El nou Govern es el único posible

Nou Govern de la Generalitat de Catalunya. / Mundiario
Nou Govern de la Generalitat de Catalunya. / Mundiario
Catalunya requiere de una gestión adecuada, de una gobernanza eficiente, si bien la cuestión catalana abarca muchos otros campos.
El nou Govern es el único posible

De acuerdo con el voto de la ciudadanía catalana del 14-F. El nou Govern es el único posible. El 14-F los votantes escogieron a 74 diputados indepes (33 ERC, 32 JuntsxCat-Junts y 9 CUP) a los que les otorgaron el 52% de los votos, por 61 unionistas (los 53 del 155 -PP, PSC, Cs y Vox- y los 8 Comuns, que vetaron al candidato Pere Aragonés -ERC- junto a Illa, Garriga, Carrizosa o Fernández). Catalunya requiere ahora de una gestión adecuada, de una gobernanza eficiente, si bien la cuestión catalana abarca muchos otros campos, que pasan por la europeización e internacionalización del conflicto, lo más próximo posible a una amnistía para las 3.000 personas condenadas e investigadas y un referéndum pactado.

Hasta el 21-M pasaron casi cien días sin acuerdo entre Junts y ERC, pese a la claridad del diktat ciudadano, que quería un gobierno independentista, en la práctica al 50% entre Junts y ERC, pues los votos emitidos no se pueden interpretar de otra forma.

En contra de lo que opinaron los media estatales-madrileños no planeaba solo la cuestión del reparto de las áreas de gobierno, sino la posición relativa del president Puigdemont y del Consell de la República, la estrategia a desarrollar frente a los Parlamentos estatal y europeo y la opción por la mesa de diálogo propuesta por ERC o por el enfrentamiento inteligente propuesto por Junts.

Fumata bianca

Nadie podrá negar que los partidos involucrados negociaron con seriedad, intensidad y dedicación, defendiendo cada cual su posición de parte, e intentando reconducir sus respectivas posiciones al mandato ciudadano que quería Govern independentista en pie de igualdad entre Junts y ERC. Alcanzado el acuerdo, sin embargo, parece vacía de contenido aquella teoría de algunos republicanos de que Junts debería dar sin contraprestación sus votos a favor de un gobierno, al parecer, de izquierdas.

Porque para construir República es necesario contar con toda la ciudadanía o, por lo menos, con la máxima gente posible. Ya que no se puede construir la República solo con la participación de las autodenominadas izquierdas, porque la República debe llevar la semilla de un sistema pluralista de juego de gobiernos y oposición. En este sentido, Junts sacrificó a lo largo de su proceso de creación algunas de las tácticas más gubernamentales para servir de encaje a sectores de la Catalunya transversal históricamente no interpelados de forma directa por CDC y PdeCat. Pero este acercamiento al talento del país (que permitió la incorporación a sus filas del destacado abogado, antiguo forista de la abogacía barcelonesa y catalana, Jaume Alonso-Cuevillas o del empresario y reciente president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell) precedió a la segunda etapa de este fichaje de talento, integrando en el Govern al nuevo conseller de Economía, Jaume Giró (director general hasta 2019 de la Fundación La Caixa d'Estalvis, socio fundador y de control de Caixabank, cesado por oponerse al traslado de su sede fuera del Principat), al epidemiólogo Josep Maria Argimón o a la nueva consellera de Acción Exterior, Victòria Alsina.

Dijo el preso político Jordi Sànchez, secretario general de Junts y máximo responsable de la negociación junto al nuevo president Pere Aragonès que el fichaje de Giró situaba a los soberanistas transversales al epicentro del mundo económico. A la vista de los primeros dados sobre la composición de su parte del Govern y de su Grupo Parlamentario podrían avanzar hacia el epicentro de muchos sectores de la ciudadanía catalana, siempre que crezcan de forma equilibrada, generosa e inteligente.

Mientras, ERC alcanzó una Presidencia jurídica y políticamente determinante, pese a estar sometida al régimen primus inter pares que la ciudadanía catalana escoge desde las elecciones del 21-D de 2017, las que convocó ilegal e ilegítimamente el Gobierno del Estado mediante el autogolpe del 155. Sin duda Pere Aragonès mostró, pese a su juventud, experiencia política y conocimiento de las Administraciones suficientes para coordinar una línea de común gobernanza que tiene en el cierre de la crisis sanitaria, en la reconstrucción económica y en las crisis ecológico-energética y social sus principales ejes de gobernanza.

Es preciso decir que el juego moroso del Madrid político y judicial y el arbitraje casero del Tribunal Constitucional deja al autogobierno catalán herramientas limitadas para enfrentarse a esos cuatro retos. Pero estas limitaciones no pueden hacer olvidar la importancia de una buena gobernanza, de una gestión eficiente y razonable, primero y, de poder ser, transformadora después. Porque es necesario recordar que son las PYMES y emprendedoras, las clases medias, las personas trabajadoras y las personas excluidas y en riesgo de exclusión las que primero sufren de la ineficiencia gestora.

Que el nou Govern administre y gestione correctamente es necesario para una buena gobernanza y para alcanzar la República. Pero no es suficiente.

El papel del president Puigdemont y del Consell per la República catalana

ERC reivindicó en este camino negociador que el Consell per la República catalana no debería "tutorizar", de forma alguna, al Govern y a su president. La propuesta tiene cierta fuerza tautológica, pese a que -incluso analizada desde fuera del territorio catalán- no deje de ser algo equívoca.

Claro es que la tarea del día a día en la gestión, en la gobernanza catalana, no puede ser tutorizada por nadie. Pero es preciso recordar que la legitimidad institucional y política que conciben las personas que están por la República se basa en el mandato del 1-O y en la legitimidad continuada del Govern y del Parlament ilegítimamente cesados por el 155 el 28-O de 2017. En este sentido, las elecciones del 21-D de 2017 eligieron un nuevo Parlament pese a que ningún President convocara legítimamente estas elecciones, como las recientes elecciones del 14-F de 2021 no fueron convocadas tampoco legítimamente, pues fueron anticipadas por el cese judicial -también ilegítimo- del president Torra.

He ahí que la legitimidad del actual Govern y Parlament esté muy vinculada a la legitimidad de las Instituciones arbitrariamente removidas en octubre de 2017. Legitimidad encarnada en el President Puigdemont y, de primeras, confiada en el Consell sin oposición de ERC ni de la CUP. Pero la cuestión no es solo de legitimidad de origen, sino de eficacia en el ejercicio. La República catalana necesita de la tarea que en Europa y en el mundo tienen desarrollado y desarrollan el President Puigdemont, los consellers y conselleres en el exilio, la representación en el Parlamento Europeo y el propio Consell per la República.

La estrategia del exilio y de la internacionalización jurídica y política del conflicto se ha mostrado muy adecuada para el mantenimiento en la agenda internacional y europea de la cuestión catalana y para identificar las brechas jurídicas y de actividad democrática del Estado español y exponérselas ante la opinión pública europea y mundial.

Para Catalunya ganar su República la buena gobernanza de la Generalitat es precisa, pero no es suficiente. Es necesaria la acción exterior, en el ámbito simbiótico y democrático, del president Puigdemont y de los otros actores depositarios de la legitimidad del 1-O.

¿Dos años de cheque blanco en Madrid?

Otro de los puntos importantes del pacto atendía a la priorización de la mesa negociadora Generalitat-Estado que proponía ERC vs el enfrentamiento inteligente que defendía Junts, constituido en un auténtico leitmotiv de campaña por su candidata y hoy presidenta del Parlament, Laura Borràs.

El acuerdo otorga un máximo de dos años para que la política de diálogo de su fruto, siempre en el horizonte de la amnistía y del referéndum pactado. Pasado este plazo se priorizaría el enfrentamiento pacífico e inteligente que nos descartaría las vías unilaterales.

El pacto alcanzado quizás era el único pacto posible a esta altura, pese a que el tiempo otorgado (dos años) parece largo de más en la actual conjetura del Estado y, señaladamente, de los partidos que integran su Gobierno. La resolución de la reciente crisis norteafricana y el paralización de los indultos a los presos políticos y de la rebaja penológica del delito de sedición en el Código Penal muestran que el cheque casi en blanco otorgado estos últimos meses por ERC y EH Bildu ni obtiene contrapartidas políticas ni incluso modifica los marcos mentales de las izquierdas españolas. El voto en contra de los comunes a la investidura del president Aragonès refleja la unidad de destino en lo universal de todos los unionistas.

Dos años de negociación vacías complementadas por un apoyo sin contraprestación al Gobierno del Estado en el Congreso parecen mucho tiempo. Los partidos del Govern, los otros partidos independentistas y las organizaciones de la sociedad civil deberían cumplir con su rol importante de análisis, pulo social, crítica constructiva y movilización social.

El papel de la sociedad civil

En este sentido, ANC y Òmnium son determinantes. El fin de la crisis sanitaria debería señalar también la época en la que el soberanismo catalán vuelva a demostrar su pacífica fuerza y razón en la calle. La sociedad civil deberá seguir construyendo su país, desde la defensa de sus intereses sectoriales, pero también desde la defensa del conjunto de la sociedad catalana.

He ahí la conquista para el empresariado pequeño y mediano de la Cambra de Barcelona por la candidatura de Joan Canadell o la disputa de la dirección del Colegio de Abogados de Barcelona por la candidatura anovadora de Gonçal Oliveros y Anna Boza frente a la candidatura continuista de Maria Eugènia Gay en las próximas elecciones de final de junio. Como muy bien definió el ex decano y diputado Jaume Alonso-Cuevillas la renovación es obligada para que el Colegio barcelonés vuelva a defender los intereses de la sociedad, de los pequeños y medianos Despachos jurídicos y de la ciudadanía, frente a una Junta de Gobierno actual defensora de los privilegios del Poder.

En las últimas horas la involución unionista sigue llenando las referidas y otras Instituciones de la sociedad civil catalana. El diario La Vanguardia finalizó la colaboración en sus páginas de Pilar Rahola, presente en ellas desde 2007.

El nuevo Govern, los partidos soberanistas, la ANC, Òmnium y las instituciones determinantes de la sociedad civil catalana tienen tarea suficiente por delante. Y van a necesitar la ayuda y comprensión de las personas y de los pueblos amigos. La supuesta equidistancia termina siendo incompatible con la ecuanimidad democrática propia del seny. @mundiario

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