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Navarra se suma al nuevo proceso de transferencias exigido por Cataluña y País Vasco

Mientras, las demás comunidades guardan silencio. Al igual que acontece con la financiación, las competencias forman parte sustantiva del modelo autonómico. Su titularidad puede deparar éxitos y fracasos, pero su omisión solo se traducirá en pérdida de oportunidades.
Navarra se suma al nuevo proceso de transferencias exigido por Cataluña y País Vasco
Guardia Civil: 60 años en la carretera. / DGT
Guardia Civil: 60 años en la carretera. / DGT

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José Luis Méndez Romeu

José Luis Méndez Romeu

El autor, JOSÉ LUIS MÉNDEZ ROMEU, es licenciado en Pedagogía y columnista de MUNDIARIO. Exdiputado y exportavoz parlamentario del PSdeG - PSOE, fue conselleiro del Gobierno de Galicia y secretario de Estado del Gobierno de España. @mundiario

El Gobierno estatal ha aceptado abrir negociaciones para la transferencia de la Guardia Civil de Tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. Termina así la resistencia a la modificación estructural de los cuerpos policiales, mantenida durante dos décadas por el Ministerio de Interior bajo la premisa de que la lucha antiterrorista no permitía cambios estructurales. Una excusa procedimental que fue tácitamente aceptada por las comunidades autónomas que, con distinto grado de profundidad, habían comenzado a explorar la creación de cuerpos policiales propios: Madrid, Valencia, Andalucía, Canarias, Navarra y también Galicia.

Básicamente existen dos modelos policiales autonómicos. El de sustitución de los cuerpos policiales estatales, Policía Nacional y Guardia Civil, aplicado en el País Vasco y en Cataluña, o el modelo de complementariedad, defendido por las demás comunidades citadas, a su vez con variantes. La diferencia estriba en la Seguridad Ciudadana. Los elevadísimos índices de seguridad, alcanzados en España respecto de Europa y en Galicia respecto de España, no hacen aconsejable, en términos de eficacia, la transferencia. Por el contrario sobre competencias como la ordenación del tráfico no hay motivos de eficiencia para oponerse al traspaso.

Galicia aprobó en 2007 la ley autonómica que definía su modelo. Los ministros de Interior de la época, Alonso y Rubalcaba, se opusieron a negociar las transferencias con el argumento ya citado. El objetivo de la ley gallega era la plena integración de la actual Unidad Adscrita de la Policía Nacional, 500 efectivos teóricos,  en un Cuerpo de Policía dependiente de la Xunta, que además asumiría las competencias en materia de tráfico y por tanto integraría a los efectivos de la correspondiente Agrupación de la Guardia Civil, en torno a 900 personas más las estructuras de mando. El nuevo Cuerpo tendría pues entre 1500 y 2000 efectivos, dependiendo del tipo de despliegue territorial por el que se opte.

La transferencia implicaría que los actuales guardias pudiesen optar por uno u otro de los cuerpos y que el Estado financiaría el coste actual del servicio que presta, incluyendo en el mismo todos los conceptos, personal, equipamiento, vehículos y armamento, inversiones, etc. Por otra parte la comunidad autónoma cuenta en la actualidad con un centro de formación específico, la AGASP, ubicado en A Estrada y con sedes policiales en las distintas ciudades gallegas. Además, siendo conscientes del elevado número de agentes de los cuerpos estatales que son de origen gallego, la Ley autonómica facilitaba su incorporación y carrera profesional en el nuevo Cuerpo.

Navarra abrirá un proceso al que pronto se sumarán algunas otras de las Comunidades citadas. Galicia no debería permanecer al margen por varias razones. Desde luego porque su carácter diferenciado de Comunidad histórica obliga a mantener el máximo grado posible de autonomía, sin olvidar que la competencia en materia policial ya figura en el actual Estatuto de Autonomía. En segundo lugar porque ha existido un consenso muy amplio en el Parlamento gallego sobre el modelo policial. Finalmente porque la transferencia de Tráfico permitiría a la Xunta desarrollar una política integral de seguridad viaria.

El Gobierno central ha abierto una nueva ronda de transferencias. Con Cataluña y el País Vasco porque son socios de gobierno y con Navarra porque así lo exige el Gobierno vasco. Sería un error para las demás Comunidades dejar pasar la oportunidad y favorecer un sistema dual de autonomías, unas pocas con muchas competencias y la mayoría con un paquete común. Es el sueño de los nacionalistas, la relación asimétrica, pero es también la pesadilla para quienes creen en un modelo igualitario. El Gobierno de Galicia es conservador y por tanto poco amigo del Gobierno estatal, pero en esta materia no caben colores políticos. Será necesario plantear con rigor la demanda propia y al tiempo sumar esfuerzos con otras comunidades con planteamientos similares, cualquiera que sea su color. Al igual que acontece con la financiación, las competencias forman parte sustantiva del modelo autonómico. Su titularidad puede deparar éxitos y fracasos, pero su omisión sólo se traducirá en pérdida de oportunidades. @mundiario