¿Por qué no aplicar el artículo 155 de la Constitución ante el desafío secesionista?
El artículo 155 es una previsión constitucional democráticamente impecable que prevé el procedimiento necesario para obligar a una comunidad autónoma a cumplir las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan ante una grave actuación contra el interés general del Estado.
El momento más temido ha llegado. No es el 1-O sino el Pleno del Parlament del próximo miércoles día 6. Pasado mañana se abre un conflicto con tres escenarios: el Parlament de Cataluña, La Moncloa y el Tribunal Supremo. Hasta donde se sabe el Parlament, previsiblmente, aprobará la Ley del Referendum a través de un reglamento suspendido por el Constitucional. De ser así, Puigdemont firmará de inmediato el decreto de convocatoria del 1-O. Por su parte, el Consejo de ministros y el Pleno del Constitucional se reunirán para suspender todas las decisiones tomadas durante la mañana por el Parlament de Cataluña.
Es posible, incluso, que en ese mismo Pleno se apruebe la Ley de Transitoriedad que, saltándose a la torera la Constitución y el Estado de derecho, prevé la situación jurídica de un eventual estado independiente catalán.
También parece claro que, en dichas circunstancias, el Govern catalán desobedezca los mandatos del Constitucional y continúe adelante con los preparativos del 1-O mientras el Presidente Rajoy mantiene que se trata de un farol.
En realidad, nadie sabe a ciencia cierta que es lo que puede pasar. Inhabilitaciones, desobediencias, urnas, censos, papeletas, colegios electorales, ley de seguridad nacional o artículo 155.
Llegado el caso y ante la presión de Ciudadanos y del Partido Socialista para que el gobierno no aplique el artículo 155 de la CE y la obvia necesidad de consenso en las medidas a tomar por parte de los constitucionalistas, Rajoy podría decantarse por aplicar la Ley de Seguridad Nacional, que a través de un real decreto le permitiría al gobierno adoptar medidas excepcionales para “garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales”. De hecho, a través de esta Ley el gobierno podría poner bajo su control a los Mossos.
Lo sorprendente de este asunto es que la propia Constitución Española prevé, a través de su artículo 155, lo que debería hacer el gobierno ante un desafío tan grave como el que plantea el govern catalán, pero este artículo ha sido demonizado, tergiversado y se ha interpretado por el independentismo como una suspensión de la autonomía, obviando cualquier otra interpretación posible de su texto.
Moncloa asegura que el 155 podría activarse en un plazo máximo de cinco días. Su aplicación sería, desde todo punto de vista, impecablemente democrática. El desmarque de Ciudadanos y PSOE no deja de ser una veleidad que no hace otra cosa que ponérselo fácil a los independentistas.
De momento asistimos, perplejos, a un desafío abierto y total; desconocido e inexplorado que nos sitúa ante un abismo peligrosísimo también por inédito. @EgeaPilar
