Consultar la opinión de la sociedad catalana, una necesidad urgente
La condición necesaria para encontrar lugares de encuentro entre las instituciones de Catalunya y del Estado sería establecer un diagnóstico común sobre lo que ha sucedido en los últimos años.
A estas alturas, cualquier persona que pretenda analizar con rigor la situación que se vive en Catalunya tiene que reconocer que ya no existe, en el seno de su cuerpo social, el amplio acuerdo que se registraba desde el posfranquismo sobre las fórmulas de relación con las demás naciones y comunidades que conforman el Estado español. Para comprender los factores causales de esta realidad es preciso proyectar la visión analítica al conjunto de la última década. El film del conflicto nacional catalán comenzó con la aprobación de la reforma del Estatut -y el posterior recurso presentado por el PP ante del TC- y aun no tiene una fecha concreta para su final. Hay políticos -singularmente del PP, C's y PSOE- y diversos opinadores que pretenden reducir el foco de la atención pública a determinados fotogramas recientes (aprobación de leyes de ruptura por el Parlament, convocatoria de un referéndum para el 1 de Octubre...), ignorando cómo y por qué se llegó ahí. Para esas personas, la simplificación está servida: nos encontramos ante una secuencia de actos ilegales -respecto del ordenamiento vigente en el Estado- que deben ser sometidos a la pertinente represión judicial. Y punto. Y cuando se alude al dato indiscutible de que en las últimas elecciones al Parlament el 47% de los votantes apoyaron a fuerzas independentistas (por no citar el 70% que desea la realización de una consulta sobre lo futuro político de esa nación), la respuesta se coloca en un terreno en el que se combina el surrealismo con la conspiranoia: si ocurre una cosa así es porque hubo una manipulación de las mentalidades a través del sistema educativo y de los medios de comunicación públicos y privados. Obviamente, esa explicación no opera cuando se trata de explicar, por ejemplo, la persistente hegemonía política que posee el PP de Galicia.
La condición necesaria para encontrar lugares de encuentro entre las instituciones de Catalunya y del Estado sería establecer un diagnóstico común sobre lo que ha sucedido en los últimos años. A partir de ese acuerdo mínimo podría comenzar el trabajo -complejo y sin garantías previas de éxito- para buscar fórmulas capaces de suscitar nuevos consensos políticos respecto de la relación de la sociedad catalana con el Estado español. Desde el año 2012, el gobierno de Mariano Rajoy despreció las posibilidades que se le ofrecieron desde otros sectores políticos:el pacto fiscal propuesto por el ex-president Artur Mas o determinadas reformas constitucionales que habrían posibilitado un nuevo estatus de la nación catalana en la arquitectura estatal. Todas fueron rechazadas desde la soberbia absolutista de la mayoría existente en el Congreso y con el arrogante pronóstico de que el proceso social y político que se vivía en Catalunya era un “soufflé” que no aguantaría el paso del tiempo.
Para hacer viable una salida a la situación totalmente bloqueada en la que se encuentra la relación entre las distintas instituciones implicadas resulta imprescindible conocer la voluntad de la sociedad catalana a través de una consulta específica. La negativa que vienen manteniendo el PP y C's no se compadece con la reclamación de elecciones anticipadas que vienen formulando destacados dirigentes de estos partidos (y también del PSC).Semejante propuesta supone un reconocimiento implícito de que es imprescindible saber el apoyo que tiene cada una de las opciones. Supongamos que Puigdemont convoca, en las próximas semanas, elecciones al Parlament: ¿qué dirían y qué harían Rajoy, Rivera y Sánchez si el resultado mantiene o incrementa la representación política de las fuerzas independentistas? ¿Se refugiarían, de nuevo, en la coartada de la legalidad constitucional?
Si quiere, Mariano Rajoy puede buscar el asesoramiento de su amigo Cameron o de las fuerzas homólogas actuantes en el Canadá. Dos ejemplos históricos recientes -Escocia y Quebec- de cómo es posible articular un referéndum que permita canalizar un conflicto nacional. Si hay voluntad, existen mecanismos democráticos que están aceptados en la comunidad internacional.
