defender  “la libertad de los padres” para decidir sobre propuestas educativas en que se planteen cuestiones que dicen delicadas, como puedan ser las relacionadas con la educación sexual o, por extensión, las que tengan que ver con problemas sociales específicos en el currículum.

Por este portillo, basado en un conjunto de tabúes hegemónicos en nuestra historia, se abre otra buena brecha a la facultad del Estado de organizar, del modo más conveniente a la igualdad de todos, una educación universal que abarque los asuntos más relevantes del aprendizaje individual y social de sus ciudadanos. Se da prevalencia no solo a los padres, sino a que se consagre la que organizaciones e instituciones particulares han tenido en definir los intereses generales de todos, en la estela marcada por concordatos que limitaron todas las leyes generales de educación desde 1851 y que, actualmente, sigue en los Acuerdos con el Vaticano de 1979 bajo el paraguas de un oxímoron jurídico de difícil encaje en un país democrático como de la supuesta “aconfesionalidad” del Estado.

La reivindicada libertad parental no salva, de todos modos, la enorme cantidad de problemas que arrastra la educación de muchas generaciones en cuestiones de carácter estrictamente individual como en las concernientes al trato social. Al margen de otras muchas carencias, los datos que proporcionan diversas instituciones atentas a la violencia de género y a la sufrida por niños y adolescentes, no dejan lugar a dudas. En lo que va de año, llevamos ya varios crímenes en el primero de estos capítulos, signo de que tenemos un problema con la educación de hombres y mujeres en igualdad de derechos como personas. Y en cuanto al segundo frente, basta seguir el trámite inicial, de febrero de 2019, del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.  

Después de la CE78, España se apuntó a cómo en la Unión Europea y en distintos tratados hicieron al niño sujeto de derechos; sin embargo, el preceptivo informe previo del CES (Consejo Económico y Social) señaló que “la falta de datos globales, fiables y sistemáticos sobre la envergadura del fenómeno de la violencia contra la infancia y la adolescencia”, su “aumento espectacular” desde 2009, y la dificultad de proteger “el derecho de los niños y niñas a la integridad física y moral”, cuando hay un “problema grave y de crecientes dimensiones”. Los datos disponibles decían que, solamente en 2017, había habido 38.433 víctimas de algún ilícito penal de los contemplados en el Anteproyecto. Este es un buen indicador de que también tenemos en este aspecto un problema –no solo ligado a inaceptables comportamientos detectados en instituciones de control eclesiástico, supuestamente educadoras- y que no basta con encomendarlo a la supuesta libertad parental; según indicaba el pasado 23 de febrero la Fundación ANAR, los abusos de índole sexual se han cuadruplicado entre 2017 y 2021, siendo cometidos en gran medida en el entorno familiar de las víctimas; fallan muchas cosas en los ambientes familiares -especialmente del lado paterno, pero no exclusivamente- y aumentan, además, nuevas modas de agresión como las “manadas”.

¿Salvar la Semana Santa?

Vamos camino de la cuarta ola del coronavirus sin tener bien definidas las defensas respecto a lo que ha pasado hasta ahora. No parece, sin embargo, que hayamos aprendido nada. Algunos con influjo mediático y político siguen abusando de la libertad de movimientos; ahora mismo, entienden que hay que “salvar la semana Santa” –como quisieron salvar la Navidad y antes el verano- y, según trasciende en este momento, lo harán dejando “libertad” a los movimientos de sus ciudadanos en nombre del bien común, económico. A todas luces, la sagacidad semántica hace prevalente el de unos pocos, mientras esta falsa puerta de la libertad hace que quienes discrepen de esta turistificación de la vida colectiva se expongan, de nuevo, a ser declarados enemigos del pueblo.

Mientras este debate se entrelaza con nuestro cansancio cotidiano, no estará mal repasar lo que Ibsen teatralizó, en 1882, en Un enemigo público. Aquel Dr. Stockmann había detectado que las muy rentables aguas del balneario del pueblo eran “peligrosísimas para la salud” y lo convertían en “sepulcro blanqueado”, un “crimen contra la sociedad”, pero el alcalde, ante el inconveniente de que habría que tardar dos años en hacer un saneamiento adecuado y caro, dictaminó que “el bienestar público requiere que no se sepa”. En la obra de Ibsen, hacer lo debido era “imprudente” y “comprometía” el bienestar del pueblo, al ser los baños “el único porvenir” de aquella ciudad: el pueblo “está mejor servido con las buenas ideas viejas que le son familiares ya”. En nuestras vidas, entre abril y junio veremos qué depara esta variable de la libertad, especialmente a las personas mayores que, en este momento, son casi la mitad de las fallecidas hasta ahora.

Salud y suerte: volvemos a empezar… @mundiario