No lo comparto

Cada vez son más las opiniones que se escuchan en los medios de comunicación poniendo en cuestión la labor del Gobierno en la crisis de la covid-19. La  crítica, que es necesaria en una democracia avanzada como es la española, sin embargo puede derivar en un progresivo estado de socavamiento de la legitimidad del Gobierno para la toma de decisiones, en un momento tan crucial como este, en el que la vida y la salud de muchas personas están en peligro.

Difícilmente se puede responder de manera eficaz a un desafío tan extraordinario como al que nos enfrentamos si la política pierde la perspectiva del interés general y  si parte de la ciudadanía deja de “creer” en las  instituciones y en sus representantes, hasta el punto de cuestionar sus decisiones y actuaciones, como posible paso previo a desobedecerlas. Y es que la legitimidad democrática se basa en eso: en una “creencia” (o confianza), no ciega, claro está, en que nuestros representantes, actuarán como deben hacerlo, conscientes de la alta responsabilidad que les corresponde.

Se ha criticado así que el Gobierno que se parapeta detrás de “la ciencia” para no asumir su responsabilidad política. No lo comparto.
Por eso, contribuir a  esa perdida de legitimidad, en estos momentos, más que un acto de ciudadanía responsable, constituye un ejemplo de irresponsabilidad política y social. Es precisamente en momentos, tan excepcionales, en los que necesitamos confiar más que nunca en nuestros gobernantes, aunque solo sea por una razón puramente pragmática: ¿tenemos alguna alternativa mejor? ¿Realmente hay alguien en su sano juicio que piense que lo mejor sería ignorar las órdenes o recomendaciones del Gobierno?

El Gobierno –no para de repetirlo– orienta sus decisiones a partir de las evidencias científicas que conoce y de las recomendaciones de los expertos. Se le ha criticado también que eso es parapetarse detrás de los científicos para no asumir su responsabilidad política. Tampoco lo comparto. Al Gobierno, como es natural, le corresponde asumir toda la responsabilidad política por  las decisiones que está adoptando y por  las actuaciones que está llevando a efecto, pero sería incomprensible que detrás de esas decisiones y actuaciones políticas y administrativas no hubiera una base científica, más aún cuando de lo que se trata es de luchar de la manera más eficaz posible contra una pandemia de origen viral.

Se dice con razón que no es este el momento de poner en cuestión y de exigir responsabilidades políticas y jurídicas al Gobierno, porque tiempo habrá de hacerlo. En efecto, ya llegará el tiempo parlamentario –y judicial– de depurar, en su caso, las responsabilidades que hayan podido existir en la gestión de esta maldita epidemia. Mientras tanto, seguiré apoyando al Gobierno y no compartiendo en absoluto la crítica constante que desde radios  y televisiones se está propagando. @mundiario